Por Enrique Daza – Director de Cedetrabajo y vocero de Justicia Tributaria
Peor no nos hubiera podido ir
Desde mucho antes del 15 de agosto de 2012, fecha en que entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, los sucesivos gobiernos de Colombia lo habían defendido con el argumento de que es un acuerdo meramente comercial que busca multiplicar nuestras exportaciones y atraer inversión extranjera. No, el TLC es en realidad un Tratado que regula muchísimos temas, casi hasta el aire que respiramos, y condiciona en forma determinante la política gubernamental.
La negociación comenzó en mayo de 2004 y el Tratado fue firmado en noviembre de 2006. Se señaló que debería tener como complemento necesario una política macroeconómica “creíble” y una estrategia de competitividad mucho más fuerte.
Según el gobierno de entonces, “los tratados de libre comercio son una pieza vital en el objetivo de crecimiento económico sostenido necesario para reducir el desempleo y la pobreza a niveles tolerables” (ver enlace). El aumento de los flujos comerciales sería la forma de aumentar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar, pero se consideró indispensable disminuirles los impuestos a las empresas, mantener unas tasas de interés bajas y controlar la inflación.
El TLC incluye el comercio de servicios, lo cual influye en quién y cómo se realizan actividades económicas tales como el transporte, el turismo y los servicios financieros. Aseguraba además una participación fuerte del capital extranjero en la construcción de obras viales y aeropuertos. El capítulo de inversión es el más importante, pues elimina los llamados requisitos de desempeño, la potestad del Estado tendiente a priorizar, condicionar u orientar la inversión estadounidense hacia los sectores que más convengan al país, de modo que queda sujeta a lo que los inversionistas extranjeros consideren rentable a sus estrategias corporativas mundiales, que se rigen por los vaivenes de la economía mundial y no por las prioridades de cada país.
Diez años después de la entrada en vigencia del TLC, los resultados son lamentables. Entre 2019 y 2021, el promedio anual de la Inversión Extranjera Directa (IED) de Estados Unidos en Colombia fue de 20,2%. Pasó de representar el 30% de la IED en la década anterior al TLC al 17,9% en los diez años posteriores.
Entre 2002 y 2011, la IED proveniente de EE.UU. creció a un ritmo promedio de 22% anual, mientras que entre 2012 y 2021 el ritmo promedio fue decreciente en 1.4%. El total de la IED, comparando los diez años previos al tratado con los diez posteriores, apenas aumentó en 3.400 millones de dólares.
En los últimos ocho años, el promedio de inversión proveniente de EE.UU. se redujo. Fue de USD$2.100 millones, mientras que los ocho años anteriores fue de USD$3.700 millones. Se incumplió la promesa de que habría inversión extranjera a raudales, lo cual muestra que no basta eliminar los controles a la inversión para que esta llegue y es más lo que se pierde al renunciar a una política de inversión selectiva y focalizada.
Las definiciones sobre compras públicas obligan a que Colombia dé participación en las grandes licitaciones públicas a inversionistas extranjeros. El TLC elimina las preferencias de alguna clase que se otorgaban a inversionistas nacionales en temas como la construcción de obras de infraestructura, poniendo en desventaja a la ingeniería nacional y obligándola a asociarse, como vagón de cola, a las grandes constructoras internacionales. En consecuencia, las políticas de “compre nacional” se ven reducidas a pequeñas operaciones sin un alcance macroeconómico significativo. El capítulo sobre “políticas de competencia” limita la acción del Estado, pues muchas de las acciones en materia de creación de empresas y prestación de servicios públicos pueden ser consideradas anticompetitivas. De allí que el gobierno haya cambiado la estructura de muchas empresas públicas asimilándolas a la estructura jurídica de las empresas privadas, limitándoles su margen de acción.
