Iván Adolfo Ríos Usuga
Investigador CEDETRABAJO-Antioquia
Corría el siglo II mientras que en Roma se producía la contienda entre los legionarios del poder imperial al mando de Julio César, frente al ejercito de la República con Pompeyo el Grande a la cabeza. Con la derrota de la facción tradicionalista liderada por Pompeyo y el ascenso definitivo de César al poder absoluto como dictador en aquel conflicto militar librado entre el 49 a.C. y el 45 a.C conocido como la Batalla de Farsalia. Tras el triunfo, el César tuvo que enfrentarse a una Roma dividida y exhausta por la guerra civil, con las arcas del Estado casi vacías, los precios desplomándose, falta de liquidez y los acreedores exigiendo el pago de las deudas. Como consecuencia, el poder imperial traía consigo la decadencia cultural, social, política y, sobre todo, económica. Esta última motivada, principalmente, por la desaparición de las pequeñas y medianas propiedades, que fueron sustituidas por los latifundios esclavistas.
Para paliar la situación, el César implantó una serie de medidas con el propósito de brindar alternativas para el pago de sus deudas a los ciudadanos mientras que, dotaba de herramientas a los acreedores para perseguirlos y envilecerlos. Estas fueron conocidas como datio in solutum: bienes y propiedades en dación de pago al acreedor con el fin de liquidar la deuda; cessio bonorum: cesión de propiedades y bienes a favor del acreedor; y por último, venditio bonorum: que consistiría en la confiscación y subasta pública de todos los bienes del deudor en un único lote al mejor postor.
Desde entonces, estas medidas han sido implementadas a los sistemas tributarios de todos los países basándose en el principio de seguridad, libertad y bienestar a cambio de tributo.
En Colombia la estructura fiscal mantuvo la base fundamental de la fuente de recursos desde la colonia, que consistía en impuestos directos a la población y el establecimiento de monopolios a la producción y comercio de materias primas destinados al comercio exterior.
El sistema tributario se mantuvo entonces hasta 1821 cuando el señor José María Castillo y Rada suprime la alcabala, los monopolios y los tributos personales, así como los gravámenes al comercio interior, proponiendo, además, una tarifa sobre los ingresos producidos por la tierra y el capital del 10% y del 3% sobre los ingresos personales. Sin embargo, tales iniciativas fueron contenidas por los padres de la patria, en un principio, con el ánimo de no generar convulsiones y disidencias que agudizaran las luchas políticas que caracterizaron el siglo XIX que no desencadenaran en el desgobierno, posición en la que coincidieron los fundadores de la patria.
De manera que las expectativas por nuevos recursos al Estado tuvieron que esperar hasta la segunda década del siglo XX, momento en el cual las dificultades para el comercio exterior, la paralización productiva a nivel mundial y la pandemia fiscal a la que se enfrentaban los países del mundo tras la Primera Guerra que se introdujeron las iniciativas liberales de las tarifas progresivas sobre la renta, así como el fortalecimiento de los impuestos directos como bandera de los conservadores; medidas inspiradas por los trabajos de la Misión Kemmerer, Esta última consistía en una comisión de técnicos financieros para asesorar al país en materia fiscal y monetaria, tras la crisis durante la segunda década del siglo XX, que obligó la salida de Marco Fidel Suarez por los préstamos que había adquirido con la banca internacional. Aunque en un principio tenía un carácter consultivo, sus consejos terminaron acondicionando el sistema económico del país a los principios de las instituciones norteamericanas, y sus medidas convirtiéndose en leyes de la república[1]. Además de organizarse el banco central emisor, se consolida el sistema del crédito, se reguló la captación de rentas basadas, inicialmente, en el principio de que las rentas deben tributar más que el trabajo. Sin embargo, en la práctica se mantuvieron los impuestos indirectos en todas las medidas de ajuste fiscal durante el siglo XX, dado que permitía fortalecer el gobierno central, aunque transfería a otras personas los efectos del tráfico económico privado.
