Por: Juan Pablo Ruiz Soto
Diversas acciones institucionales que deberían ser habituales nos sorprenden: la ministra del Medio Ambiente aplica la ley y suspende el cargue de carbón, y la contralora general de la Nación emplea parte de su presupuesto y contrata académicos importantes para que evalúen el impacto de la minería y nos señalen si sus acciones son de interés público y beneficio social. La situación es muy grave o algunos funcionarios y entidades públicas se están volviendo más responsables —quizás las dos cosas confluyen—, o la sociedad civil está presionando para lograr el cumplimiento de la ley —quizá las tres cosas se suceden simultáneamente—. Identificados los problemas, busquemos las soluciones.
El 16 de enero pasado la Contraloría presentó su libro Minería en Colombia. Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Según la contralora Morelli, es el segundo de una serie de cuatro que sobre el tema publicará la entidad. Este libro, además de generar controversia —como la generó el primero de la serie, titulado Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza—, llega en un momento muy oportuno, pues respalda la determinación de la Dra. Sarmiento, ministra del Medio Ambiente, quien, al suspender la actividad de cargue de la Drummond, tomó una determinación que quizá obligue a un cambio en el comportamiento de la gran minería en el país.
La nueva publicación trata temas como la paradoja entre minería y desarrollo, evidenciando que los municipios y comunidades donde se registra la mayor actividad extractiva por parte de la gran minería de carbón, níquel y oro, muestran muy malos indicadores de desarrollo local, en términos del índice multidimensional de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, salud, educación y vivienda. Concluye que estos municipios presentan índices de atraso con relación a otros no mineros, y similitudes respecto de indicadores de desempeño municipal con municipios con alto conflicto social, como los cocaleros. Algo malo está pasando y hay que corregirlo; la riqueza no puede generar pobreza y atraso.
Respecto al carbón, el documento señala que en diversas partes del mundo donde se ha hecho seguimiento a la relación entre minería de carbón y salud se han encontrado efectos negativos. En Colombia la investigación aún es muy incipiente y es urgente profundizar en este tema.
La Contraloría revisa aspectos económicos, ecológicos, sociales, culturales e institucionales, retomando en detalle los temas arriba mencionados y otros relacionados con la capacidad institucional para asegurar una minería de mínimo impacto ambiental y máximo beneficio social; minería y manejo del territorio, aspectos ambientales de la minería no legal y temas relacionados con pueblos indígenas y consulta previa.
Recomiendo la juiciosa lectura del documento que nos entrega la Contraloría. Una ciudadanía mejor informada contribuye a que la sociedad civil y los empleados públicos gestionemos un mejor país. La existencia de recursos naturales no renovables es una oportunidad, siempre y cuando su extracción signifique beneficios para las comunidades locales. La existencia de minerales no obliga a su extracción y, si ésta se da, debe contribuir de manera clara y evidente al desarrollo y al bienestar nacional y local.
El Espectador.
