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A un año largo de terminar el mandato de Uribe Vélez, son visibles sus peores aspectos. La pretendida firmeza se ha convertido en intemperancia y parece que ni el yoga ni las esencias florales pueden morigerar su temperamento y esta situación es comprensible.

Después de largos ruegos que venían desde Andrés Pastrana, Estados Unidos accedió a negociar un Tratado de Libre Comercio, TLC. El primer mandatario colombiano pensó que debido a sus afinidades ideológicas con Bush, el Imperio sería generoso y le permitiría llegar a un acuerdo que, a pesar de los altos costos que esencialmente conlleva, al menos fuera digerible para un amplio sector de la clase dominante. Sin embargo, Estados Unidos dijo: negocios son negocios. Como en el mercado libre gana el más fuerte, en las ocho rondas de negociaciones se ha dedicado a exprimir hasta la última concesión al gobierno colombiano, sin permitirle ningún respiro. La afinidad con Bush no fue fuente de fortaleza, recurso para obtener ciertas excepciones o un tratamiento benigno, sino expresión de debilidad. La lógica de los norteamericanos es clara y práctica: ya que se trata de un gobierno amigo, no puede darnos menos de lo que obtuvimos en los otros tratados; además, tiene una fuerte dependencia de nuestra ayuda militar y necesita el aval del Fondo Monetario Internacional para el programa de endeudamiento. Al caído caerle.

De esta forma, la negociación del TLC ha sido un espectáculo lamentable. Al comienzo se diseñó una “astuta” estrategia negociadora que primero buscaba resolver los asuntos difíciles para no dejarse colocar contra las cuerdas en el último round. Los negociadores norteamericanos, expertos en contrarrestar las triquiñuelas de las víctimas de los tratados, durante las ocho rondas simplemente han recitado las mismas exigencias y han repetido hasta la saciedad el casete. Los negociadores colombianos han aparentado que están en una verdadera negociación y, al final, llegamos al punto donde arrancamos. Estados Unidos dice: lo toman o lo dejan; ustedes fueron los que pidieron negociar; los negocios con nosotros son así y si permitimos otra cosa, perdemos credibilidad, el Congreso no lo aprobará; no hacemos los tratados para comprar más cosas sino para vender nuestros productos y servicios. Esto se sabía desde el principio y el saldo para el gobierno colombiano está claro: para firmar un TLC hay que aceptar las exigencias norteamericanas. No es posible un TLC bueno o regular; no se le pueden hacer enmiendas al formato estadounidense. El dicho popular lo dice: el que tiene la plata, marranea.

El sainete no lo conoce la opinión pública. El gobierno se ha camuflado y ha ocultado la verdadera información. Parece un asunto complicado y altamente técnico, pero la realidad es más simple de lo que aparenta: Colombia está ad portas de suscribir todas las exigencias norteamericanas. La decisión gubernamental es profundizar la apertura económica, cuyos estragos conocemos, y elevarla al rango de tratado internacional. La producción nacional se arruinará en 10 o 20 años; que más da. Quedamos amarrados a los designios de Estados Unidos, el cual hacen libre comercio cuando se trata de vender y proteccionismo cuando se trata de comprar. Desde Washington se definirá cuál es el rumbo del país: si es mejor producir chontaduro o uchuvas, si hay que crear maquilas o simplemente importar productos. De prevalecer la obstinación del gobierno uribista, todo se vendrá al traste. Además de la asimetría estructural y de la dominación que ejerce Estados Unidos sobre nuestro país, son adversas todas las circunstancias para suscribir un TLC con esa potencia. No hay agenda interna, no tenemos infraestructura y estamos en los últimos niveles de competitividad según las mediciones internacionales. No hay consensos internos, sino una especie de sálvese quien pueda.

En Estados Unidos las cosas no son más fáciles. El tratado con Centroamérica no se ha aprobado y crece la oposición al mismo simultáneamente con el déficit comercial estadounidense. Los industriales y sindicatos norteamericanos exigen protección y hasta los más fanáticos defensores del libre comercio reconocen que eso de los tratados ya está pasando de moda. El único que porfía apegado a la idea es nuestro primer mandatario y su séquito; también Bush y quienes hacen prevalecer la ideología neoliberal por encima de cualquier consideración de conveniencia social o productiva. No les importa sacrificar a la sociedad en beneficio de las multinacionales.

