Aurelio Suárez Montoya, El Tiempo, Bogotá, enero 23 de 2014
Mucho se ha dicho sobre la desproporción, creada por los constituyentes de 1991 y aprobada por los congresistas que gestaron el Código Único Disciplinario, respecto a los poderes de la Procuraduría. En el caso de la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro, una de las faltas, tenida como gravísima y quizás la más discutida, es que “se violó el principio constitucional de libertad de empresa, impidiéndose que otras empresas, distintas a las entidades del Distrito de Bogotá, prestaran, a partir del 18 de diciembre de 2012 y en igualdad de condiciones, el servicio público de aseo en la ciudad capital”.
Cuando hace referencia en plaza pública a su proyecto Basuras Cero, el alcalde afirma que decidió “limpiar el negocio del aseo para democratizarlo y entregarlo a seres humildes como los recicladores”. Pero en sus “alegatos de conclusión” ante la Procuraduría, argumentó que “El esquema transitorio del servicio de aseo adoptado no prohíbe la libre competencia ni tiene ese propósito”.
Le cabe razón. Cuando se mira la aplicación de los fondos del sistema en 2013, consignados en un informe de EL TIEMPO, se encuentra que la mayor parte ha corrido a favor de los particulares y en condiciones bastante favorables. Por cada cien pesos gastados, de un total de 351.613 millones de pesos, 33,1 han ido al operador público EAAB-Aguas de Bogotá y 66,9 a los distintos agentes privados.
Entre Aseo Capital, Ciudad Limpia y Lime percibieron el 42,2 % del total gastado y Atesa, que prestó el servicio por cuatro meses, el 4,5 %. Es decir, suma en conjunto el 46,7 % del total de gastos. Además, lo correspondiente al relleno sanitario de Doña Juana, también en concesión, significó una erogación del 13 %, y los costos de comercialización y facturación, que van en una mayor proporción para la firma Cupic S. A., también de propiedad de Aseo Capital y Lime, fueron el 5,3 %. A los recicladores, motivo central del “nuevo modelo”, apenas les tocó el 1,3 %, y de un censo de 13.757, solo 4.079 han salido favorecidos hasta ahora.
El operador público que, como se dijo, recibe apenas la tercera parte de lo aplicado operó hasta el 63 % del área y realizó además las labores de poda de césped, barrido y recolección manual. En contraprestación, los privados, con un área de cerca del 42 %, reciben un porcentaje igual en la distribución de los recursos, contando con un pago mensual fijo entre 3.500 y 3.900 millones de pesos, sin importar las toneladas recogidas ni el recaudo efectivo. Como una ventaja más, esta modalidad “se extenderá hasta que se inicie la ejecución de los contratos que se suscriban en desarrollo de la licitación de basuras que pretende hacer la Uaesp”; esto es, ¿indefinido?
De las cifras anteriores se concluye que de todo puede acusarse a Petro menos de ir contra la empresa privada. Es más: la irregularidad, de haberla, consiste en que si lo recaudado, cuyo monto aún no está consolidado, fuera inferior a los gastos totales, el operador público estaría subsidiando todavía más a los privados, cargando con costos mayores a favor de beneficios a los terceros, aunque Petro, por evidentes razones políticas, se autoincrimine de lo contrario. “Con el pecado y sin el género”.
