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Cerro Matoso levanta sospechas

Dic 3, 2015

Por: Editor Cedetrabajo
Cerro Matoso, es una subsidiaria de BHP Billiton (South 32), la empresa minera más grande del planeta, que opera la única mina de níquel de Colombia. Así lo ha afirmado la Red por la Justicia Tributaria, basada en los Reportes Anuales de South 32 y en la información financiera de Cerro Matoso. Para la Red, […]

Cero

Cerro Matoso, es una subsidiaria de BHP Billiton (South 32), la empresa minera más grande del planeta, que opera la única mina de níquel de Colombia.

Así lo ha afirmado la Red por la Justicia Tributaria, basada en los Reportes Anuales de South 32 y en la información financiera de Cerro Matoso. Para la Red, es urgente que el Gobierno Nacional y los entes de control investiguen a fondo lo que está ocurriendo con la compañía, a la cual se le renovó el contrato de concesión hasta el año 2029 y que explota un patrimonio valioso de los colombianos.

Según Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red, “el análisis de las cifras de Cerro Matoso nos deja preocupados, porque hay evidencia fuerte de que estarían haciendo una presentación contable en la que se muestra una situación más crítica que la realidad, y de esta forma justificar el desconocimiento de los derechos sindicales y de los compromisos con la Nación”.

En efecto, la información financiera arroja un incremento desbordado de las deudas comerciales, que se ha triplicado. Los costos administrativos aumentaron 235% en el último año, los activos fijos se incrementaron 1266% y los dividendos repartidos en 120%. A pesar de que la empresa señala una situación crítica, su patrimonio ha aumentado 187% desde 2010 y la revalorización del patrimonio podría indicar que están contemplando una hipotética liquidación para lo cual están ajustando al alza los precios de los activos para beneficiar a los dueños de la empresa.

Para Valencia, “se debe decir claramente a los colombianos si South 32 está en capacidad de seguir operando la mina y la producción de ferroníquel en condiciones de beneficio para el país, de lo contrario el Gobierno debe pedir la cancelación de la concesión para salvaguardar el patrimonio nacional”.

Karen Andrea Reyes

Jefe de comunicaciones

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