Para hacerlo, el Gobierno pide al Congreso un cheque en blanco de $635 billones, con más deuda y seguridad, pero pocas respuestas para la reactivación y el desarrollo productivo.
La visita de Marco Rubio a Colombia, Ecuador y Perú dejó claro que Estados Unidos está reorganizando su relación con Sudamérica alrededor de dos prioridades: seguridad y control de recursos estratégicos. En Barranquilla, el secretario de Estado y el gobierno de Abelardo de la Espriella acordaron profundizar la cooperación militar y firmaron memorandos de entendimiento sobre minerales críticos y energía nuclear civil. El acuerdo sobre minerales incluye minería, procesamiento, cartografía, financiamiento conjunto y diversificación de las cadenas de suministro. Washington define además la relación con Colombia como una pieza central de su cooperación económica y de seguridad hemisférica. (Cancillería)
De la Espriella explicó que el objetivo es “atraer inversión estadounidense hacia infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción”, mientras Colombia ofrece proyectos, recursos y mejores condiciones para el capital. Después de reunirse con Rubio afirmó que el país hará “lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión”, y pidió a Washington acompañamiento ante organismos multilaterales para financiarlo. (Presidencia de la República)
Es en ese contexto que debe leerse el Presupuesto General de la Nación de 2027. El PGN presentado por el nuevo Gobierno asciende a $634,9 billones, 14,2% más que el presupuesto vigente de 2026. Sin embargo, la inversión pública disminuye de $89,5 billones a $87 billones y buena parte del aumento se explica por el servicio de la deuda, que pasa de $100,45 billones a $155,4 billones, un salto de 54,7%. Los ingresos corrientes, por su parte, bajan de $322,8 billones a $299,1 billones, mientras los recursos de capital aumentan de $176,2 billones a $281,4 billones. El Congreso debe decidir antes del 15 de septiembre el monto definitivo.
El presupuesto es así el primer capítulo de una política centrada en el alineamiento estratégico con Estados Unidos, la búsqueda de recursos externos, facilitación de las condiciones para el saqueo de recursos energéticos y minerales, fortalecimiento de la seguridad y consolidación fiscal.
Colombia no tiene un Estado excepcionalmente grande
El gobierno de ADLE llegó con el discurso de reducir el Estado colombiano porque su tamaño es excesivo y su gasto, ineficiente. Los datos comparables no muestran que Colombia tenga un aparato estatal sobredimensionado.
En 2022, los ingresos del gobierno general representaban 27,9% del PIB, frente a 31,5% en promedio en América Latina y 39,7% en la OCDE. El empleo público equivalía apenas al 4% del empleo total, contra alrededor de 12% en América Latina y 21% en las economías de la OCDE. (OECD) El gasto del gobierno general alcanzaba 34,1% del PIB, mientras el promedio de la OCDE era 41,6%; en su estudio económico sobre Colombia, la propia organización concluye que el gasto colombiano es inferior al de la mayoría de sus miembros y que el país todavía necesita mayores inversiones en salud, pensiones, educación e infraestructura. (OECD)
También desde el recaudo tributario la diferencia es considerable. En 2024 Colombia recaudó impuestos equivalentes al 19,9% del PIB, mientras el promedio de la OCDE fue 34,1%. Colombia ocupó el puesto 37 entre sus 38 miembros. (OECD)
Esto no significa que no exista gasto ineficiente, burocracia innecesaria o corrupción. Significa que la explicación de la crisis fiscal no se debe a la existencia de un Estado demasiado grande. Colombia enfrenta necesidades crecientes con una capacidad fiscal relativamente pequeña y, sobre todo, con una economía que no genera suficiente riqueza para financiarlas.
Las prioridades del presupuesto
La distribución del presupuesto permite ver con mayor claridad hacia dónde comienza a moverse el nuevo gobierno. Uno de los mayores aumentos frente a 2026 está en Defensa, que recibe una adición cercana a $6 billones. Solo el Ministerio de Defensa tendrá $33,9 billones en 2027, incluyendo $5,68 billones de inversión. De estos, $5,44 billones aparecen bajo el programa de fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Militares en seguridad y defensa.
La coincidencia con la agenda anunciada pocos días después con Estados Unidos es evidente. De la Espriella presentó a Marco Rubio el Plan Patriota Siglo XXI, con el que pretende modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, inteligencia y ciberdefensa. El Presidente señaló que Colombia pondrá recursos propios y buscará apoyo e inversión estadounidense para desarrollar esas capacidades.
El sector de Minas y Energía pierde recursos en términos agregados, principalmente por la reducción de subsidios e inversión, pero el presupuesto conserva partidas explícitas para profundizar la actividad minero-energética. El Ministerio de Minas dispone de $5,26 billones de inversión, de los cuales $1,29 billones se destinan a gas, $3,75 billones a energía eléctrica, $66.623 millones a consolidación productiva de hidrocarburos y $65.328 millones a consolidación del sector minero. La Agencia Nacional de Hidrocarburos dispone, además, de $423.151 millones de inversión.
El contraste aparece al mirar las capacidades con las que Colombia podría transformar esos recursos en bienes de mayor valor agregado. Ciencia, tecnología e industria continúan siendo marginales frente al tamaño del presupuesto nacional. Minciencias recibe apenas $342.383 millones, de los cuales $310.608 millones corresponden a inversión. Son incluso menos que los $328.000 millones de inversión que tenía el sector en 2026 y muy lejos de los $555.349 millones que el propio Ministerio había identificado como necesarios para 2027.
