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La reforma tributaria aprobada en diciembre de 2012 ha dejado un sabor amargo para la mayoría de los colombianos, además de la certeza de que no simplificó el sistema como había asegurado el Gobierno. En cambio, lo hizo más complejo hasta el punto que han tenido que expedir numerosas aclaraciones que todavía no culminan. Como resultado de esta mala reforma, durante los primeros seis meses del presente año el recaudo se rezagó en 3.3 billones de pesos, con respecto de la meta del gobierno[1].

Analizando el recaudo de manera desagregada, es evidente que las advertencias realizadas desde la Red por la Justicia Tributaria en Colombia no eran infundadas. La Reforma Tributaria del Presidente Santos cargó más impuestos a las clases medias y otorgó más beneficios a los grandes capitales del país, siguiendo la misma línea de gobiernos anteriores. En este sentido, los teóricos pro-mercado y a favor de un Estado mínimo y de la desregulación, propenden por impuestos “no distorsionantes”, que son aquellos que no gravan el ingreso o las rentas, sino el consumo (indirectos). Esto ha contribuido a profundizar la desigualdad en la distribución del ingreso.

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