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El gobierno de Uribe se obstina en iniciar la negociación de un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, si es que se puede llamar negociación la secuencia de rondas que en el breve lapso de un año atará el futuro de la economía colombiana –más allá de lo que establezca el programa de cualquier gobierno futuro– a los parámetros multiplicados de la apertura económica, que ya ocasionaron tremendos estragos en el país en los últimos tres lustros.

En realidad, la famosa negociación no será más que una pantomima. Las posiciones gubernamentales son de sobra conocidas y su actitud claudicante ante las exigencias norteamericanas es proverbial. Durante los seis años de negociaciones del ALCA, el gobierno ha mostrado sus débiles cartas, cediendo en cada una de las exigencias norteamericanas aun antes de sentarse a la mesa.

Eso fue evidente cuando, ante un regaño norteamericano, el Ejecutivo no tomó como base para la negociación arancelaria los aranceles consolidados ante la OMC sino los efectivamente aplicados, que son menores; cuando expidió un decreto que alargó por cinco años las patentes de los fármacos a las multinacionales, ante la amenaza norteamericana de no prorrogar el ATPDEA; cuando decidió no condicionar la apertura del mercado doméstico a la eliminación de subsidios por parte de Estados Unidos; y cuando se salió del Grupo de los 21, creado por naciones del Tercer Mundo en Cancún para exigir la eliminación de los subsidios al agro por parte de las potencias.

Para completar, en la reciente reunión del Comité de Negociaciones Comerciales, máxima instancia negociadora del tratado, realizada en Puebla, México, la administración de Álvaro Uribe apoyó totalmente las posiciones norteamericanas y no se solidarizó con las demandas de la mayoría de los países latinoamericanos cuando reclamaban fondos de compensación para contrarrestar el efecto de las ayudas norteamericanas a sus agricultores, y un trato diferencial para las economías atrasadas, entre otras demandas. En dicha reunión Colombia hizo causa común con catorce países que, encabezados por Estados Unidos, quieren un ALCA integral y rápido, tal como estaba diseñado originalmente.

Por otra parte, las aspiraciones colombianas en las negociaciones –en el mejor de los casos– consisten en mantener la mayoría de las preferencias comerciales que Estados Unidos otorga en el ATPDEA como compensación por los esfuerzos colombianos en la lucha por la erradicación de cultivos ilícitos y, a cambio de mantenerlas, acepta todas las condiciones que Estados Unidos quiera imponer en materia de compras estatales, inversiones, propiedad intelectual, políticas de competencia, etc. Esto significa que a cambio de poder ofrecer –que no necesariamente es vender– un poco de uchuva, chontaduro o plantas medicinales en el mercado norteamericano, Uribe está dispuesto a permitir el flujo incondicional de inversión norteamericana, tolerar que las empresas de ese país compitan ventajosamente con las nacionales en las compras y contratos que realice el Estado a todos sus niveles, y posibilitar que se eliminen los monopolios estatales pero no los privados, propendiendo por que se conviertan en actividades con ánimo de lucro servicios como la educación y la salud.

Los estudios que se han realizado, inclusive por parte del gobierno, son concluyentes: el Tratado Bilateral con Estados Unidos aumentará más las importaciones que las exportaciones, las importaciones de bienes agrícolas no disminuyen los precios al consumidor final, no existe en el país oferta exportable, las empresas no están preparadas para la competencia, la infraestructura y demás aspectos que garantizarían una capacidad competitiva del país son inadecuadas, perderíamos el mercado andino hacia el cual se dirigen nuestras principales exportaciones de manufacturas, quedaríamos reducidos a exportar productos básicos sin mayor elaboración, y el país estaría condenado indefinidamente a gravitar en forma colonial en la órbita estadounidense. No hay estudio, ni análisis, ni reclamo que conmueva la obstinación gubernamental. Los funcionarios repiten que por principio el libre comercio con Estados Unidos nos beneficiará y ni siquiera los análisis de la desastrosa experiencia mexicana los convencen. Ahora Hommes dice que a México le faltó liberar las telecomunicaciones y la energía, y que si nosotros nos embarcamos en reformas sustanciales antes de la firma de los tratados, estaremos en mejores condiciones de aprovecharlos.

