Daniel Samper Pizano
“Todo indica que nuestro país es uno de los más vigilados por el Gran Hermano. ¿Qué sabe el Gobierno acerca de este ilegal abuso?”
El servicio de inteligencia alemán determinó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) grabó el móvil de Ángela Merkel. La Canciller llamó a Barack Obama y protestó indignada por tamaño abuso. La Casa Blanca solo pudo decir: “No espiamos ni espiaremos las comunicaciones de la Canciller”. Pero no negó que la hubieran espiado antes.
También Francia supo que Washington grabó 70 millones de llamadas y mensajes de funcionarios y empresas francesas en solo un mes. De nuevo, Obama tuvo que oír la enérgica queja del presidente Françoise Hollande. México protestó por la misma razón, y en agosto Dilma Rousseff canceló una visita a Estados Unidos al establecer que la NSA espiaba al Gobierno y a empresarios para obtener ventajas indebidas. Ahora surgen evidencias de que pinchó, además, a los jefes de la ONU, la Unión Europea, España y 35 líderes internacionales. ¿Y Colombia?
Todo indica que estamos en la mira del sistema PRISM, ese Gran Hermano que, según el libertario Edward Snowden, permite a Washington escudriñar ilegalmente millones de conversaciones y mensajes. Un reciente informe publicado por el proyecto independiente Archivos de Seguridad Nacional (NSArchive) señala que “Colombia es prioridad principal para Estados Unidos y allí se registra la mayor actividad de espionaje, seguida por México, Venezuela y Brasil”. Si solo cinco de los 35 líderes grabados son latinoamericanos –cosa probable– es seguro que el de Colombia está entre ellos. Otro papel secreto cuenta que en Bogotá los Estados Unidos operan una de sus cinco sedes subcontinentales para descodificar datos procedentes de “información interceptada por satélites”.
La prensa cita a Colombia entre las víctimas del espionaje de Washington. Pero, a diferencia de otros países, ignoramos la magnitud de la intolerable injerencia, ni qué ha dicho al respecto Estados Unidos. Consta en un tímido comunicado de Relaciones Exteriores que la Ministra rechazó en julio estas prácticas por violar los derechos ciudadanos y las leyes internacionales y requirió “una explicación del gobierno de Estados Unidos a través de su embajador en Colombia”.
Como la NSA viola por igual la intimidad de comunicaciones oficiales, datos mercantiles y teléfonos privados, a todos nos atañe el espionaje de Estados Unidos en nuestros aparatos electrónicos. Por eso me permito preguntar a la Cancillería: ¿Ha respondido a sus inquietudes el gobierno estadounidense? Si lo hizo, ¿manifestó acaso que no está grabando en el presente ni lo hará, pero calla respecto a actividades pasadas? ¿Qué grabó? ¿A quiénes grabó? ¿Cómo los grabó? ¿Jaqueando el celular del presidente Santos, como le pasó a Ángela Merkel, o lanzando las atarrayas electrónicas de captura sobre millones de llamadas? ¿Ha beneficiado negocios de empresas gringas con estos pinchazos ilegales?
No es nuevo que Washington nos vigile. En ciertas agencias de Estados Unidos aparecen múltiples casos de espionaje a Colombia. En tiempos de Carlos Lleras aparecieron micrófonos escondidos en Palacio. En tiempos de César Gaviria, los gringos “monitoreaban cuidadosamente las reuniones del Presidente y sus máximos asesores de seguridad”, según documentos a los que accedió NSArchive.
Además, el Tío Sam interviene de manera clandestina en cuestiones de seguridad nacional colombiana. Un archivo desclasificado en 1998 revela que en 1988 se reunieron en Costa Rica ‘Raúl Reyes’, comandante de las Farc, y un delegado del Departamento de Estado, Phillip Chicola. Washington buscaba un canal de comunicación propio con este grupo al que catalogaba de terrorista. ¿Se imaginan si a Santos le diera por establecer contactos secretos con Al Qaeda para velar por sus intereses?
Colombia debe ser mucho más agresiva en la investigación y condena de un espionaje inaceptable. No podemos seguir comportándonos como la colonia que somos.
(Con apoyo investigativo de Matilda Villarraga)