La refinería de Barrancabermeja: otro incumplimiento de Santos
Colombia exporta su petróleo crudo pero sigue importando grandes cantidades de productos refinados. Modernizar la planta de Barrancabermeja sería un negocio excelente, pero el gobierno se niega porque su prioridad es debilitar a Ecopetrol. (Mario Alejandro Valencia – Sneyder Rivera)
Un proyecto prioritario
El 17 de mayo de 2017 cerca de 30.000 personas marcharon por las calles de esta ciudad exigiéndole al gobierno nacional la ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja (PMRB), valorado entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Como muchos otros, este proyecto es una promesa incumplida de la campaña presidencial de Santos.
La modernización de la refinería no es un capricho de los barranqueños, sino una necesidad del país. En los últimos cinco años la importación de combustibles costó a los colombianos 28.600 millones de dólares -unos 63 billones de pesos- (ver Cuadro 1). Este es un absurdo económico para un país que exporta el 70 por ciento de su petróleo en crudo –sin transformación y sin aportarle valor agregado– y que se ve obligado a importar cerca de 64.000 barriles de productos refinados cada día.
La mayor parte de estas importaciones (el 78 por ciento) proviene de Estados Unidos, pero también hay otras de territorios como San Eustaquio –una pequeña isla caribeña con 3.300 habitantes, 36 veces más pequeña que Barrancabermeja– y Trinidad y Tobago. Además, casos como este último reavivan las sospechas de que muchas transacciones mercantiles son en realidad actividades de especulación financiera a través de paraísos fiscales que sirven para transferir riqueza desde Colombia hacia otros territorios.
Lo que se gasta en importación de combustibles en un año cubriría el 80 por ciento de los recursos necesarios para modernizar la refinería de Barrancabermeja que, según el Decreto 2133 de 2012, es un proyecto de interés nacional porque:
- La refinería pasaría a convertir el 95 por ciento de un barril en productos valiosos y no el 75 porciento que convierte ahora, de manera que se obtendrían productos de mayor rentabilidad económica;
- Procesaría 175.000 barriles diarios en crudos pesados y ácidos nacionales;
- Reduciría la importación de combustibles al aumentar la producción en 45.000 barriles diarios, y
- Aseguraría la capacidad de aumentar las exportaciones de productos con especificaciones internacionales.
Así mismo, el impacto económico y social del proyecto sería muy positivo, sobre todo ahora cuando la economía nacional está en franca desaceleración y ninguna propaganda oficial logra estimularla. En el mismo Decreto el gobierno afirmó que emprender un proyecto de esta magnitud tendría los siguientes beneficios:
- Un aumento de 1,7 puntos porcentuales en el crecimiento del Producto Interno Bruto (justamente lo que dejamos de crecer en el primer trimestre de este año);
- Un aumento de aproximadamente 7,83 billones de pesos en la producción;
- El jalonamiento de recursos importantes de otros sectores: “por cada peso de consumo intermedio producido por el PMRB, la economía genera 13,9 pesos por el mismo concepto, y por cada peso de valor agregado generado por el PMRB, la economía genera 4,2 pesos”;
- Efectos positivos importantes en sectores distintos del petróleo: “por ejemplo, jalonará $4,7 billones adicionales en consumo intermedio, $ 2,8 billones en valor agregado, $ 60.000 millones en el pago de impuestos, y cerca de 40.000 nuevos empleos en sectores diferentes a petróleo”;
- Ingresos para el gobierno que “crecerán 4,3 puntos porcentuales en el año 2020 si se realiza el proyecto. Este crecimiento es explicado en 51% por el incremento de los recursos provenientes de Ecopetrol S.A. y el restante 49% por el incremento de los recursos provenientes del resto de la economía. En particular, de los recursos provenientes de Ecopetrol S.A., el impuesto de renta y los dividendos girados a la Nación presentarán un crecimiento de 24,3 % y 22,2 %, respectivamente, llegando a ser de $ 8,9 y $ 13,5 billones, respectivamente, para el caso con proyecto”.
Decisiones que arruinan
Por estas razones, la negativa por parte de la administración de Juan Carlos Echeverri en Ecopetrol, del ministro Mauricio Cárdenas y del presidente Santos a emprender la modernización de la refinería de Barrancabermeja no tiene justificación económica racional. Es, más bien, una decisión política equivocada que tiene como consecuencia el debilitamiento de la compañía petrolera colombiana.
