La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Gustavo Petro presenta como un mecanismo para superar los bloqueos institucionales, constitucionalistas y analistas advierten que no tiene bases jurídicas, genera incertidumbre y podría convertirse en un salto al vacío con graves riesgos para la estabilidad democrática.
Un gobierno que busca legitimar sus derrotas
El presidente Petro ha insistido en que las instituciones colombianas impiden avanzar en las reformas sociales que prometió a sus votantes. Argumenta que la Constituyente es la vía para garantizar derechos y enfrentar el cambio climático. No obstante, este discurso surge tras derrotas en el Congreso y en las Cortes, lo que para sus críticos refleja un intento de legitimar fracasos políticos a través de una estrategia radical.
Objetivos confusos y promesas contradictorias
El gobierno asegura que la Constituyente no busca la reelección presidencial. Petro ha enumerado temas como justicia, cambio climático y reformas sociales. Sin embargo, el gobierno no ha especificado en qué puntos se modificaría la Constitución.
En la campaña presidencial, el propio Petro sostuvo que la Carta del 91 le bastaba para transformar el país. Su viraje actual es interpretado como una contradicción que podría quedar en humo.
Vía sin sustento jurídico
Expertos como Rodrigo Uprimny y Hernando Gómez Buendía han desmontado la propuesta con argumentos sólidos. El artículo 376 de la Constitución es claro: solo el Congreso puede iniciar el proceso de convocatoria de una Constituyente mediante una ley que defina su competencia y composición.
La llamada “octava papeleta” carece de efectos jurídicos y la recolección de firmas no puede reemplazar al Congreso. Pretenderlo sería, según Uprimny, una “ruptura constitucional”. Gómez Buendía va más allá y tilda la idea de “disparate jurídico”, pues ni la Registraduría ni el Consejo Nacional Electoral podrían darle validez.
Estrategia política disfrazada de reforma
Más que una necesidad jurídica o social, la Constituyente aparece como un recurso político. Analistas como Carlos Arias la consideran una cortina de humo para tapar la falta de resultados. Para Gómez Buendía, es la forma de sembrar una bandera que otros recogerán en las elecciones de 2026, al tiempo que se mantiene movilizada a la base electoral con la promesa de un “pacto histórico”.
El énfasis en listas “pro constituyente” al Congreso de 2026 confirma que la apuesta real es electoral: asegurar poder legislativo incluso si la presidencia se pierde. Con ello, el oficialismo prepara un Plan B para sostener influencia en el próximo gobierno.
El debate constitucional en Colombia
La comparación con la “séptima papeleta” de 1990 no resulta válida. Aquella iniciativa surgió en medio de una crisis de violencia sin precedentes y fue avalada por una Corte Suprema que decidió saltarse la legalidad. Hoy, sin ese contexto excepcional, la apuesta del gobierno parece más un cálculo político que una urgencia nacional.
El resultado de insistir en esta vía puede ser contrario a los intereses del propio Petro. Las encuestas sugieren que la izquierda no tendría mayoría en una eventual Constituyente, lo que podría debilitar aún más al petrismo y fortalecer a la oposición. En palabras de críticos, sería un auténtico “disparo en el pie”.
