Miércoles, marzo 29, 2017

NUEVO ATAQUE A LA JUSTICIA, ACUERDO 10445

NUEVO ATAQUE A LA JUSTICIA, ACUERDO 10445

En su labor constante por cumplir al pie de la letra y a cabalidad las recomendaciones del Banco Mundial, la OCDE y las reclamaciones del sector financiero, el gobierno de Juan Manuel Santos y el Consejo Superior de la Judicatura ha expedido el Acuerdo 10445 de 2015 Por el cual se define la estructura de los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia, se establecen los mecanismos de coordinación, seguimiento y control y se reglamentan sus funciones”, motivo por el cual los funcionarios judiciales civiles y de familia, desde el día trece de enero se encuentran en asamblea permanente sin atención al público.

A7En todo país avanzado, la administración de justicia tiene dos pilares fundamentales; la materialización propia  de la justicia en los pleitos y la velocidad en los trámites.  El acuerdo 10445 es la continuación de la carta de reformas que el gobierno ha elaborado para sobreponer la celeridad sobre a la justicia, tomando como excusa la congestión (que es innegable) para atacar nuevamente la tutela, los derechos laborales de los trabajadores de la Rama Judicial y avanzar en el proceso de privatización de la justicia, lo que afectaría de manera profunda el acceso de los usuarios a este servicio público esencial.

Este acuerdo propone que la sustanciación de las acciones constitucionales mágicamente se convierta en una función administrativa, sustrayéndola del análisis de un juez, e imponiendo el modelo gerencial que sacrifica los derechos fundamentales en el altar de los números y las cifras. Los fallos de tutelas serán elaborados por “centros de servicios” que no están subordinados ni direccionados por el Juez sino por una nueva gerencia de la Rama Judicial que cumple funciones jurídicas disfrazadas de administrativas, es decir, el papel de los jueces de tutela se reducirá a firmar los proyectos que los  “centros de servicios” elaboren, sacrificando la justicia por “rapidez”, y los derechos ciudadanos por mejoras estadísticas.

A su vez, este acuerdo modificará sustancial y drásticamente a los despachos judiciales que conocemos, los cuales están compuestos en la mayoría de casos por siete funcionarios; un Juez, dos Oficiales Mayores (sustanciadores), un Secretario, dos escribientes y un notificador. Propone reducir la planta de personal del Juzgado a un Juez y dos sustanciadores, y a su vez que en los “centro de servicios” permanezcan los escribientes, secretarios y notificadores que cumplirán las labores de secretaría conjunta para varios juzgados, buscando reducir personal y despachos.

En conclusión el gobierno no tiene como objetivo garantiza una justicia apropiada y ágil, ni mucho menos responder a las necesidades actuales que son evidentes y se podría resolverían con un aumento del personal altamente cualificado que trabaja en la Rama; su propicito real es intentar una vez más implementar reformas nefastas que se han logrado frenar como la fallada reforma a la Justicia del año 2012,  o reformas que siguen siendo una preocupación como la Reforma de equilibrio de poderes promovida por la unidad nacional.

Son muchos más los atentados contra la Justicia que este Acuerdo representa, por eso desde el Centro de Estudios del Trabajo, CEDETRABAJO en su capítulo Jurídico, elevamos un llamado a todos los actores de la justicia a unificar esfuerzos para enfrentar este nuevo ataque de Juan Manuel Santos al derecho que tenemos todos los colombianos a una justicia pronta, efectiva y de calidad.

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