A pesar de que el gobierno quiere promover la idea de que la recuperación de la economía colombiana va por buen camino, lo cierto es que la situación es muy grave. 

Tras la llegada del COVID-19 a Colombia, la contracción de la economía durante el primer año de la pandemia significó la destrucción de cerca de 2,5 millones de empleos, de manera que el mercado laboral retrocedió hasta los niveles observados en 2011, con apenas 19.8 millones de ocupados. Actualmente aún falta por recuperar más de 1.2 millones de empleos.

El gobierno se ampara en la falsa tesis de que la reducción de los costos no salariales impulsará la formalización y reducirá la probabilidad de permanecer en situación de desempleo para definir las políticas de protección y recuperación del empleo. Así que las acciones se han centrado en el fortalecimiento e implementación de mecanismos de flexibilización laboral, subsidio a la nómina y transferencias focalizadas. Medidas acordes con los intereses del sistema financiero internacional y los organismos multilaterales.

En agosto de 2020 el Gobierno expidió el Decreto 1174, que fijó el “Piso de protección social” para los trabajadores que devengan menos del salario mínimo. Este Decreto fue cuestionado por las centrales obreras con base en tres elementos: legaliza la contratación por debajo del salario mínimo, restringe derechos laborales como la afiliación a cajas de compensación y promueve la tercerización laboral. Como era de esperar, el impacto de estas medidas fue inocuo en términos de generación de empleo. 

Durante el primer semestre de 2021 la mayoría de los negocios sufrieron los estragos de las restricciones sanitarias. Las barreras para la formalización y la falta de acceso a mecanismos de financiamiento fueron problemas persistentes para acceder a recursos en un contexto marcado por movilizaciones sociales en contra de la reforma tributaria de Carrasquilla y otros descontentos entre abril y julio, periodo en el cual el país vivió la peor ola de contagios y muertes por la pandemia. A pesar de que el 2021 arrancó con expectativas positivas, para el segundo trimestre el país contaba la destrucción de 1.7 millones de empleos.

Superada esta ola de contagios, durante el segundo semestre la mayoría de los negocios retornaron a sus actividades tradicionales gracias al relajamiento de las medidas anticovid y al cumplimiento de exigencias en materia de prevención y protección sanitaria. En este periodo, ante la falta de efectividad de las políticas del Estado, la recuperación se vio afectada por las debilidades estructurales de la economía colombiana ante los fenómenos internacionales. La devaluación de la moneda, los castigos de las calificadoras de riesgo y los fenómenos inflacionarios de insumos importados pusieron en aprietos el aparato productivo. Esta posición de inferioridad es resultado de la aplicación, durante tres décadas, del recetario neoliberal.

En conclusión, el país arrancó  el 2022 en medio de un contexto inflacionario, producto de las debilidades estructurales de la economía, y con 1.2 millones de empleos menos de los que la economía registraba en 2019. Las perspectivas económicas no son alentadoras. Entre los sectores económicos más golpeados se encuentran las actividades agropecuarias, mineras, industriales, artísticas, de entretenimiento, recreación y deporte. Es vital que se adelanten en el corto plazo medidas de generación y protección de empleo como parte de un programa de gobierno centrado en la protección del mercado interno y la defensa de los intereses nacionales que persiga una senda de recuperación estable acorde a los desafíos del presente.