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informalJUAN GOSSAÍN / El Tiempo

Jueces reciben pensiones hasta de $30 millones. De los jubilados anónimos no se acuerda nadie.

¿Quién ha dicho que una pensión es una limosna?

En una novela de García Márquez, verdadero canto de amor a la dignidad humana, hay un viejo coronel, que ni nombre tiene, al que se le va la vida parado en la barranca del río esperando que la próxima lancha le traiga la carta en que el Gobierno reconoce, por fin, su pensión de veterano. Mientras tanto, él y su mujer le echan piedras a la olla del almuerzo para hacerles creer a los vecinos que están cocinando.

Aquella historia se publicó hace más de cincuenta años y desde entonces la realidad de los pensionados colombianos es cada día peor. Ahora los jueces más encumbrados del país y miembros del Congreso Nacional reciben pensiones hasta de treinta millones de pesos mensuales. Y si por algún motivo les rebajan algo, entonces el propio Presidente de la República sale corriendo a hacerles un reajuste. Ya se conocen numerosos casos de magistrados que hicieron nombrar a sus allegados como auxiliares para que en pocos meses redondearan una pensión sustanciosa.

De las legiones de jubilados anónimos, en cambio, no se acuerda nadie, a menos que sea para burlarse de ellos, para negarles sus derechos o para alargarles el cuento esperando que se mueran en la inopia.

Tengo en mis manos un documento aterrador, que Borges hubiera podido incluir en su célebre Historia universal de la infamia. Sus párrafos están plagados de maldad y villanía. Producen indignación. Son un auténtico compendio de la perversidad humana.

Se trata de un informe de 16 páginas que la señora Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada para los asuntos relacionados con el trabajo y la seguridad social, le envía al magistrado Luis Ernesto Vargas, presidente de la Corte Constitucional. Es un resumen de las investigaciones que la procuradora Ojeda y su equipo han llevado a cabo sobre el caso de las pensiones.

Son tan desgarradoras todas sus historias que ni siquiera sé por dónde empezar. Propongo que arranquemos con uno de los grupos más preocupantes y desprotegidos de la sociedad: los ancianos.

¿Prioridad 1? No me hagan reír

Doña Eusebia Rivera viuda de Melguiso tiene 97 años de edad y sufre de artritis crónica. Con todos los documentos en regla, solicita que la reconozcan como sustituta en la pensión de su marido. No ha sido posible. Ni siquiera le contestan sus peticiones. En la carátula de su carpeta le pusieron “prioridad 1”, el nombre que les dan a los más ancianos. Debe de ser porque son los primeros a quienes engañan.

Leonidas Rodríguez Sánchez es un ejemplo patético. Le negaron la pensión. Entabló una tutela y ganó. Colpensiones, que es de propiedad del Estado, no le hizo caso al fallo judicial. El señor Rodríguez no se dio por vencido. Acudió al Tribunal Superior de Bogotá, que también le concedió la razón y ordenó que lo pensionaran. Tampoco. Don Leonidas ha dedicado media vida a esa lucha. Hoy es un anciano enfermo de 92 años.

Uno de los casos más dolorosos es el de Carlos Olmedo Ruiz y su esposa, Alba Stella Riascos, quienes dependían económicamente de su hija Alba, una pensionada que falleció. Un juzgado laboral de Pasto ordenó a Colpensiones que trasladara el pago a los padres. “Sin cumplimiento”, dice escuetamente el reporte de la procuradora Ojeda. Se me olvidaba decir que el padre tiene 93 años y la madre, 88.

Las nuevas marrullas

El catálogo de los ardides que inventan diariamente para no pagar una pensión, o para darle largas al asunto, parece interminable. Lo que sigue es una pequeña muestra.

A un nuevo pensionado le consignan su primera mesada en una ciudad distinta de la suya. Por muchas razones, entre ellas la pobreza o los achaques de la edad, no puede viajar todos los meses a buscar su dinero. Entonces, el banco devuelve la plata a Colpensiones por falta de cobro y, mientras se aclara eso, tiene que someterse a nuevos trámites y esperar otros tres o cuatro meses. Son tantas las quejas por este motivo, y tantos los casos repetidos, que ya cuesta trabajo creer que se trata de un error.

Una de las artimañas más socorridas para engatusar a la gente es la de emitir varias resoluciones contrarias entre sí. A la señora Nélida Contreras, empleada del servicio doméstico, le negó Colpensiones su derecho alegando que solo tenía 364 semanas cotizadas, pero ella tiene en su poder un reporte del propio Colpensiones en el que certifica que cotizó 1.208 semanas. Se desmienten a sí mismos. ¿Incoherencias o argucias?

