Haber obtenido siete millones de votos por su reelección, apenas el 25 por ciento de los adultos en capacidad de votar, parece haber estimulado la arrogancia de Álvaro Uribe. Esta arrogancia no es visible en su modo coloquial de hablar, sino en su determinación para continuar y profundizar un conjunto de medidas que afectarán gravemente a la población y al país en su conjunto y –además– anunciarlas sin siquiera ruborizarse, como si el pueblo en forma indefinida le hubiera dado un cheque en blanco el cual puede usar arbitrariamente. Esta arbitrariedad es evidente en decisiones como la privatización parcial de Ecopetrol, que significa – además de cambiar la naturaleza de la empresa– transferir al sector privado una importante parte de las inmensas ganancias de la entidad y dar el primer paso para desnacionalizar una empresa estratégica que le reporta al gobierno más de 7 billones de pesos anuales, en momentos en los cuales la situación del mercado mundial asegura buenos precios. El anuncio de la venta de Corelca y la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, permitiría conseguir algunos dineros con los cuales se pueden tomar medidas asistencialistas, pero a costa de renunciar a ingresos futuros y dejar al país en la ruina cuando no haya nada que privatizar. En otros casos la cosa es más grave por la implicación personal del actual presidente, como ocurre en el Seguro Social. Es bien sabido que la Ley 100 que comenzó la privatización de la salud, fue seguida de sucesivas reformas dirigidas a debilitar al Seguro, el cual era visto por los prestadores privados como competencia en el ‘negocio’ de la salud. Todos los cambios se anunciaron como una forma de salvar la institución y todos condujeron a su debilitamiento, hasta el punto que la red pública hospitalaria colapsó y la salud de los colombianos sufre una verdadera catástrofe. Algo similar se hizo con Telecom y con Adpostal. Se adoptan medidas que debilitan las empresas, que fortalecen a sus competidores privados y que las llevan al marchitamiento. Después se las acusa de ineficientes, se las cierra o se las vende a un precio que no se puede comparar ni de lejos con lo que costaría crearlas nuevamente y –para rematar– se culpa a los trabajadores de la crisis. No va a ser fácil para el gobierno sostener durante cuatro años que esto se está haciendo en beneficio de los pobres y que constituye una ejemplar política social. A lo más que se llegará es a rematar el patrimonio público para atenuar la pobreza con políticas, remediales y temporales, que a lo más sirven para mantener a la población dependiendo de los poderes discrecionales del gobierno para repartir algunos mendrugos.

Otra línea anunciada en la acción del gobierno será el fortalecimiento del sector financiero, que hace mucho tiempo se recuperó de la crisis y que en los últimos años ha obtenido ganancias multimillonarias. Esta vez lo que se anuncia es poner a los sectores pobres –comenzando por las tiendas de barrio– a cotizar al sector financiero, permitiendo que se amplíe su radio de influencia. No hay que olvidar que las bonanzas del sector financiero se han edificado sobre la quiebra de la industria y del agro, de la expropiación de quienes compraron vivienda y del acceso privilegiado a los títulos emitidos por el Estado, cosa que permite a los especuladores simplemente sentarse a recibir los dividendos de un Estado que para resolver las afugias del momento ha multiplicado la deuda pública interna. Ahora el gobierno está descubriendo que quedan algunos sectores que no están cotizando para así aumentar las ganancias de la banca. No basta superexplotar a los obreros; van detrás de los subempleados y del sector informal, que es el único que ha crecido como una forma de sobrevivencia y rebusque de la población. Se ha anunciado también el trámite de una reforma tributaria; la más regresiva de los últimos 20 años y que gravará la canasta familiar, aumentará los impuestos indirectos y aliviará las utilidades de los grandes capitales, afectando de manera particular a los sectores medios. Toda esta política tiene un hilo conductor: la adecuación del país al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la profundización de unas reformas neoliberales que el TLC pretende volver irreversibles.

