Miércoles, marzo 29, 2017

El desequilibrio de poderes en la nueva mini-reforma a la justicia

El desequilibrio de poderes en la nueva mini-reforma a la justicia

caballo

A modo de caballo de Troya, ofrecido como tabla de salvación a una población colombiana dolida, indignada y afectada por los escándalos que casi a diario se presentan en el país, la lucha contra la corrupción, la cual cae como anillo al dedo frente al creciente desprestigio de la Rama Judicial, en especial debido al caso “FiduPretelt” en la Corte Constitucional, ahora es utilizada para maquillar la intentona reformista denominada al “Equilibrio de poderes”, que lejos de combatir el flagelo, agudizará los problemas de la Rama. En efecto, el proyecto que se discute en segunda vuelta en el Congreso, que es una mini-reforma política mezclada con una mini-reforma a la justicia, contiene elementos que merecen ser objeto de crítica, en especial por lo siguiente:

 

1. En nada soluciona los problemas de acceso a la administración de justicia para los ciudadanos, ni la congestión, por el contrario, constituye una reforma que concentra más atribuciones en el Ejecutivo y el Legislativo.

 

Respecto a la congestión judicial, el Consejo Superior de la Judicatura reportó que en 2008, ingresaron 2.087.300 nuevos expedientes a la justicia colombiana, registrando un incremento del 17% frente a los ingresos del año 2007. Cifras como éstas demuestran que la demanda de servicios de justicia supera a la oferta.

 

2. Es una propuesta inconsulta y unilateral que a duras penas se ha socializado previamente con la académica, los actores de la justicia y la ciudadanía en general.

 

3. Incorpora modificaciones a la estructura de la Rama Judicial que deberían tramitarse en un proyecto independiente, atendiendo complejidades y particularidades que requieren de una discusión profunda. Además, pretende cubrir la discusión de la justicia con la eliminación de la reelección, aspecto que se está llevando todo el protagonismo.

 

4. Plantea tres niveles de administración de la Rama: el Consejo de Gobierno, la Junta Directiva y el Gerente de la Rama Judicial. El segundo nivel es técnico y estará compuesto por administradores de empresas o profesionales afines, no obstante, se le asignan funciones trascendentales relacionadas con aspectos estrictamente judiciales y jurídicos, como establecer la base de los concursos para la carrera judicial, así como mecanismos de evaluación a la gestión y rendimiento de los despachos judiciales.

 

La reforma recoge en esencia lo que pretendía la fallida reforma a la justicia, entregarles la dirección del Gobierno Judicial a agentes que actúan como administradores. No se discute que la justicia debe ser eficiente, pero ello no quiere decir que debe funcionar como un banco o empresa privada.

 

5. No se supera el sistema de cooptación directa de la Altas Cortes, aspecto que limita la renovación en los órganos de cierre judicial y el acceso a funcionarios que se han destacado en la carrera. Si bien se habla de un concurso de méritos, éste se desarrollaría bajo los lineamientos del Consejo de Gobierno Judicial, conformado entre otros, por los Presidentes de las Altas Cortes, además, los Magistrados serían escogidos de listas de elegibles por los miembros de estas Corporaciones.

 

6. Nada se dice sobre la posibilidad de establecer un porcentaje mínimo fijo del presupuesto anual para la Rama judicial, pese a que es evidente que no es suficiente y, además, que su negociación anual con el Ejecutivo y Legislativo genera grandes dificultades para la consolidación de la independencia judicial. Al respecto, es importante destacar, que “algunos países disponen de un porcentaje fijo del presupuesto nacional o de los ingresos ordinarios que (en el caso de Costa rica), que en virtud de la Constitución o de una ley, se asignan como mínimo anualmente al Sector Justicia. Entre ellos se encuentran: Argentina (3,5 %), Costa Rica (6%), El Salvador (6%), Panamá (2%), Nicaragua (4%) Paraguay (3%), Puerto Rico (4%) y Venezuela (2%)”[1]

 

En conclusión, la propuesta de equilibrio de poderes, así se presente bajo el manto de la lucha contra la corrupción, no resuelve dicho flagelo ni los más graves problemas de la Justicia, politizará aún más la Rama y limitará más su independencia. Por lo anterior, los jueces, empleados judiciales, fiscales, defensores públicos, investigadores, abogados litigantes, usuarios, estudiantes, académicos del derecho y, en general, los colombianos, debemos oponernos a esta intentona reformista y promover un proyecto que realmente atienda las vicisitudes de la Rama y sirva para garantizar un mejor servicio de administración de justicia.

 

 

Juan Alejandro Suárez Salamanca

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, docente universitario, servidor de la Rama Judicial y miembro de CEDETRABAJO jurídico.

@JuanAlejandroSu

 



[1] Centro de Estudios de Justicia de las Américas -CEJA, Reporte sobre la Justicia en las Américas 2008-2009, Santiago, Chile. Consultado el 1 de octubre de 2014 a las 7:34 p. m. de: http://www.cejamericas.org/reporte/index.php?idioma=espanol

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