Nuevo trabajo que publicará la Contraloría muestra escasos avances en regiones que reciben recursos.

Portafolio. Nuevo trabajo que publicará la Contraloría muestra escasos avances en regiones que reciben recursos.

Las dificultades sociales que se padecen en zonas que reciben altos volúmenes de recursos del principal sector de inversión extranjera –el mineroenergético– hacen cuestionar sobre los beneficios de recibir esos flujos, de acuerdo con una investigación que avanza por encargo de la Contraloría General.

El trabajo es un segundo libro acerca de la ‘Minería en Colombia’, que publicará la Contraloría General de la República en las próximas semanas, luego del fuerte debate que encendió el primer libro, publicado a comienzos de año por el equipo dirigido por Luis Jorge Garay.

En el nuevo trabajo se dan ejemplos de fenómenos de pobreza, mortalidad infantil, desempleo justo en zonas que reciben alta inversión, e, incluso, pocas compras de las firmas inversionistas.

De tal manera, no toda la inversión que llega del exterior trae beneficios para la población, sostiene el investigador Guillermo Rudas.

Esa afirmación se confirma, precisamente, en los sectores que generan mayor inversión extranjera. Rudas recuerda que más de la mitad de la inversión proviene de la industria extractiva. “En los últimos cinco años –dice– han entrado al país más de 53.000 millones de dólares, de los cuales el 36% viene para inversiones en hidrocarburos y 21, para minería”.

Un par de muestras sobre la realidad en zonas con actividad de inversionistas foráneos está en los municipios del Cesar y La Guajira. “Llevan más de 20 años explotando carbón a gran escala, sin lograr mayores ventajas para su población”, advierte Rudas.

En La Guajira, en donde opera la mina de carbón a cielo abierto de El Cerrejón, “más del 80 por ciento de la población estaría catalogada como pobre, según el índice de pobreza multidimensional. Mientras que las autoridades nacionales establecen como meta que por cada 100 niños nacidos vivos no debería fallecer más de uno antes de cumplir su primer año, en estos mismos municipios esta tasa está más de tres veces por encima de la meta”, expresa el investigador.

En Córdoba, donde las personas deberían estar beneficiándose con la explotación de níquel durante tres décadas, el ingreso por habitante para este año no supera los 6,5 millones de pesos y la tasa de desempleo es muy superior al promedio nacional.

En generación de empleo, por ejemplo, de acuerdo con un documento del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (Cede), de la Universidad de los Andes, el sector minas y canteras aporta el uno por ciento del total nacional y el de bienes y servicios petroleros, solo el 0,92 por ciento.

Por el lado de las compras que hacen las grandes empresas inversionistas, el documento del Cede cita cifras según las cuales en El Cerrejón, durante el 2011, la división de compras gastó 2,5 billones de pesos en compra de bienes, y las que hizo en Colombia no sobrepasaron los 200.000 millones de pesos.

En general, para Rudas, hay municipios del país que, sin ser capitales departamentales, tienen un desarrollo relativamente mayor, pese a que no reciben regalías generadas por la minería. “Socioeconómicamente, los municipios mineros se acercan cada vez más a aquellos en donde predominan los cultivos ilícitos”.