Generic selectors
Sólo coincidencias exactas
Buscar en el título
Buscar en el contenido
Post Type Selectors
Filtrar por categoría
Actualidad Industrial
Agro
Apunte Económico
Bernardo Useche
Blog
Boletín del sector agropecuario
Boletín mensual
Boletines
Cambio Climático
Cartilla
Cedetrabajo en las regiones
Ciencia
Comercio exterior
Comunicados de prensa
Enrique Daza
Eventos
Género
Helen Rojas
Helen Rojas
Industria
Informe SIA
Internacional
Investigaciones
Justicia Tributaria
Leonardo Jiménez
Mercado Laboral
Miguel Ángel Rodríguez
Nuestros análisis
Problemática Social
Publicaciones
Salud

Dirigentes campesinos, organizaciones agrarias y ONG hacen duras críticas a la ley Urrutia

Nov 18, 2013

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, noviembre 15 de 2013

La llamada Ley Urrutia fue duramente criticada por representantes de las organizaciones agrarias Dignidad Campesina, Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales y de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, junto con voceros de Oxfam, Codhes, Cinep y Planeta Paz.

En una rueda de prensa, expertos y dirigentes agrarios coincidieron en que la propuesta del presidente Santos y del ministro Lizarralde de entregarles a poderosas empresas extranjeras y nacionales los baldíos de la Nación, viola el derecho de los campesinos a acceder a la propiedad rural.

Eudoro Álvarez, dirigente de Dignidad Agropecuaria y agricultor del Meta, afirmó que las inversiones de grandes empresas en la altillanura son de especulación inmobiliaria y no de producción. Martha Reyes, de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales, señaló que la Ley Urrutia vulnera el derecho de las familias campesinas a acceder a la propiedad de la tierra. En representación de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, Julio Fuentes resaltó que la Ley Urrutia reafirma la política del gobierno nacional de entregarles a las multinacionales la tierra rural.

Javier Medina, investigador del CINEP, explicó que la Ley Urrutia violaría abiertamente los mandatos constitucionales que obligan al Estado a promover el acceso progresivo de la propiedad rural a los trabajadores agrarios sin tierra, mientras que Carlos Salgado, de Planeta Paz, afirmó que el ministro Lizarralde está impedido para tramitar una norma que legalizarías las apropiaciones ilegales de tierras que fueron baldías. Por su parte, Marco Romero, del Codhes, cuestionó los fundamentos del proyecto al señalar que no es cierto que el gran capital sea más eficiente que la producción campesina.

Aida Pesquera, de Oxfam, organización internacional que investigó con detalle el acaparamiento de tierras de Cargill en el departamento del Vichada, concluyó que el proyecto no cumple con las obligaciones que Colombia ha asumido en Tratados Internacionales, y agregó que en el modelo propuesto “los campesinos se convierten en jornaleros de grandes intereses y estimula grandes asimetrías”.

Comparte esta publicación

Publicaciones Relacionadas

Traducir »