Bernardo Useche Aldana, PhD
Durante las últimas semanas los medios nacionales e internacionales contribuyeron a crear la expectativa que en Colombia, el ministerio de salud otorgaría una “licencia obligatoria” para el medicamento Glivec (Imatinib) y en consecuencia, la compañía Novartis dejaría de tener el monopolio de su comercialización. Finalmente, esas expectativas no se cumplieron. En boletín de prensa del 10 de junio de 2016 el ministro informó que se «expedirá una declaratoria de interés público para el medicamento Imatinib con el fin de reducir su precio» y a renglón seguido precisó: «el laboratorio mantendrá la exclusividad para comercializar el fármaco».
Esta decisión es contraria a la solicitud que hicieran en el año 2014 Ifarma, Misión Salud y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, instituciones que solicitaron la declaración de interés público para el Imatinib de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del decreto 4302 del 2008. Este artículo define que las declaraciones de interés público se hacen “con el propósito de que se otorgue una licencia obligatoria”. La decisión de mantener para Novartis la exclusividad de comercialización del Glivec es también contraria a la conclusión del estudio realizado por el comité técnico del propio ministerio de salud, el cual con fecha del 24 de febrero de 2016 recomendó: “Declarar la existencia de razones de interés público sobre el Imatinib con fines de licencia obligatoria”.
Lo esperado por el país era que el gobierno rechazara las inaceptables presiones de los Estados Unidos en favor de Novartis y se otorgara la licencia obligatoria que permitiera la comercialización de genéricos del Imatinib. Las licencias obligatorias favorecen la competencia y el libre mercado con el objetivo, tal como lo han expresado los representantes de las instituciones que hicieron la solicitud mencionada, de “disponer de medicamentos con precios asequibles” “lo que riñe con el…interés privado de mantener un monopolio que representa ventas y ganancias millonarias”. Teniendo en cuenta que el precio del tratamiento anual por paciente en Colombia es superior a los 15 mil dólares (el doble del ingreso anual per cápita) el acceso al Imatinib bien puede representar una situación de vida o muerte para las personas afectadas con leucemia. Lo razonable es que con el otorgamiento de la licencia obligatoria el precio del tratamiento anual fuera similar al de India, país en donde, gracias a la competencia de los genéricos, el tratamiento anual tiene un costo de 803 dólares.
Desde el punto de vista de la economía del país no es lo mismo lograr la reducción de precios mediante la competencia de medicamentos genéricos en beneficio de la industria farmacéutica nacional; que regularlos mediante la fijación de precios menores a los actuales pero que finalmente pueden ser aceptados por las multinacionales farmacéuticas, toda vez que se les mantienen altas tasas de ganancia y sobre todo porque se les respeta y protege el monopolio del mercado derivado de las patentes. Una vez más, el gobierno de Juan Manuel Santos toma partido por los intereses de las grandes compañías extranjeras.