El ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribió el 3 de diciembre de 1999 el Acuerdo extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, comprometiéndose a adelantar la descentralización fiscal bajo el supuesto de aumentar la eficiencia del gasto público. Entre las medidas contempladas figura un severo ajuste fiscal que implica la ampliación de la base tributaria, el fortalecimiento de la recaudación de impuestos, el freno al gasto público diferente al pago de intereses de la deuda, la descentralización fiscal, la modificación al régimen pensional y una fuerte reducción del gasto central, principalmente el destinado al sector social. Como resultado de este acuerdo con el FMI, el país tendrá que disminuir drásticamente las transferencias a las regiones, elevar los recaudos, recortar los gastos públicos y -sobre todo- descentralizar la responsabilidad de financiar el gasto social, la salud, la educación, la ciencia y la cultura. En este contexto se enmarcan las últimas determinaciones en materia de política educativa, las cuales están sintetizadas en el documento del ministerio de Hacienda «Nuevos rumbos para la descentralización», el cual recoge las ´recomendaciones´ de los organismos financieros internacionales. A continuación se analiza la expresión de dichas políticas en la educación pública superior y los efectos que acarreará para su supervivencia.

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