Enrique Daza G, Director de Cedetrabajo y Deslinde
El 10 de septiembre en una Asamblea Extraordinaria de Autoridades Indígenas, convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se propuso una “Minga Social Indígena y Popular – por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía” que se está realizando a partir del 14 de octubre. Aunque los movimientos indígenas apoyaron las recientes movilizaciones agropecuarias de agosto y septiembre, no tuvieron en ellas una participación diferenciada y específica, con sus reivindicaciones, principalmente la defensa de sus territorios, el respeto a sus tradiciones y cultura, y la resistencia contra los estragos causados por la gran minería, como es el caso de los Zenúes frente a Cerromatoso.
Además de solidarizarse con las movilizaciones de estudiantes, paperos, paneleros, camioneros, arroceros, mineros artesanales, maestros, sindicatos, campesinos y campesinas, los indígenas en su llamado a la Minga señalan: “El evidente fracaso del modelo económico, la invasión de proyectos minero-energéticos y megaproyectos en territorios indígenas, campesinos y de comunidades afrodescendientes, por parte de grandes intereses económicos nacionales y transnacionales, ponen en grave riesgo nuestra pervivencia y existencia”.
Especial preocupación han manifestado por la militarización y el fomento del paralelismo organizativo, las cooptaciones y estigmatizaciones. También han sido vanguardia en la denuncia contra los tratados de libre comercio y señalan que “El Gobierno Nacional desconoce los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas; ha incumplido los acuerdos regionales y nacionales, irrespeta el derecho al autogobierno y la autodeterminación que tenemos como Pueblos Originarios, lo cual incluye la implementación de los sistemas propios como los de educación (SEIP), salud (SISPI), (SGP) y otros”.
Este llamado convoca a 44 organizaciones indígenas que forman parte de la ONIC quienes invitan a dialogar con otros movimientos sociales y tienen previstas concentraciones de más de 100.000 indígenas en 29 sitios del país, las cuales seguramente se prolongarán por varios días, dada la indiferencia gubernamental con las peticiones sociales. Los indígenas anunciaron protestas pacíficas y exigieron que las Farc y el gobierno no se levanten de las negociaciones y rechazaron cualquier infiltración en sus comunidades de los actores armados ilegales, que han tenido como primeras víctimas del cruce de fuego a los habitantes de estas regiones apartadas. Como producto de las movilizaciones que se presentan en numerosos lugares del país los indígenas han puesto de relieve su lucha por el derecho a la consulta previa antes de un proyecto en su región; la propuesta de suspender títulos mineros en esas zonas; la defensa de derechos humanos en el marco del conflicto armado; el rechazo a la política económica y agraria; y la autonomía política, jurídica y administrativa.
