La respuesta de Cargill a la investigación de Oxfam sobre las compras de tierras en el Vichada en nada desvirtúa los cargos por la ilegalidad de esas adquisiciones, conceptuó el senador Jorge Enrique Robledo. Y sí reconoce, agregó, que las trasnacional violó la ley con fines de especulación inmobiliaria (hacerse a tierras baratas para revenderlas caras).

Al intentar ocultar que fraccionó las compras de las tierras campesinas para tapar la violación a la Ley 160 de 1994, que prohíbe acumular parcelas campesinas originadas en baldíos, Cargill confesó su negocio especulativo. En efecto, la trasnacional norteamericana explicó el haber fraccionado las compras utilizado 43 empresas para adquirir 62 mil hectáreas así: “es una forma estándar de hacer negocios en la industria de bienes raíces en todo el mundo, ya que proporciona la flexibilidad para vender parcelas más pequeñas en forma posterior” (resaltado aquí. Ver).

Aunque la anterior explicación no logra tapar la ilegalidad de las compras, sí sirve como confesión de la importancia que Cargill le concede a la especulación inmobiliaria y explica por qué la FAO ha explicado que el 80 por ciento de los proyectos de extranjerización de tierras van a la especulación y no a la producción agropecuaria, especulación que hace más difícil en la medida en que la tierra alcanza precios muy altos.

“Las explicaciones de Cargill confirman nuestras deducciones sobre lo que de verdad pretenden algunos en la Altillanura colombiana, donde la producción agropecuaria tropieza con obstáculos técnicos y de vías insalvables en el corto y mediano plazo –y aún en el largo-, pero sí se dan valorizaciones altísimas de la tierra, del orden del 3.900 por ciento en los últimos diez años, según la Sociedad de Agricultores de Colombia”, afirmó el senador Robledo.