Las empresas del sector de agroquímicos entregaron serios documentos al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán, en los cuales sugieren que este despacho trabaje conjuntamente con los Ministerios de Ambiente y Salud en programas de obligado cumplimiento para la importación y el registro de estos productos.
La industria nacional que produce y comercializa productos agroquímicos de calidad le solicitó al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Estupiñán Heredia, adelantar acciones tendientes a ejercer mayor vigilancia y control para el uso de plaguicidas, aplicar normas estrictas para la comercialización de plaguicidas y desplegar programas de vigilancia para la disposición de envases de estos productos.
En una reunión con el titular de la cartera agropecuaria, el presidente de la Junta Directiva, Gustavo Sánchez, y el director ejecutivo, Ingeniero Agrónomo Carlos Augusto Villamizar, de la Asociación de Industrias Farmacéuticas, Capítulo Agroindustrial (AsinfarAgro), expusieron la urgente necesidad de que el Ministerio de Agricultura como autoridad nacional competente para la aplicación y el desarrollo de la Decisión Andina 436, lidere políticas y lineamientos de evaluación de riesgo y ejecute programas de manejo post-consumo específicamente en relación con la disposición de los envases vacíos de plaguicidas.
Insistieron en la importancia que los Ministerios de Ambiente y Salud adelanten programas de estricto cumplimiento de las obligaciones ambientales y de salud para las empresas que importan, distribuyen y comercializan plaguicidas.
Lo anterior en razón que en el sector se detectó una práctica peligrosa para el comercio exterior de productos agrícolas, la salud de la población y la preservación del medio ambiente, indicaron los directivos, quienes informaron que algunas empresas venden o alquilan irresponsablemente sus registros de importación de agroquímicos para que otras organizaciones, inclusive sin experiencia, importen y comercialicen estos productos sin el debido rigor ambiental y las mínimas normas de salud.
Es una práctica comercial riesgosa porque las empresas que operan sin cumplir los debidos estándares regulatorios, ponen en peligro la agricultura casera y exponen al país a sanciones comerciales como la de bloquear el ingreso de productos agrícolas colombianos a otras naciones del mundo, explicó el director ejecutivo de AsinfarAgro, Carlos Augusto Villamizar.
Frente a este hecho insistió en que se hace indispensable que las empresas sean responsables y cumplan con las normas ambientales y de salud. “Nos preocupa las ventas, el alquiler o los préstamos de los registros para importar agroquímicos porque las empresas que realizan esta practica evaden las responsabilidades ambientales y sanitarias, lo cual se traduce en mala calida de los productos y uso inadecuado de los agroquímicos para la protección de la agricultura”, precisó el dirigente empresarial.
En relación con el registro y control de plaguicidas de uso agrícola “nos inquieta iniciativas regionales para impulsar importaciones de insumos químicos sin el cumplimiento de las normas, la regulación y sin el análisis de los efectos del riesgo a la salud, al ambiente y a las mismas agroexportaciones por el efecto de los residuos de plaguicidas”, precisó Villamizar.
Dejar importar libremente los plaguicidas permitirá que algunas empresas cumplan y otras no cumplan con las normas establecidas por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). “Este propósito coloca en riesgo la inocuidad del país”, anotó el director de Asinfar Agro.
Dijo que los afiliados al gremio están de acuerdo con la libre empresa, pero le piden a las autoridades nacionales ejercer estricto control para que las compañías que operan en este sector lo hagan con calidad y responsabilidad, inclusive aquellas que ingresarán a operar al país en virtud de los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito Colombia.
En la actualidad, falta adecuado control y seguimiento a los procesos de importación, comercialización y venta de estos productos, lo cual – recuerda – ha permitido el ingreso ilegal de agroquímicos mediante acciones delictivas de contrabando, falsificación y adulteración de los productos.
El Ingeniero Villamizar le hizo un llamado al gobierno para que en los acuerdos comerciales proteja los intereses de la industria nacional y queden establecidas todas las normas sanitarias, ambientales y de salud, con el fin de no atentar contra las empresas legalmente constituidas, las empresas que cumplen con todas la legislación vigente, empresas que generan empleo, pagan impuestos y hacen parte de organizaciones que las acreditan como instituciones legalmente establecidas.
Sánchez y Villamizar coincidieron en expresar, finalmente, su profunda preocupación por el impacto del contrabando de insumos y productos agropecuarios como el arroz y algunas frutas de los países vecinos (Ecuador y Venezuela), debido a que ponen en riesgo la sanidad agropecuaria y afectan la competitividad del sector.