Desde entonces la política en materia tributaria ha tenido propósito principal dotar de facultades especiales a los gobiernos de turno para centralizar la captación de recursos, comprende cambios normativos estructurales en los principales impuestos que exigieron modificaciones muy significativas en los procedimientos y, por ende, adecuaciones tanto de los contribuyentes y las empresas, como de la administración tributaria para conjurar los desajustes internos provocados por la dinámica comercial y monetaria internacional.
En este sentido, los estudios adelantados por misiones de expertos extranjeros, así como los acuerdos de cooperación y tratados comerciales han sido determinantes para los procesos políticos para adoptar las reformas tributarias, en su mayoría en condiciones de emergencia económica. Sin embargo, se han caracterizado por un indudable aumento en el recaudo, han tenido efectos adversos en las condiciones económicas per cápita de la población. Entre las misiones más destacadas en los últimos cincuenta años, que ayudaron a orientar las políticas públicas, incluyen la del Banco Mundial de 1950, encabezada por Lauchlin Currie, la misión Taylor de la OEA sobre materias fiscales, la misión tributaria de Musgrave convocada por la Administración Lleras Restrepo, cuyas recomendaciones centrales fueron adoptadas en la Administración López Michelsen y la misión dirigida por Dudley Seers, cuyos resultados se sintetizaron en el libro ‘Hacia el Pleno Empleo’. En la Administración Turbay Ayala se organizó la misión de finanzas intergubernamentales, orientada por Richard Bird. Todas orientadas a solventar la inversión pública y el gasto social mediante el estímulo a la inversión privada.
En cuanto a la composición nacional de los ingresos tributarios, el impuesto al valor agregado IVA, vigente desde 1975, comienza a tener mayor presencia en la dinámica económica interna desde 1995, momento en el cual los impuestos indirectos comienzan a tener mayor participación en los recaudos fiscales del país.
Para los años noventa, con el más fervoroso discurso se nos difundió hasta la saciedad que el país debía integrarse a la nueva receta que nos conduciría a la modernidad. La globalización debía ser un asunto de todos, y que debíamos acoplarnos a los instrumentos que universalizarían la producción, los recursos, la economía. Con la premisa del Estado hasta donde sea posible y el mercado hasta donde fuera necesario pondrían el mundo a nuestros pies. Todo el modelo aplicado desde 1990 hasta hoy ha sido regresivo, y con evidentes consecuencias que han hecho nefasta y envilecedora la vida para los colombianos
Con lo que todos los presidentes, congraciados con Estados Unidos, han sido los verdugos del país. Con el agravante de que ninguno se ha pensado un proyecto político que conduzca hacia el desarrollo y la transformación de Colombia. De manera que ninguno podrá, ni siquiera, arrogarse un lugar decoroso en la historia patria.
Juan Manuel Santos tiene el lastre de haber sido el más connotado ministro miembro de todos los gobiernos desde que entró en marcha el proyecto de la Apertura Económica. Por lo tanto, no merece otro marbete que el de cómplice de la debacle social del país. Esto sin perder de vista que su antecesor fue el más recalcitrante en la aplicación de las más oprobiosas iniciativas en materia económica, de la historia reciente.
La ley de salud, las leyes y decretos en materia laboral, los Tratados de Libre Comercio, las privatizaciones, así como la aplicación de medidas de desfinanciación progresiva en educación, servicios públicos, infraestructura e inversión pública han sido más agresivas en los últimos doce años, las cuales se han convertido en los hitos del desastre material que ha sumido al conjunto de los compatriotas. Mientras que las multinacionales, los concesionarios, los inversionistas a gran escala han resultado ser los más aventajados ganadores. Junto con un puñado de intermediarios coterráneos- quienes son colombianos porque no pudieron ser otra cosa- se lucran de los recursos, y de toda nuestra capacidad de generación de riqueza.
Las medidas tributarias las toman los imperios, imponiendo a sus ciudadanos austeridad y sin prosperidad a la vista, mientras que ninguno de los colombianos podrá decir nada distinto a que su acceso a salud, su estabilidad laboral, sus posibilidades en materia educativa, vivienda, los servicios públicos los ha perdido o al menos, desmejorado notablemente. Y en eso seremos todos iguales
[1] SANTOS Molano, Enrique, La Misión Kemmerer (Bogotá: 2005) http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2005/mision.htm