Pero si algo tiene este gobierno, es que es bastante previsivo. En caso de que por cualquier eventualidad falle o se demore el TLC, ha ido acondicionando al país para que aún sin TLC nuestra economía profundice su dependencia de Estados Unidos. A pesar de que el régimen de compras públicas es bastante abierto y pueden ingresar los extranjeros libremente, ha presentado un nuevo proyecto que elimina las pocas excepciones y autonomía que se conservaban en materia de contratación y compras. Como no se ha podido vender Bancafé, eliminaron de un tajo la convención colectiva y preparan la entidad para la venta, así Uribe hubiera dicho hace unos meses que no lo iba a hacer. Como Estados Unidos quiere apoderarse de los recursos naturales, se tramitan leyes en materia de bosques, páramos y aguas que facilitan la comercialización y privatización de estos recursos. Ya se modificó la legislación petrolera y el país observa como empresas que antes eran insignia del precario desarrollo empresarial colombiano se venden y se hace depender su suerte no de las necesidades del país sino de los vaivenes de los planes mundiales de las multinacionales. Se vendió Coltabaco, Avianca, AeroRepública y están en proceso Bavaria y otras más. A pesar de que Julio Mario Santodomingo y Luis Carlos Sarmiento figuran entre los multimillonarios del mundo, les está conviniendo más para preservar su fortuna convertirse en intermediarios de las multinacionales que en sostenedores de esa industrialización de mediados de siglo, a la que según las corrientes en boga ya le pasó su cuarto de hora. Su destino será vivir de la especulación y la intermediación. Las grandes empresas que quieran sobrevivir solamente lo harán si ligan su suerte a la del capital financiero internacional.

Para poder gobernar, Uribe ha montado un gigantesco escenario clientelista. En primer término, sus bases son los consejos comunitarios, donde promete de todo, y todavía mucha gente confía –aunque cada vez menos– que cumplirá al menos algunos de sus ofrecimientos. En segundo lugar, está la repartición de los puestos gubernamentales, de la cual la feria de cargos en el exterior es apenas la punta del iceberg. Y en tercer lugar, se encuentra la inmensa capacidad de sobornar al Parlamento con fuertes recursos presupuestales, los cuales le aseguran al gobierno que –por más divisiones y pugnas que haya en el uribismo– a la hora de la repartición todos hagan causa común y silencien las críticas. No importa qué intereses defiende cada facción del partido de gobierno; cuando el jefe llama a la disciplina, y más si ésta se aceita con jugosos recursos, las mayorías uribistas hacen prevalecer su apetito y votan por los proyectos gubernamentales. Así se aseguró el éxito del proyecto de reelección. Algo parecido le ha sucedido a Uribe en materia de paz. Ahora tiene su Caguán en San José de Ralito, aunque sus propuestas no tienen ni pies ni cabeza. Según Pastrana, quiere aprovechar la fuerza de los paramilitares para la reelección. Pero al mismo tiempo la sociedad exige que los paramilitares se desarticulen, reparen y paguen sus delitos. El presidente quiere desactivarlos, pero simultáneamente redimirlos. Quiere reemplazar su papel por el de la fuerza del Estado, pero todos los días se le salen de las manos, hablan duro y no cesan sus operaciones. Quiere atacar el narcotráfico, pero al mismo tiempo legalizar sus posesiones. Un día habla el comisionado, al otro el vicepresidente, después el ministro del Interior y todos dicen cosas diferentes. Estados Unidos también quiere rendición pero con extradición. El rompecabezas no será fácil de armar y la opinión se aferra a la cada vez más frágil esperanza de que Uribe detendrá la violencia.

Mientras tanto, la oposición vive momentos prometedores. Entre las dos grandes corrientes de la izquierda se negocia la posibilidad de tener un solo programa, organización, candidato y listas únicas. La Gran Coalición Democrática, integrada por partidos políticos y movimientos sociales, ha coordinado luchas sociales y políticas unitarias, como la que derrotó el Referendo y la que ahora centraliza contra la reelección, la política económica del gobierno y el TLC. Del lado liberal se gesta un difícil proceso de reunificación que pretende asegurar la continuidad de las políticas oficiales en caso de que la propuesta de reelección no prospere; los protagonistas de este proceso serían antiguos adversarios como Samper, Gaviria, Serpa y Peñalosa.

La izquierda democrática tiene ante si el reto de promover una política que no solamente impida que Uribe sea reelegido sino que proponga una agenda distinta, saque al país del rumbo neoliberal, garantice la promoción del bienestar de la población, defienda nuestro aparato productivo y tome la mayor distancia de los apetitos recolonizadores de Washington.

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