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Quienes han venido dirigiendo los destinos de nuestro país se ufanan de expresar que la de Colombia, es la democracia más profunda de Latinoamérica. Exhiben como pruebas una Constitución; la separación de poderes; así como procesos de elección de unos cuantos funcionarios que representen a la población en instancias del Estado. Si bien es cierto que la Constitución contempla mecanismos de participación política, éstos contienen contradicciones en la forma de desarrollar dicha actuación, que incluso los convierten en “letra muerta”, tales como con el Estatuto de la Oposición o la Política de Concertación Laboral. Además, es cierto que dicha Constitución en temas de Derechos Fundamentales la rige el libre mercado con un carácter neoliberal.

El pasado nueve de diciembre, el Procurador General, Alejandro Ordóñez, informó sobre su fallo que destituye, en primera instancia, como alcalde de Bogotá a Gustavo Petro y lo inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos. Este es el segundo funcionario más importante del país. El tema, independientemente de que la gestión de Petro es muy controvertida, invita a revisar el peligro que conlleva para la sociedad el que la Constitución tenga concentrada facultades tan excesivas en un solo funcionario. Bástenos explicar que el Procurador es quien inicia la investigación, hace la apertura del expediente, formula el pliego de cargos, juzga las pruebas, falla en primera instancia y resuelve cualquier recurso interpuesto. De hecho, hay atropello al debido proceso, que es uno de los derechos más preciados universalmente.

Este mecanismo le permite al Procurador actuar con sesgos ideológicos, instrumentando una justicia selectiva, de lo que se acusa al señor Ordoñez, pues se ha denunciado que exonera a condenados por la Corte Suprema mientras enjuicia o destituye a funcionarios que no son de sus afectos políticos. Lo más grave es que el Procurador no tiene quien lo ronde, ya que al ser elegido por el Congreso, su juez es la inservible y politizada Comisión de Investigaciones de la Cámara y ni la Corte Suprema ni el Consejo de Estado tienen “dientes” para asumir esa tarea”, dicen los analistas. La Corte Constitucional le negó una tutela a la exsenadora Piedad Córdoba, con la que pretendía revocar su destitución dictada por el Procurador. La determinación, con base en el artículo 277 de la Constitución y las normas que lo desarrollan, dejó a esta entidad blindada con poderes omnímodos, que puede llegar a desequilibrar la correlación de fuerzas políticas, al quedar un funcionario administrativo con las atribuciones para destituir a personas elegidas por el voto del pueblo. El Procurador podría destituir a cualquier congresista que no haga parte de su ideario.

La destitución de Petro, en plena campaña electoral, se convirtió en una lucha de poderes, en la que llama la atención que le imploren al presidente Santos para que no acate el fallo del Procurador, así como la intervención de las Naciones Unidas que han dicho que “esas facultades son un atentado contra los Derechos Fundamentales” y las declaraciones del embajador de EEUU en Colombia –en proceso de ratificación-, Kevin Whitaker, quien expresó: “Si personas en Colombia concluyen, basados en esa decisión, o en otras, que este espacio no existe, entonces las condiciones básicas para la paz podrían erosionarse”. ¡Colombia: una democracia de papel!