Algo semejante ocurre con la política industrial. El sector Comercio, Industria y Turismo aumenta nominalmente de alrededor de $1,77 a $1,95 billones, pero su inversión cae de aproximadamente $335.000 millones a $320.000 millones. Además, la mayor parte de sus recursos está asociada al turismo, cerca de $804.000 millones corresponden a Fontur, mientras los recursos identificados directamente con política de industria, competitividad y productividad son mucho menores. Cultura también cae, el Ministerio pasa de aproximadamente $1 billón aprobado para 2026 a $706.196 millones en el proyecto de 2027, una reducción cercana al 29,5%.
El Gobierno habla de agroindustria, industria 4.0, tecnología y nuevas cadenas productivas, pero la transformación industrial y científica no recibe un esfuerzo presupuestal comparable con la nueva prioridad otorgada a la seguridad. Al mismo tiempo, minerales, hidrocarburos y energía son elevados a sectores estratégicos de la relación con Estados Unidos.
La crisis fiscal también es una crisis productiva
El Gobierno ha insistido en que el proyecto originalmente presentado por Petro ocultaba la verdadera situación fiscal. Había, efectivamente, problemas que debían corregirse, el proyecto anterior contemplaba un gasto primario aproximadamente $20,7 billones superior al techo del Plan Financiero e incorporaba cerca de $30,2 billones de ingresos condicionados a decisiones legislativas posteriores.
Pero la crisis fiscal colombiana no comenzó con Petro. Durante décadas los gobiernos han intentado cuadrar cada presupuesto sin modificar una estructura económica que progresivamente perdió capacidad industrial y productiva.
El caso de la industria es ilustrativo. De acuerdo con la serie del Banco Mundial, la manufactura representaba alrededor del 18% del PIB en 1990 y hoy ronda el 10%. (World Bank Open Data)
Una economía más especializada en productos primarios, con baja productividad, alta informalidad y menor capacidad para producir bienes complejos también tiene una base fiscal más estrecha. Por eso no basta con controlar el déficit.
Mientras el presupuesto total aumenta, la inversión disminuye. El ajuste puede mejorar determinados indicadores fiscales, pero si simultáneamente debilita la inversión productiva terminará reduciendo la capacidad futura para generar los ingresos con los que se pretende estabilizar las finanzas públicas.
El ajuste puede recaer sobre quienes tienen menos margen para soportarlo
El FMI ya había advertido en su consulta del Artículo IV de 2025 que Colombia necesitaría un esfuerzo considerable para regresar a la regla fiscal en 2028 y pidió medidas “decididas y creíbles” por los lados del ingreso y del gasto.
Lo importante es observar qué medidas ha puesto sobre la mesa. El personal técnico del Fondo estimó un posible ajuste de 3,2% del PIB entre 2026 y 2028. Lo que recomienda en concreto es reducir exenciones de IVA; eliminar subsidios a combustibles; disminuir la masa salarial pública; racionalizar transferencias; modificar los umbrales de aportes patronales al sistema de salud y mejorar la contratación pública. (eLibrary IMF)
Ese menú adquiere particular importancia con un gobierno que simultáneamente ha prometido reducir impuestos y favorecer la inversión privada. Si se alivian cargas al capital y a los mayores patrimonios mientras se amplía el IVA, se reducen subsidios o aumentan costos asociados a la formalización laboral, una parte desproporcionada de la consolidación terminará recayendo sobre trabajadores, clases medias, Mipymes y hogares populares.
Ese es precisamente el camino que debe evitarse. Colombia necesita una reforma tributaria estructural, pero progresiva y gradual. Una reforma que aumente ingresos permanentes sin descargar la crisis sobre el consumo popular ni sobre el aparato productivo; que revise privilegios y gastos tributarios injustificados, reduzca evasión y elusión y distribuya las cargas según la capacidad económica, algo que no sucede hoy.
Más deuda para pagar deuda
El servicio de la deuda aumenta 54,7%. Dentro de él, las amortizaciones pasan aproximadamente de $27,6 billones a $58,3 billones, mientras los intereses crecen de $68,8 billones a $94,4 billones. Paralelamente, los recursos provenientes del crédito interno y externo aumentan de manera considerable.
El tamaño de las apropiaciones es una señal política y financiera de que el nuevo Gobierno quiere demostrar a acreedores y calificadoras que Colombia mantendrá un compromiso férreo con el pago de sus obligaciones.
No es una señal irrelevante. S&P rebajó en abril de 2026 la calificación soberana de Colombia en moneda extranjera de BB a BB-, argumentando que esperaba déficits fiscales persistentemente elevados y mayores vulnerabilidades. (S&P Global) El propio FMI sostiene que una consolidación fiscal creíble puede reducir los diferenciales soberanos y los costos de financiamiento. (IMF)
El problema no es endeudarse. El problema es para qué se endeuda el país. Una deuda destinada a infraestructura, industria, ciencia, tecnología y proyectos que aumenten la productividad puede generar la riqueza con la que posteriormente será pagada. Otra cosa es incrementar persistentemente el crédito para refinanciar obligaciones anteriores, pagar intereses y sostener el gasto corriente para quedar bien con las calificadoras y Estados Unidos. Allí aparece un círculo en el que una proporción creciente del presupuesto se dedica a pagar deuda mientras el margen para transformar la economía se reduce.
