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Las altas tarifas de los servicios públicos domiciliarios están entre los factores que más afectan a la población, en particular desde que la Ley 142 de 1994 comenzó su privatización, exigiendo que fueran empresas rentables e iniciando un proceso no concluido, el cual ha significado aumentos tarifarios muy por encima de la inflación y la entrega de estas empresas –vitales para el desarrollo económico y social– a los inversionistas privados, especialmente extranjeros. La dolencia se multiplicará en el actual gobierno al mantenerse intacta esta política.

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