El 30 de abril el Concejo de Bogotá se negó a aprobar una reforma tributaria que el alcalde Antanas Mockus había presentado en cinco oportunidades. En las ponencias negativas que rindieron los concejales María Victoria Vargas y Antonio Galán se cuestionan con una seria argumentación las políticas de apertura de los mercados que han llevado a la quiebra a los renglones productivos, generando los aterradores índices de desempleo y subempleo que hoy ostenta la ciudad, y se advierte que un incremento del 76% como el propuesto en el impuesto de industria y comercio, ahondaría la crisis prevaleciente. El burgomaestre y los más influyentes medios de comunicación del país lanzaron violentos ataques contra los concejales que abanderaron la oposición al proyecto, a quienes calificaron de politiqueros y clientelistas y acusaron de enemigos del «modelo de ciudad» que se viene desarrollando en los últimos 10 años, cuyo resultado ha sido una supuesta «elevación de la calidad de vida» de los bogotanos. Señalan que de no aprobarse más impuestos para la ciudad se estaría impidiendo la continuidad de inversiones en infraestructura y servicios sociales cuyos beneficiarios serían «los más pobres». Algunos han llegado al extremo delirante de presentar como «el milagro bogotano» las inversiones que se han hecho en las troncales de Transmilenio, las ciclorutas, las bibliotecas y la ampliación de la cobertura en servicios públicos. Todos a una plantean la necesidad de reformar las reglas de juego políticas para evitar que sucesos como estos se repitan (1). ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál el balance objetivo de ese «modelo de ciudad» que se ha transitado en la última década? Como era de esperarse, los medios, al tiempo que destacan las opiniones que hemos reseñado, silencian las de los concejales a quienes atacan. En este artículo se recogen los aspectos más sobresalientes de su argumentación y se aportan al debate algunos argumentos propios. En primer lugar, se presenta un balance de la última década en la ciudad, cuyos índices económicos y sociales desmienten categóricamente la afirmación sobre una supuesta «elevación en la calidad de vida» y plantean la necesidad de un cambio radical en el modelo de desarrollo. En una segunda parte se demuestra que Bogotá está sometida a una sobrecarga tributaria y en la parte final se establece una relación entre las finanzas del Distrito Capital, por un lado, y, por el otro, la deuda pública del país, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el recorte a las transferencias que el gobierno nacional inició con la aprobación del Acto Legislativo 01 y la Ley 715 de 2001.
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