El TLC asestó un golpe de muerte a la CAN, organización de la cual prácticamente ya no se habla. Los defensores del TLC criticaron y aún lo hacen la política de sustitución de importaciones y llevaron al marchitamiento del proceso regional de integración, que en un momento fue uno de los principales receptores de los productos de nuestra industria manufacturera. La negociación no tuvo en cuenta tampoco las sensibilidades de los países de la CAN, afectó a los exportadores de soya de Bolivia y fue uno de los detonantes que determinó el retiro de Venezuela del Acuerdo de Cartagena. Los defensores del TLC subestimaron la importancia del Mercado Andino en aras de promesas que nunca se hicieron realidad. El TLC desmontó todos los mecanismos de defensa comercial de que gozaban los productos agrarios, un punto criticado por todos los gremios agrícolas, que consideraron desastrosa la negociación agrícola.
El TLC con EE.UU. transformó el tradicional superávit comercial de 3.500 millones de dólares en un continuo déficit promedio anual de 500 millones de dólares. Tras una década de aplicación del Acuerdo, el petróleo sigue siendo el mayor producto de exportación de Colombia. Por el contrario, a las importaciones provenientes de Estados Unidos, que tradicionalmente han sido maquinaria y gasolina, se sumó el maíz amarillo, cuyas compras pasaron de 32 millones de dólares en 2012 a 980 millones de dólares en 2021, un crecimiento de 632%.
El mayor déficit comercial con Estados Unidos se concentra en el sector manufacturero. El TLC no mejoró las relaciones de intercambio, Colombia no logró colocar más productos en el mercado estadounidense y la industria nativa perdió espacio en el mercado interno. Las importaciones del sector industrial provenientes de Estados Unidos superaron ampliamente a las exportaciones. Con Estados Unidos, en 2019 Colombia realizó 4.314 transacciones de exportación mientras que realizó 19.547 para importaciones.
Entre 2010 y 2021, el déficit promedio en el sector industrial ha sido de 6.700 millones de dólares, cifra equivalente al 25,6% del déficit manufacturero que se tiene con el total de países. En resumen, en los últimos diez años, Colombia dejó de recaudar USD$564 millones por los productos importados de Estados Unidos ya por completo libres de arancel desde el 1 de enero del 2012, los cuales representan el 45.6% del total de productos importados de ese país, casi la mitad del total.
Lógicamente, en la mira de Estados Unidos estaba superar su déficit comercial aumentando sus exportaciones. Con el TLC que le impuso a Colombia no buscaba comprar más sino vender más. Uribe y Santos engañaron al país al hacerle creer que con eliminar los aranceles de Estados Unidos los productos colombianos podrían competir en el mercado estadounidense con otros países que tenían acceso a él sin barreras, pero la escasa oferta exportable de Colombia se diluyó en algunos nichos muy específicos.
Muchas de las políticas incluidas en el TLC ya venían adoptándose como producto de la apertura económica iniciada en los noventa. Lo que hizo el TLC no fue otra cosa que convertir una política de gobierno en un tratado internacional, un hecho de suma gravedad puesto que por su naturaleza un tratado está por encima de la Constitución y amarra la política económica para sucesivos gobiernos. Solo si se revisara o denunciara el TLC, el gobierno podría unilateralmente y por voluntad propia mantener o modificar las políticas básicas que el Tratado impone. De hecho, el TLC indujo una gran cantidad de cambios normativos de todos los órdenes y varios gobiernos han elaborado infinidad de Conpes de competitividad, modernización y fomento a las exportaciones, que no han servido para nada y no alteran la inercia de la evolución de la economía, pues la apertura y los TLC han lesionado en materia grave la capacidad regulatoria del Estado. Prueba de ello son los anexos, que establecen cuáles normas del Tratado y que sectores se exceptúan del mismo: todo lo que no figure en dichas excepciones, absolutamente todo, se rige por las disciplinas y definiciones del mismo. El gobierno tuvo que hacer una reserva cultural, comprometerse a cumplir su propia legislación ambiental y a aplicar las resoluciones de la OIT aceptables para Estados Unidos, lo que no ha mejorado las condiciones laborales ni la protección del ambiente, sino que fueron una exigencia del Partido Demócrata, presionado por los sindicatos estadounidenses para impedir el dumping laboral o ambiental.
El TLC con Estados Unidos no es entonces simplemente un acuerdo comercial, sino una imposición a perpetuidad que impide el desarrollo industrial y agropecuario y la acción del Estado.
Nota original publicada en Más Colombia.