La arrogancia con la que se continúa este camino tan ajeno a los intereses de la nación, contrasta con la humildad y sumisión con la cual se relaciona el gobierno con Washington. Después de dos años de negociaciones y de haber concedido todo lo que EEUU pidió, el TLC parece empantanado e incluso reputados analistas hablan de su posible fracaso en el Congreso de esa potencia. Sin embargo, aunque sería pecar de ingenuos o de excesivamente optimistas pensar que quienes se benefician del TLC sean justamente sus enterradores, lo cierto es que el TLC tiene dificultades que provienen más que de una oposición demócrata a los TLC –la cual es débil– y de la inmensa impopularidad del gobierno de Bush, al cual Uribe ha amarrado su suerte. Efectivamente la corrupción, la ignorancia, la agresión a todo el que discrepe de sus opiniones, ha llevado a la opinión norteamericana a condenar a su gobierno y los demócratas ven allí una ventana para acercarse nuevamente al poder. En estas condiciones, ninguna de las iniciativas de la administración Bush tiene el futuro asegurado en el Congreso norteamericano. Haciendo caso omiso de ese hecho y con una interpretación basada en la creencia mesiánica en la omnipotencia de los individuos, es que Uribe se desconcierta cuando Bush no tramita el TLC o cuando acude a suplicar al secretario de Comercio de EEUU durante la toma de posesión del nuevo período del presidente colombiano que se agilice el TLC. Cierto que la población, confundida y temerosa, le dio un nuevo respaldo a Uribe, pero siete millones de votos no alcanzan para todo. Al gobierno de Uribe no le preocupa nada de esto y sigue empeñado en dar muestras cotidianas de adhesión a las políticas del Imperio. Si Bush está incomodo con Venezuela y Bolivia, ahí está Uribe para torcer el rumbo de la Comunidad Andina de Naciones en dirección favorable a Washington, tratando de crear un eje pronorteamericano en la región. Si en Washington existen círculos que cuestionan el Plan Colombia, la eficacia de la lucha contra los cultivos de coca, el proceso con los paramilitares e incluso presionan para que no haya Plan Colombia II, Uribe corre a fumigar La Macarena, a diligenciar nuevas extradiciones, a hacer ajustes en la reglamentación de la Ley de Justicia y Paz e incluso a simular que detiene a los jefes paramilitares. Pero de pronto esto no satisface a Washington, o a alguien allí se le ocurre que es la hora de extraer nuevas concesiones al gobierno colombiano y a lo inicuo del TLC se le añadirán nuevas condiciones que Uribe estará pronto a satisfacer. ¡Que arrogancia con los colombianos y que obsecuencia con Bush!

*** La guerra de Israel y su ocupación del sur del Líbano, donde opera el grupo Hezbollah, han sido presentadas como una actividad defensiva del Estado de Israel. Lo cierto es que Estados Unidos hace tiempo quiere arrodillar al régimen de Irán, el cual –además de poseer importantes reservas petroleras– se ha convertido en un obstáculo para la consolidación de la dominación estadounidense sobre la región. Esta se ha edificado a través de la guerra contra Irak y la hostilidad permanente contra el régimen sirio, pero también fortaleciendo su dominación y control sobre Arabia Saudita, Jordania y Egipto. El plan norteamericano de construir un ‘Nuevo Medio Oriente’, como lo reconoció la secretaria de Estado Condolezza Rice, lo ha llevado a mover sus fichas e Israel es la principal. Ya se sabe que la operación fue detalladamente consultada con Washington y se podría afirmar que fue dirigida desde allí. Se trata de seguir ‘reorganizando’ la zona, eliminando posibles aliados de Irán aun a costa de destruir una nación, actualmente El Líbano y en lo porvenir Irán o cualquiera otra que no se someta a los designios norteamericanos. La inmovilidad de las grandes potencias, la indecisión de los medios para expresar una clara condena en relación con los miles de muertos, la renuencia de muchos países a enviar los ejércitos ‘pacificadores’ y la parálisis de la ONU, mostraron nuevamente el inmenso y macabro poder de Estados Unidos.

El asunto dista mucho de estar concluido. Las milicias del Hezbollah no fueron derrotadas y del lado árabe varios cantan victoria. Muchos países árabes mostraron su debilidad ante la agresión, pero los pueblos de la región toman atenta nota del curso de los acontecimientos. Junto con la guerra contra Irak y Afganistán, esta operación forma parte de la lucha estadounidense por el control del petróleo y por colocar en una nueva situación colonial a toda la región. A pesar de que las potencias cantaron victoria y se habló de solución definitiva, en el mejor de los casos se ha pactado una tregua. En realidad Israel ha continuado sus agresiones, la fuerza militar de Hezbollah se mantiene, las potencias están renuentes a enviar tropas a mantener el statu quo y el nerviosismo y la ira se propagan en todo el mundo árabe.

Mientras se le siga impidiendo al Líbano construir una nación autónoma y se prive a los palestinos del derecho a forjar una patria, la inestabilidad continuará. El aventurerismo de Israel, que quiere precipitar las cosas, se suma a las dificultades mundiales de Bush y contribuye a su descrédito. Constituyen obligaciones de la hora persistir en la resistencia contra la agresión israelí, solidarizarse con el pueblo árabe y condenar este macabro ajedrez que se hace a costa de las naciones pobres.

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