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En el contexto regional, muchas son las voces que han alertado en los últimos años el riesgo que se ubica sobre América Latina al sufrir la “reprimarización” de sus actividades económicas. Posiblemente una de las causas que explican estas acomodaciones en la estructura económica de la región, involucran los aumentos de los flujos de inversión sobre los proyectos de exploración minera a partir del año 2003. De esta manera, los países procuran mostrarse cada vez más atractivos para las grandes empresas mineras, por medio de beneficios en los esquemas de tributación. Este ha sido un discurso que ha sido introducido en muchos países
de la región, y Colombia no ha sido la excepción. 

En esta carrera hacia el abismo, los beneficios tributarios hacen parte del ideario que han defendido los más recientes gobiernos colombianos y el sector minero energético se convirtió en un elemento clave de la economía nacional. El auge de los precios de los commodities en el lapso de los años 2000 hasta el 2014, justificó esta carrera bajo un modelo económico profundamente minero-exportador. 


Sin embargo, la dependencia que implica el ejercicio minero para las finanzas públicas y las connotaciones sobre el ciclo de precios conlleva a la necesidad de evaluar detenidamente la pertinencia de los múltiples beneficios tributarios que ha recibido este sector. Como se considera un aspecto clave para el crecimiento del país, las reformas tributarias y los planes nacionales de gobierno han incluido diversos mecanismos de alivios: los ingresos no constitutivos de renta, deducciones de activos fijos, rentas exentas, descuentos, entre otros.


Además, a la disminución de los recursos que ha dejado de percibir el Estado por otorgar los beneficios tributarios a este sector, se suma también la reducción en sus recursos por las dinámicas que generan los flujos financieros ilícitos (FFI). Estos flujos son un mecanismo que utilizan las empresas para evadir aranceles o incluso conseguir devoluciones sobre los mismos, haciendo también imperioso su análisis. La forma en que operan involucra la modificación del valor de los productos a exportar o importar, pues se factura por encima o por debajo del valor exacto para obtener esas rebajas. Esta modalidad también se utiliza para realizar triangulación
de mercancías, lavar dinero, evadir controles de divisas, entre otros.
Y como si fuera poco, las finanzas públicas también ven disminuidos sus ingresos por los envíos de dinero y mercancías que se exportan a paraísos fiscales por medio de subsidiarias. Pese a que este comportamiento no es fraudulento per se, esto pone en evidencia la falta de transparencia de dichas empresas. Al igual que los FFI, son utilizados para eludir impuestos y para efectuar el lavado de activos.


Así las cosas, este documento se encarga de ahondar en cada uno de los temas anteriormente descritos, considerando no solo los beneficios tributarios que reciben las empresas de minería e hidrocarburos, sino que también presenta los FFI y varios esquemas de paraísos fiscales que
acompañan a varias empresas de este mismo sector. En la primera sección se realiza un análisis de los beneficios que han sido otorgados desde el Gobierno Nacional al sector minero energético; el segundo capítulo realiza una comparación de los flujos financieros ilícitos de los principales productos mineros de Colombia, Perú y Chile. El tercer aparte se centra en los nexos que tienen las principales empresas mineras con paraísos fiscales. Por último, se proponen unas consideraciones finales sobre los principales elementos hallados.

Distorsiones-de-la-renta-recibida-del-sector-minero