En la actualidad de la economía colombiana ya no es extraño oír de un gremio que ha decidido entrar en paro, esto se debe a las pésimas condiciones en las que deben desarrollar su actividad, tanto así que los sectores económicos nacionales parecen estar sufriendo un efecto dominó, excepto el sector financiero que, entre otras cosas parece fortalecerse con el marchitamiento de los demás.
Las políticas y medidas económicas que ha venido implementando el gobierno colombiano en los últimos tiempos, vienen desencadenando una serie de inconformismos y fuertes problemáticas para los productores nacionales, quienes parecen haber sido olvidados por el Estado a la hora de tomar decisiones. En este contexto, el gobierno ha tomado una serie de decisiones que atentan y afectan negativamente en buena parte a los diferentes grupos de la población y del aparato productivo del país. Para llevar a cabo su propósito, se han realizado modificaciones al marco normativo e institucional, con el fin de justificar por distintas vías decisiones en asuntos políticos, sociales, económicos, ambientales y demás temas que son de interés nacional.
Dentro de los gremios afectados por dichas políticas están los pequeños y medianos mineros, los cuales han sido víctimas de una fuerte estigmatización y persecución por parte del gobierno nacional, el cual premeditadamente los muestra como la peste del país al tildarlos de ilegales, dicha situación, se ha dado entre otras cosas, por el hecho de no tener un título minero, título que el mismo gobierno no ha querido otorgarles ya que resultan siendo la piedra en el zapato para la expansión de las grandes transnacionales en territorio nacional, con lo cual se tiene que el proceso de formalización de dichos mineros ha permanecido en calzas prietas en todo su desarrollo.
La consecuencia de la negación de títulos y licencias para los mineros nacionales es que el Estado colombiano ha entregado la riqueza nacional a la gran minería trasnacional, terminando por favorecer los intereses del capital extranjero y perjudicando a los mineros nacionales, quienes en su mayoría practican minería artesanal y encuentran en dicha actividad el medio de subsistencia para ellos y sus familias.
Por parte del Estado colombiano, hay una firme decisión de apoyar y entregar a las transnacionales el desarrollo de actividades de exploración, explotación y extracción de recursos naturales en diferentes regiones del territorio, con su llamada locomotora minera, donde se evidencia la flexibilidad por parte del gobierno ante el impacto negativo que generan en otras actividades y sectores de producción, ante este panorama lo que no resulta muy claro, es la forma en la cual se dirige la locomotora, o por lo menos no se da a conocer de cara al país.
Como bien se dijo anteriormente hay toda una plataforma para perseguir y de paso acabar con la pequeña y mediana minería. Todo para dar paso al gran capital extranjero, con toda clase de beneficios, que poco empleo genera y muy pocas regalías distribuye entre las comunidades. Es tanta la brecha entre beneficios y obligaciones que parece existir una relación inversamente proporcional entre el desarrollo de las comunidades y las utilidades de las trasnacionales, ya que según el índice de condiciones de vida del Departamento Nacional de Planeación, no existe un municipio en Colombia donde se realice gran minería que tenga índices de Necesidades Básicas Insatisfechas menores al 40% de su población.
En cuanto al pretexto ambientalista que ha utilizado el Estado para sacar a los mineros de las regiones, objetando que destruyen el medio ambiente, es un argumento contradictorio, ya que la gran minería trasnacional que defiende y promueve el gobierno con intensión de mostrarla como la panacea, es totalmente lesiva con el medio ambiente y con más ímpetu la minería a cielo abierto. En este punto cabe mencionar, que si bien es cierto que la extracción de minerales genera contaminación es necesario velar porque se preserve al máximo el medio
ambiente al tiempo que se aprovechan los recursos naturales y sin lugar a dudas, la gran minería genera un impacto ambiental mucho mayor y más destructivo que la pequeña y mediana minería.
Así pues, son nuestros productores nacionales quienes encuentran en el cese de actividades su única forma de alzar una voz que exija el cumplimiento de sus derechos, y cuyo único objetivo al entrar en paro es que el gobierno les garantice un escenario político y económico donde puedan trabajar y llevar a cabo su actividad dignamente. Por estas y por diversas problemáticas más que se han desarrollado a causa de la gran minería, es nuestro deber como colombianos apoyar y defender el paro nacional que promueve la defensa de la pequeña y mediana minería.
Por: Yessica Palencia, Laura Rippe, Roberto Ariza y Jonny Ricaurte; estudiantes de Economía de la Universidad Central.m
