Mientras la Asociación Colombiana de Minería (ACM) pide reformas al sector que le permitan alcanzar su potencial de inversión en exploración, Justicia Tributaria pide que se le eliminen los beneficios tributarios y estos recursos se dediquen a impulsar otros segmentos de la industria.
De acuerdo con la ACM, el potencial de inversión para exploración en el sector minero de Colombia es de US$7 billones durante 4 años. Pero durante el último cuatrienio los recursos invertidos a esta actividad han sumado apenas US$3 billones, menos de la mitad del potencial.
Por esta razón la ACM le presentará a los candidatos a la presidencia una propuesta de plan de acción para el sector y, en especial, cuatro grandes temas que requieren una reforma para que la industria extractiva del país vuelva a crecer y alcance su potencial de inversión en exploración, lo que además le garantizaría más ingresos al país.
Según la agremiación, es necesario mejorar la seguridad jurídica, asegurar las inversiones en exploración y mejorar la reputación del sector.
Sin embargo, una visión totalmente diferente tienen los expertos de la Red Justicia y Cedetrabajo quienes en un estudio reciente advirtieron que los resultados del sector extractivista realmente dependen de los precios internacionales de sus productos, algo que no puede controlar el país.
En ese sentido, y ante la lenta recuperación de la industria nacional, el estudio sugirió que se le eliminen los beneficios y exenciones tributarias al sector extractivista y los nuevos ingresos que le representaría la ausencia de esos beneficios, se destinen a exenciones para otros sectores de la industria o programas de promoción de los mismos.
De acuerdo con Álvaro Pardo, responsable de dicho estudio, la industria extractivista se ahorró US$24.000 millones durante los últimos 8 años gracias a los beneficios tributarios y otras exenciones en impuestos a las que tienen derecho, lo que hace que la tarifa impositiva efectiva para el sector sea inferior que para otras industrias.
Pardo explicó que en 2012 la tasa efectiva de tributación en renta para la industria extractivista fue de 31,7%, para 2015 había disminuido hasta 14,2% y el promedio entre dicho año y 2008 fue de 24,3%.
El experto agregó que, además, para 2015 los pagos por devoluciones de impuestos prepagados que la Dian desembolsó a las empresas de la industria extractivista casi duplicaron a los pagos de los mismos impuestos. En dicho año, el sector pagó en total $1.863 millones pero pidió devoluciones por $2.852 millones para el mismo año fiscal.
Sin embargo, aquí es necesario tener en cuenta que en dicho año el país sufría las consecuencias de la caída de los precios internacionales del petróleo y otras materias primas.
Por otro lado, el estudio demostró que mientras el costo fiscal de los beneficios tributarios a esta industria fue de casi $1,5 billones en 2015 y una cifra levemente inferior para 2016, los beneficios para las demás industrias apenas le representaron al país un gasto de un poco más de $500.000 millones en cada año.
Por último la organización calculó que si los incentivos tributarios se hubiesen redireccionado hacia sectores no extractivistas, en el 2016 el crecimiendo del PIB industrial habría sido cercano a 16%, notablemente superior al 11,2% que realmente presentó.
Tomado de: Dinero