Como producto de este enfoque se está acelerando el proceso de privatizaciones: el Banco Cafetero y Ecogas, entre otros, están en la mira. Se quiere asegurar las ganancias de los inversionistas extranjeros aun protegiéndolos de los cambios legislativos; se pretende asegurar la resolución de controversias con empresas transnacionales por medio de paneles internacionales; se modifica la legislación petrolera, extendiendo la vigencia de las concesiones y dando nuevas garantías a los inversionistas; y si no alcanza el tiempo, si se hacen necesarias nuevas ventas de activos estatales, reducción de su planta de personal o garantías para los inversionistas foráneos, entonces habrá que reelegir a Uribe para que continúe la obra.

Estados Unidos ha condicionado el inicio de las negociaciones a que se resuelvan los litigios de algunas empresas con inversionistas extranjeros. En el solo caso de Telecom, las demandas de las firmas extranjeras representan 1.615 millones de dólares: el doble de los gastos generales del Estado, cuatro veces los que se dedican a fomento industrial, más del doble de lo que ganaron las entidades de crédito el año pasado, y más de los 3,1 billones que vale todo el plan vial. El gobierno está pronto a satisfacer tales exigencias e inclusive a añadir más concesiones.

La tozudez en este propósito no se compadece con la crítica situación del país. A pesar de los pomposos anuncios oficiales sobre un crecimiento el año pasado superior al 3 por ciento, éste se debe en buena medida a la duplicación de ganancias por parte del sector financiero, pues los industriales se quejan reiteradamente de la falta de demanda para sus productos. El pago la deuda externa es insostenible y las exportaciones que han crecido son las de petróleo y carbón. El valor de nuestras exportaciones decrece, pues si bien su aumento fue del 9 por ciento según cifras oficiales, el volumen aumentó 26,7 por ciento, lo cual indica una disminución de los ingresos por cada tonelada exportada.

La aplicación de esa política económica y la crisis social que se está agudizando, con los 3 millones y medio de desempleados (por no mencionar el número mucho mayor de sub empleados e informales) y la multiplicación de la pobreza, se complementan con la instauración de un Estado autoritario que busca prevenir y reprimir el descontento. Las reformas institucionales a las que aspira el presidente Uribe indiscutiblemente tienen ese sello: la disminución de los alcances de la tutela, la iniciativa para que todos los colombianos sean empadronados, los esfuerzos por controlar la rama judicial desde el Ejecutivo. El peligroso clima de unanimismo, los esfuerzos por crear una partido uribista, la idea de la reelección o prórroga del mandato presidencial, representan un intento autoritario para –con la excusa de luchar contra el terrorismo– golpear aun más las ya maltrechas libertades democráticas y despojar al pueblo de la posibilidad de luchar contra el yugo que se le impone. Las medidas que se están adoptando y las que se anuncian deterioran aceleradamente el nivel de vida de la población. Se profundiza la privatización de la salud, anunciando la disminución del alcance del Plan Obligatorio de Salud, POS. Se elevan los precios de las consultas médicas en las EPS. Se plantea una nueva reforma pensional para disminuir la ya insignificante pensión que sólo una minoría de la población percibe. Se eliminan los subsidios en las tarifas de servicios domiciliarios para los pocos sectores que aun las mantenían y que son los más vulnerables. Se acentúa la deslaboralización, es decir la eliminación de la contratación directa en forma indefinida, sustituyéndola por decenas de formas de subcontratación cuyo denominador común es la disminución del salario, la eliminación de las prestaciones y la destrucción de las organizaciones sindicales. La reforma tributaria que se está cocinando por medio de una “acuerdo político” entre los mismos sectores uribistas, asegura nuevas cargas a la población e incluso la revaluación del peso –que no puede contenerse sin alterar todo el modelo económico, dependiendo de las decisiones norteamericanas en materia de tasas de interés– está disminuyendo la capacidad competitiva de las exportaciones.

Afortunadamente, el movimiento popular parece estar saliendo del marasmo a que lo condenaron la mezcla de la violencia, la ofensiva antisindical, la dosificación de las reformas y las ilusiones de algunos sectores en la concertación con un gobierno autista, que solamente dialoga con quienes comparten su posición y siempre y cuando pueda montar un espectáculo mediático para dar a la población una falsa seguridad que día a día se desvanece.

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