Introducción

El pasado 3 de agosto de 2017, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que “la confianza de los inversionistas se mantiene y vamos a preservarla”. Asimismo, ha querido insuflar el optimismo en la economía asegurando cosas como: “muchas veces esas oleadas de pesimismo solo debilitan esa confianza. Siempre hay problemas, pero aquí hay razones más que suficientes para ser optimistas en el futuro”, indicó.

En varias ocasiones al Gobierno Nacional le ha tocado modificar a la baja la meta de crecimiento para 2017; de 2,5% en enero, a 2,2% en junio y a 2% hace pocas semanas. Sin embargo, los más optimistas en el Banco de la República y otras instituciones creen que el país crecerá a una tasa inferior al 2% este año.

Asimismo, se ha comprobado que la reforma tributaria de 2016 fue una cortina de humo para aumentar el recaudo necesario para la burocracia en año preelectoral. La justificación más importante del gobierno fue seguir las instrucciones de Fitch Ratings y Standar & Poor´s para no perder el grado de inversión, sin embargo, estas agencias volvieron a hacer las mismas recomendaciones de un año atrás, amenazando con bajar la calificación al país, pero con 3 puntos más de IVA que están pagando la ciudadanía. El chantaje de la calificación se mantiene en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017, cuyo objetivo es “reafirmar la solidez de unas finanzas públicas que han tenido que enfrentar un choque considerable, probablemente el de mayor magnitud de las últimas ocho décadas” (MinHacienda, pág. 3).

No suficiente con la reforma tributaria, Fitch anuncia que dar cumplimiento a la regla fiscal en el año 2019, con un déficit de apenas 2,2%, “resulta ambicioso si no se realizan medidas adicionales en términos de ingresos tributarios, recortes de gasto y esfuerzos antievasión de impuestos que se generen como producto de ampliar la capacidad de la autoridad tributaria”, que supuestamente fue lo que se hizo con la reforma recientemente aprobada por el Congreso de la República. En este sentido, la calificadora Standard & Poor’s afirma: “la perspectiva negativa refleja el riesgo de que podríamos bajar nuestras calificaciones de Colombia si su balance externo o su carga de deuda fiscal no mejoran dentro de los próximos 18 meses”. Adicionalmente, el pasado 25 de mayo la OCDE presentó el nuevo estudio económico para Colombia con una serie de nuevas recomendaciones, que siguen en la línea de lo que ya le ha dicho este organismo al país:

• Recaudar más ingresos en el mediano plazo.

• Mantener el aumento en la inversión pública.

• Financiar más programas de infraestructura a escala regional.

• Implementar el programa de concesiones viales (4G) y garantizar que las asociaciones Público-Privadas continúen siendo sometidas a los análisis de costo-beneficio adecuados.

• Eliminar regulaciones sobre la propiedad pública y la integración vertical en el sector de la electricidad, la integración vertical y la estructura de mercado en el sector ferroviario.

• Reducir aún más los impuestos y contribuciones sobre salarios (costes laborales no salariales).

• Establecer un diálogo social para discutir una diferenciación del salario mínimo según la edad y la región.

• Es necesaria una reforma en profundidad del sistema pensional.

Documento completo:

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