Sábado, mayo 27, 2017

La estrategia jurídica que impidió la venta de ISAGEN

La estrategia jurídica que impidió la venta de ISAGEN

ISAPor: Andrés Felipe Pachón, Abogado Universidad Externado de Colombia

En días pasados, sorprendió el Gobierno Nacional con el primer reversazo del segundo tiempo, después de asegurar que ISAGEN sería vendida a como diera lugar para financiar la infraestructura 4G que tanto requiere Colombia,  Santos II prefirió eludir el debate que estaba citado en el congreso para discutir públicamente las implicaciones de dicho negocio, y ante las numerosas voces que se levantaron contra la enajenación de éste activo de importancia estratégica para la Nación, el presidente y el Ministro Cárdenas –como  dicen popularmente- se “echaron para atrás”.

El desenlace preliminar de esta historia (la venta tan solo fue suspendida por un año), se debió en parte a las acciones jurídicas desplegadas por el “Comité por la Defensa de ISAGEN”, compuesto por la organización Justicia Tributaria, SintraIsagen, y distintas personalidades, que con argumentos económicos, políticos y jurídicos cuestionaron seriamente la decisión unilateral del Gobierno, que como ya es costumbre, no consultaba ni el bienestar colectivo, ni los intereses nacionales. Las acciones jurídicas más importantes fueron las siguientes:

1. El Comité “NO a la venta de ISAGEN” interpuso una demanda de nulidad contra el Decreto 1609 de 2013, mediante el cual se aprobó la enajenación de la participación accionaria de la Nación en la electrificadora ISAGEN. El argumento central de la demanda señala que el Decreto que autorizó la venta desconoce el criterio de sostenibilidad fiscal (art 334 Constitución Política) y la regla fiscal que lo desarrolla (Ley 1473 de 2011). En efecto, dicho criterio, exigible a todos los poderes públicos, indica que las decisiones que puedan afectar las finanzas o el desenvolvimiento fiscal, deberán soportarse mediante estudios y evidencia que demuestre la conveniencia de las medidas que se esperan tomar.

En el caso de ISAGEN, que reporta utilidades del orden de 430.000 millones de pesos anuales (sin contar con la producción de Hidrosogamoso que incrementará la producción en 34%), la venta de la compañía afectaría las finanzas públicas pues dejaría de entrar un rubro considerable al erario público, lo que implica que dicha decisión debe estar sustentada en un marco fiscal de mediano plazo, y su venta debe estar respaldada en estudios que demuestre su conveniencia y oportunidad, en números, con cifras y datos concretos, más allá de las especulaciones y la demagogia del Gobierno, pues NO es cierto que las vías generen más rentabilidad que ISAGEN, y si así lo fuera, no es necesario vender activos que producen significativas utilidades directas para construir infraestructura, pues precisamente por eso su construcción se hace mediante APP, otorgando generosas dadivas a los concesionarios privados.

2. Ante la inminente venta de la compañía, sin que se hubieran resuelto las demandas contra el proceso de enajenación, el Comité solicitó Medidas Cautelares de Urgencia (art. 234 del C.P.A. y C.A.), para que se suspendiera el proceso de enajenación hasta tanto no se resolvieran los problemas jurídicos que presenta. La Sección Primera del Consejo de Estado concedió las medidas cautelares el día anterior a la presentación de las propuestas en sobre cerrado por parte de 8 emporios económicos interesados en el negocio. Sin esas Medidas Cautelares, hoy ISAGEN, patrimonio público estratégico para enfrentar la crisis de escasez energética que se presente a nivel mundial, estaría en los Bolsillos de alguna multinacional.

Todo lo anterior se surtió en medio de Acciones Complementarias, compuestas por solicitudes ante la Contraloría, la Procuraduría, tutelas demandando el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, debido a la demora en la decisión de las medidas cautelares, sin contar con los derechos de petición y las solicitudes respetuosas a distintas entidades del Gobierno pidiendo los inexistentes estudios que demostraran la conveniencia y las razones para insistir en la venta.

Pero este arsenal de acciones jurídicas no hubiera sido suficiente para detener el nuevo intento de privatizar la gallina de los huevos de oro de la energía. Fue la indignación de universitarios, profesionales, e importante sectores de la opinión pública la que finalmente acabó, o mejor, suspendió temporalmente, la intensión del Gobierno de Santos de entregar ISAGEN. Gracias a esa indignación, hoy podemos decir: ISAGEN NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

PD: Insistirán en su empeño de venderla, ahí estará el comité y los sectores democráticos del país para impedirlo.

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