viernes, noviembre 16, 2018

Extractivismo, derechos y tributación: cooptación del Estado colombiano Un caso de estudio

Extractivismo, derechos y tributación: cooptación del Estado colombiano Un caso de estudio

Resumen

Poderosos grupos fácticos de la economía han capturado/cooptado al Estado colombiano y en consecuencia, el fin esencial de este último se ha orientado a la defensa de un modelo eminentemente empresarial y de intereses particulares. Con ello, se han ido socavando principios y mandatos de la Constitución Política de Colombia, entre ellos, la prevalencia del interés general, el deber del Estado de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y los principios básicos de la tributación. La suplantación de los intereses más altos de la sociedad por intereses privados y egoístas (des) orientaron el papel del Estado, especialmente tras la aprobación de la Carta Política en 1991 y llevaron a que la defensa del libre mercado, el exceso de garantías proempresariales, la seguridad inversionista y la maximización del lucro se convirtieran en el motor de la economía. En consecuencia, en Colombia, la ciudadanía está marginada de las decisiones públicas y de la riqueza, participa como proveedora de mano de obra, es contribuyente de un inequitativo sistema tributario y usuaria o cliente esclavizada de los sistemas financiero, de educación, salud y pensión, entre otros, y asiste a un modelo económico en el que la codicia, el enriquecimiento contractual público-privado, la competencia desleal, la cartelización y conformación de oligopolios están al orden del día. Los grupos fácticos de los sectores financiero, de minas e hidrocarburos y manufacturero lograron capturar el Estado con mucho éxito y ponerlo al servicio de sus intereses. Una clara demostración de la captura de los órganos regulatorios y de cargos decisorios en los más altos niveles de los poderes públicos la brinda el análisis de la trazabilidad de sus propuestas, de sus exigencias en el tiempo y de su incorporación en las políticas públicas. Las entidades y empresas que explotan los recursos naturales no renovables, propiedad del Estado, han logrado, con la aquiescencia de diversas autoridades, conformar un privilegiado marco normativo. Su reducido aporte al fisco nacional por concepto del impuesto de renta, además de explicar el déficit fiscal recurrente, la desinversión social y conflictividad territorial, cuestiona gravemente los principios de la tributación y la decisión del Estado de condicionar el presente y futuro de la economía y la sociedad a la naturaleza de un sector que, además de cíclico, no aporta sostenibilidad en ninguna de sus facetas.

 

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