Domingo, mayo 28, 2017

REFORMA A LA JUSTICIA, EL ASALTO AL PODER JUDICIAL

REFORMA A LA JUSTICIA, EL ASALTO AL PODER JUDICIAL

jus222

La Reforma al Equilibrio de poderes fue presentada al país como un proyecto que introducía “ajustes” políticos, judiciales y en los organismos de control, para redistribuir el poder público. Sin embargo, los últimos debates han evidenciado las reales dimensiones del proyecto, que en el fondo consiste en una reforma a la justicia almibarada con la eliminación de la reelección, y que más que a la redistribución tiende a la concentración del poder en cabeza del presidente y al sometimiento de la justicia ante los dictados del ejecutivo y el congreso.

Es claro que la Rama Judicial requiere importantes ajustes, pero la citada Reforma no apunta a los problemas centrales del Poder judicial como son la congestión y la inexistencia de un presupuesto fijo que le permita atender la creciente demanda de Justicia que en los últimos 7 años se ha incrementado en 303%, mientras el aumento de personal no supera el 17% lo que genera lentitud. Basta señalar que un proceso en Colombia demora en promedio 1.288 días, mientras que el promedio en América Latina es de 734 y en los países OCDE de 529 (World Justice Project, 2014). La implementación de sistemas orales (Sistema Penal Acusatorio, CPACA, Código General del Proceso), si bien agiliza los procesos, demanda cuantiosos recursos en infraestructura y tecnología para su ejecución. Dichos aspectos ponen en evidencia la necesidad de destinar un presupuesto fijo del PIB a la Rama Judicial. En contraste al incremento de gastos, los recursos destinados al Sector Justicia para el 2015 corresponden al 1,63% del Presupuesto General de la Nación, solamente el 0,40% del PIB, situación que explica por qué la Rama presenta un déficit de 85% en inversión y 45% en funcionamiento (C. S. de la J., 2015).

Pero el “Equilibrio de Poderes” no solo no resuelve los problemas principales de la Justicia, sino que afecta pilares fundamentales de la democracia como la Independencia y la Autonomía del Poder Judicial, pues elimina el órgano de autogobierno de la Rama, e introduce una nueva arquitectura institucional frente a la que surgen varios cuestionamientos. La primera critica es acerca de la composición de la nueva Comisión Nacional de Gobierno de la Rama, la cual estará conformada por los presidentes de las altas Cortes, Corporaciones que eligen sus magistrados no por meritocracia sino por cooptación lo que genera círculos cerrados de poder que impiden el acceso de los más destacados, o como sucede con la Corte Constitucional cuyo magistrados son elegidos por el Congreso, origen político que carcome dicha corporación y causa primaria de la “partidocracia” que hoy campea en dichos tribunales. Magistrados y jueces cuentan con un solo representante, quien junto con el representante de los empleados entran en minoría frente a las altas magistraturas de origen político o marcados grupos de poder. Los referidos miembros escogerán a tres asesores técnicos externos y al Gerente de la Rama Judicial, nuevo cargo con Superpoderes que controlará las principales funciones de la Rama, y quien supervisará el funcionamiento de jueces y magistrados, se ocupará de la carrera judicial, la organización de todo el poder judicial, etc. Tal concentración del poder hace al gerente susceptible de captura por parte de los otros poderes públicos o agentes externos quienes con hacerse del Gerente tendrán a su disposición todo un poder público.

La nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, encargada de disciplinar a los funcionarios públicos, (Jueces, Fiscales, Empleados Judiciales) estará compuesta por 7 Magistrados de origen político, pues serán elegidos por el Congreso en Pleno, de listas enviadas por la Comisión de Gobierno de la Rama, sin que exista previo concurso de méritos, figura que en el séptimo debate fue desterrada de toda la reforma. Pero lo más grave: dicha Comisión no podrá atender acciones de tutela, lo que significa eliminar una de las vías para tramitar el amparo constitucional trasladando las más de 1,482 tutelas que recibía el Consejo Superior de la Judicatura al año, y las cerca de 3.500 tutelas que atendían los Consejos Seccionales (C. S. de la J., 2015), a otras jurisdicciones, aumentando la congestión e introduciendo el precedente de que es posible eliminar funciones jurisdiccionales de tutela. Por su parte, la autonomía judicial se ve seriamente afectada pues la Comisión de Gobierno de la Administración Judicial solo conserva la facultad de fijar las políticas generales de la administración de justicia, entregando facultades esenciales del autogobierno como la planificación, las competencias para organizar los despachos y las jurisdicciones, la implementación de la carrera administrativa y sus facultades reglamentarias, entendidas como la capacidad de autorregularse, competencias que son entregadas al Gerente quien una vez elegido podrá gobernar a sus anchas durante su periodo de cuatro años.

En conclusión, la Reforma al Equilibrio de Poderes lejos de realizar un ajuste en la distribución del “imperium”, acentúa el marcado hiperpresidencialismo enraizado en nuestro sistema constitucional, sometiendo el poder judicial a la influencia del Congreso y el Ejecutivo, y reproduciendo el mismo funcionamiento institucional que el Banco de la República, como lo señaló el Ministro de la Presidencia, situación que en lugar de solucionar los problemas de la Justicia los agrava. Así, de ser aprobada la Reforma al Equilibrio de Poderes la justicia seguirá sin presupuesto fijo, con déficit de Despachos y con la misma congestión judicial, solo que ahora, el Nuevo Gobierno de la Rama, funcionará como un Banco, cada año tendrá nuevos miembros y planes según los presidentes de turno de las Altas Cortes, dependerá de una sola persona, y lo más importante para el Gobierno, ya no atenderá tutelas.

Andrés Felipe Pachón Torres

@AndresPachon85

Cedetrabajo.org 

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