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Colombia necesita una política alternativa a los TLC

Feb 2, 2022

En 2020 el país debió importar 14 millones de toneladas de alimentos que se podrían haber producido localmente. Esto muestra lo erradas que están las políticas agropecuarias basadas en la apertura de la economía nacional y en los tratados de libre comercio. Con este sistema Colombia se ha vuelto dependiente de la producción extranjera. Hoy debe importarse el 35% de lo requerido para cubrir la dieta básica alimentaria de los colombianos.

Seguimos empeñados en producir para la exportación los mismos productos agrícolas, cuyos precios se fijan en el mercado mundial. Esto mantiene a los productores nacionales en la inestabilidad derivada de la especulación, los bajos precios y las acciones de control de los mercados, que imponen las bolsas de valores y poderosas compañías multinacionales que controlan el mercado internacional. Por la desigual relación en los términos de intercambio, agricultores y ganaderos no tienen herramientas eficaces para alcanzar ingresos remunerativos y estables en esos mercados mundiales.

Café, palma de aceite, banano, flores, cacao y dos o tres productos más -que no son dieta básica- siguen siendo los productos de exportación del país. Treinta años de apertura comercial condujeron a que la mayoría de los cereales, las oleaginosas, algunas legumbres y otros bienes agrícolas, indispensables para cubrir la dieta básica, dejaron de sembrarse en Colombia.

La necesidad  de un cambio

Devolver el mercado interno a los productores agropecuarios colombianos y garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra nación debe ser el aspecto central de la política agraria. La despiadada competencia extranjera debilitó al sector agropecuario, redujo su participación en el PIB, en las áreas cultivadas, en el empleo y la generación de riqueza nacional.  Modificar esta situación requiere revisar y renegociar los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Es necesario propender por un desarrollo agrícola dual que combine, con gran armonía y protección estatal, el avance de la economía campesina, indígena, comunitaria y familiar y, también, la economía empresarial. La reducción progresiva de las importaciones de alimentos, medidas de protección que permitan entregar a los productores agropecuarios créditos de fomento, oportunos y con tasas de interés baratas, garantizar precios de sustentación, mecanismos adecuados de comercialización y almacenamiento y la implementación de programas para la transformación agro-industrial de sus productos, son alguna acciones que se requieren con urgencia.

Necesitamos control efectivo sobre monopolios u oligopolios que ejercen posición dominante frente a los productores agropecuarios. Estos últimos deben gozar de precios remunerativos y estables para sus productos. Las relaciones entre los diversos sectores que integran las cadenas productivas deben ser controladas y vigiladas por el gobierno, a fin de no golpear económicamente a ningún sector.

Deben construirse relaciones armónicas que permitan que cada sector en la cadena tenga una adecuada utilidad en su negocio. El Estado tiene que ser el garante de dicha condición básica para el desarrollo agrícola nacional y debe tener un control eficaz sobre los precios y la calidad de los insumos, máquinas y herramientas para el agro. Se deberá buscar precios diferenciados en la energía y demás combustibles y en el costo del agua para las actividades agropecuarias.

Reorganizar la producción

También se necesita promover diversas formas asociativas, empresas y cooperativas de productores para adelantar acciones propias de la producción agropecuaria. Del mismo modo, debemos esforzarnos para implementar una política de protección ambiental y de cuidado de páramos, humedales, quebradas, ojos de agua, ciénagas, ríos, bosques y demás bienes naturales.

Uno de los asuntos que se deberá atender es el relacionado con la distribución de las tierras de uso agrícola y pecuario, sobre la base de reconocer que es profundamente desigual la distribución de la misma. Para alcanzar un equilibrio y sobre la base del respeto a la propiedad privada, el país debe, como política pública esencial, acordar mecanismos que permitan, sin violentar a ningún sector, alcanzar en un periodo relativamente corto, que se cultiven los casi 15 millones de hectáreas aptas para la producción de alimentos y otros bienes agrícolas y se adecuen y se intensifique la modernización del sector pecuario, en sus diversos renglones, con el fin de lograr una mejor distribución de la tierra.

Nota original publicada en AMÉRICA LATINA MEJOR SIN TLC

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