Aunque exista una sentencia judicial que ordene reconocer la pensión, ignoran el fallo de los jueces. Cuando el jubilado insiste y vuelve a ganar en un tribunal superior, entonces lo que le niegan es el retroactivo, y empieza otro proceso interminable. (Con decirles que, en este momento, en la Procuraduría General están registradas 2.280 tutelas ordinarias de pensiones que fueron falladas a favor de los demandantes.)

Otro derecho que le escamotean al pensionado es el de actualizarle la cantidad de plata de su mesada, después de haber pasado cinco o diez años peleándola. Es lo que se llama la indexación. Como si fuera poco con la esquilmada que durante esos años le pegan sus abogados.

Pensión doble y leyes inexistentes

También se conocen casos contrarios: pensiones dobles que benefician a una misma persona. En enero del 2012, una señora solicitó al Seguro Social el reconocimiento de su pensión. Se la negaron porque ya tenía una en un fondo privado. Pero un año y medio después, en mayo del 2013, la misma señora presentó otra vez su solicitud al nuevo Colpensiones. Se la aprobaron sin mayores contratiempos. Hoy, la dama tiene dos pensiones a falta de una.

La letanía es infinita. Han llegado al colmo de negar pensiones amparándose en normas que no existen. Es el caso de Mauricio Ortiz Aristizábal, que fue operado de un tumor cerebral. La junta médica de Colpensiones (su propia junta, nada menos) dictaminó que había perdido el 71 por ciento de su capacidad laboral.

En octubre pasado, el señor Ortiz radicó su solicitud de pensión de invalidez. Hace dos meses se la negaron “porque no cumple los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993”. La procuradora Ojeda Visbal reaccionó enérgicamente: “Ese artículo 47, que fue modificado en el 2003, no tiene nada que ver con pensiones de invalidez”.

(En este momento, la Fiscalía General tiene abiertos en todo el país 85 procesos por denuncias contra los administradores del antiguo Seguro Social, que está en liquidación, y de la nueva Colpensiones. En la Procuraduría General, a su turno, hay otras 70 investigaciones disciplinarias por idénticas razones. Solo falta que las dos entidades se pronuncien.)

Las semanas perdidas

Ya este diario informó ampliamente, en lo más destacado de su primera página, que 30.000 trabajadores colombianos han descubierto que sus semanas de aportes a la seguridad social han desaparecido. Estaban ahorrando para la vejez, juiciosamente, pero a la hora de reclamar su pensión las semanas de cotización no aparecen o están incompletas.

Un caso que puede servir de muestra es el de la señora María Eugenia Torres Beltrán. Hace dos meses le negaron su pensión “por no contar con las 750 semanas cotizadas”. La procuradora Ojeda se puso a investigar. Encontró que la señora Torres había cotizado 1.800 semanas a lo largo de la vida. Es decir: dos y media veces más que el mínimo requerido.

En muchos de estos casos, Colpensiones se justifica diciendo que la empresa donde laboraba el trabajador le descontó la cuota mensual durante tantos años, pero se quedó con la plata. Las empresas, a su turno, responden que es Colpensiones la que embolata esas semanas. Balón va y balón viene. Y, como siempre, el pobre ciudadano es el que paga el pato, después de haberse roto el espinazo de sol a sol.

Pues bien: la Corte Constitucional ha sentenciado varias veces que si el empleador no le transfiere la plata al fondo de pensiones, el fondo está obligado a imponerle sanciones e iniciar un proceso de cobro coactivo por morosidad, pero que no puede apoyarse en eso para negar una pensión de vejez. Tampoco a la Corte le hacen caso.

Epílogo

Necesitaría la edición completa de este periódico, incluyendo la sección de avisos clasificados, para mencionar aunque fuera una parte mínima de todos los casos que he logrado averiguar. No caben.

Capítulo aparte merece el tratamiento que les dan a los antiguos empleados públicos que reclaman sus pensiones. Están entre las peores víctimas de esta masacre. Siguiendo las malas mañas de ciertas empresas privadas, el Estado también descontaba los aportes de sus empleados, pero no los transfería al Seguro Social. Existe el caso de 17 funcionarios que trabajaron en personerías municipales y distritales a quienes les negaron sus pensiones y ahora pretenden aplicarles la Constitución de 1991 con carácter retroactivo, cuando su trabajo y aportes los hicieron antes de esa fecha, bajo la Constitución de 1886.

Mientras más envejecen los colombianos, más doloroso es el drama de andar mendigando una pensión a la que tienen derecho porque es plata de su bolsillo, que ellos mismos pagaron. En este momento hay 8 millones de trabajadores que están aportando para pensionarse en el futuro. Mientras tanto, el coronel de García Márquez sigue esperando en la orilla del río.