En efecto, desde hace años ese ha sido el plan. O por o menos eso indican los leoninos contratos de concesión, la escisión de la compañía para facilitar su desmembramiento y el actual plan de desinversiones y de privatización de lo que sus mismos administradores llaman “activos no estratégicos”. A esto se suma la estrategia absurda de vender el petróleo como materia prima para después comprarlo a mayor precio como producto transformado. Todo esto hace parte de una misma dinámica comercial que ya fracasó, como lo demuestra el balance de los cinco años del TLC con Estados Unidos elaborado por Cedetrabajo.
El costo de no ser autosuficiente en materia de combustibles es muy alto para el país, no solo por los 3.800 millones de dólares que deben desembolsarse cada año para comprar combustible a otras naciones, sino por el freno que se le impone a la economía de los barranqueños, de los santandereanos y de todo el país.
Según Fedesarrollo, el PMRB crearía alrededor de 65.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Sin duda esto sería un alivio para la difícil situación económica y social de la región. Barrancabermeja tiene una tasa de desempleo cercana al 23 por ciento y un índice de informalidad que tiene una incidencia de 85,2 por ciento sobre la pobreza multidimensional, una de las cifras más altas del país a pesar del potencial productivo de la región. Esto ha llevado al aumento de conflictos sociales que se manifiestan en altas cifras de criminalidad. Según la Alcaldía de Barrancabermeja, en 2015 hubo 68 homicidios, 321 hurtos a personas, 24 casos de extorsión y 64 robos a establecimientos comerciales.
Por esta razón decenas de miles de ciudadanos se volcaron a las calles de Barrancabermeja, respaldados por el alcalde Darío Echeverry, la Unión Sindical Obrera, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General de Trabajadores, Dignidad Santandereana, la Iglesia católica, el comercio y los transportadores, para exigir al gobierno nacional que cumpla con una promesa que además de ser justa socialmente es una necesidad económica de la nación.
Mientras no se realice esta obra Colombia estará obligada a seguir importando grandes cantidades de combustibles en un escenario donde la demanda se duplicará para el año 2040, según las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética. La importancia estratégica del petróleo ha hecho que otros países de América Latina aumenten su capacidad de refinación, como en los caso de Venezuela, Brasil y Argentina, que tienen 24, 16 y 12 refinerías respectivamente, frente a las 2 que funcionan plenamente en Colombia.
En este sentido, el manejo de Ecopetrol se ha caracterizado por su menosprecio del patrimonio público. El negocio futuro de esta empresa, ante el agotamiento inminente de las reservas, deberá concentrarse en la refinación, la petroquímica y el transporte – y así lo indica el hecho de que un país industrializado como Estados Unidos, destine el 76 por ciento de su consumo petrolero a la producción de combustibles y el 24 por ciento restante a la petroquímica.
Pero el Estado colombiano está decidido a asfixiar la empresa hasta acabarla. Ya el año pasado perdió su histórico primer puesto como la empresa más grande del país. Entre 2011 y 2014 descapitalizaron el 76 por ciento de las utilidades de Ecopetrol para transferirlas a la nación para mermelada. En 2015, en plena crisis, la empresa le transfirió al Estado 4,7 billones de pesos y en 2017 van 570.000 millones.
No satisfechos con esto, en los últimos tres años Ecopetrol se ha endeudado en 2.824 millones de dólares y su deuda total el 31 de diciembre de 2016 era de 17.244 millones de dólares. Esto se ha hecho a través de mecanismos tan oscuros como las relaciones comerciales con un banco en Suiza, que ha desembolsado alrededor de 4.184 millones de dólares, a pesar de que las garantías no están claras. Y para completar la estocada, ya está aprobada la privatización de Propilco.
En conclusión
La soberanía energética es una condición a la que aspiran las naciones más ricas del planeta, pero en el caso colombiano esta no hace parte de la política oficial.
Así lo prueban las concesiones mineras de La Guajira y Cesar, regiones sumidas en la pobreza y el atraso, la privatización de Isagén y el desfalco a Reficar, que ahora se usa como argumento para no emprender la necesaria modernización de la refinería de Barrancabermeja.
Por este manejo económico irresponsable del actual gobierno se han intensificado las protestas en Chocó y Buenaventura, así como las de los maestros, trabajadores oficiales, taxistas, transportadores, agricultores y ahora las de los ciudadanos de Barrancabermeja. Los reclamos están justificados porque el modelo económico no promueve el desarrollo nacional basado en la producción y en la creación de empleo de alto valor, sino que convierte al Estado en el intermediario para hacer negocios ligados a intereses particulares muy alejados del interés general. Las elecciones de 2018 serán claves para cambiar esta fórmula.
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