domingo, diciembre 8, 2019

“Divide y comprarás”: Oxfam

“Divide y comprarás”: Oxfam

Distribucion_Tierras_Oxfam_ColombiaInvestigación detalla cómo actuó en el Vichada la mayor comercializadora de materias primas del mundo— la cual a través de 36 SAS adquirió 52.576 hectáreas— que habían sido baldías.

Entre 2010 y 2012, la multinacional Cargill, hoy la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo, adquirió 39 predios en el Vichada a través de 36 sociedades distintas y acumuló una extensión de 52.576 hectáreas. Esta compra masiva de predios, en un país en el que no existen restricciones generales a la cantidad de tierra que puede poseer una persona, sería un negocio normal si no fuera porque las tierras adquiridas desconocieron la prohibición de concentrar en un solo propietario Unidades Agrícolas Familiares (UAF).

Esta conclusión hace parte de una investigación de la organización inglesa Oxfam, que desarrolla labores en 94 países para aportar fórmulas de superación de la pobreza. La metodología de trabajo incluyó identificación en terreno de los predios adquiridos, revisión y análisis de documentos públicos y examen de certificados de tradición y libertad o de existencia y representación legal. La conclusión es que a pesar de que la ley 160 de 1994 fijó un límite máximo de concentración de las UAF, Cargill superó 30 veces dicho límite.

El documento, conocido por El Espectador, señala que a partir de 2004 Cargill estableció varias empresas subsidiarias en Colombia, aunque todas ellas integraron la misma cúspide empresarial. Desde ese momento, mediante la constitución de sociedades por acciones simplificadas (SAS), se crearon 36 firmas más, que fueron utilizadas para comprar, uno por uno, 39 predios en los municipios de Santa Rosalía, Cumaribo y La Primavera, hasta acumular una extensión equivalente a seis veces la isla de Manhattan.

Según la organización británica, el grupo empresarial Cargill realizó una inversión superior a los $73.000 millones o US$38,5 millones. Todos los predios adquiridos habían sido adjudicados antes a beneficiarios de reformas agrarias, es decir, tenían antecedente de baldíos. La estrategia de las SAS, la misma del caso Riopaila-Castilla, dejó otras evidencias de su acumulación: el mismo domicilio en Bogotá, idénticos representantes legales o revisores fiscales, miembros repetidos en juntas directivas y la misma actividad: cultivo de cereales.

La investigación señala que, según datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de los sucesivos negocios se produjo un enorme incremento en los precios de venta. Es decir, que las SAS de Cargill compraron a valores que oscilaron entre $370 mil y $3,7 millones por hectárea, y el costo de los terrenos se multiplicó casi 33 veces. En algunos casos el incremento fue enorme. Por ejemplo, por el predio Los Alpes, de 3.000 hectáreas, comprado por $50 millones en 2008, se terminaron pagando $7 mil millones —140 veces más—.

El trabajo realizado en terreno le permitió a Oxfam establecer que la población del Vichada nunca supo que era Cargill. Quien compró los terrenos fue su empresa subsidiaria Colombia Agro, y lo hicieron ejecutivos de nacionalidad argentina o brasileña. Hoy se sabe que los nuevos dueños poseen maquinaria agrícola sofisticada, utilizan semillas genéticamente modificadas y aplican fumigación aérea. Aunque se desconoce el destino final de la producción, se conoce que el grano se transporta desde silos locales hasta Villavicencio.

La organización Oxfam manifestó que si bien corresponde a las autoridades determinar si se violó la legislación colombiana, lo que sí resulta claro es que el Estado “falló en su deber de preservar la función social y ambiental de las tierras que habían sido distribuidas mediante la reforma agraria”. En tal sentido, expresó que, de demostrarse que hubo un proceso irregular de titulación de tierras, “el Incoder, la Superintendencia de Notariado y Registro y los operadores judiciales deben actuar para revertir las irregularidades y devolver a esas tierras su función legítima”.

Según el informe de investigación de Oxfam, la resolución de este y otros casos similares es importante para la discusión del tema agrario en Colombia, no sólo porque se trata de uno de los puntos cruciales de las conversaciones de paz que hoy se adelantan con las Farc en La Habana (Cuba), sino porque corresponde a la economía de la altillanura, calificada como “la última frontera agrícola nacional”. Además, porque hace parte de un debate necesario para un país que muestra dramáticos índices de concentración de la propiedad, el segundo más alto de América Latina.

El Espectador.

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