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Editorial: La apariencia y la esencia

Jun 15, 2009

Para todo el país han resultado escandalosas las revelaciones hechas en el curso del proceso con los paramilitares. Los hechos que han sido dados a conocer infunden asombro y horror, pero al parecer apenas son una mínima parte de la realidad. Han quedado totalmente claros los múltiples lazos entre las fuerzas militares y los paramilitares, […]

Para todo el país han resultado escandalosas las revelaciones hechas en el curso del proceso con los paramilitares. Los hechos que han sido dados a conocer infunden asombro y horror, pero al parecer apenas son una mínima parte de la realidad. Han quedado totalmente claros los múltiples lazos entre las fuerzas militares y los paramilitares, así como su complicidad con centenares de asesinatos y masacres, lo que se ha puesto de manifiesto –entre otras– por la comprobación de que durante la mayor parte del primer gobierno de Uribe el DAS, principal agencia de inteligencia del Estado, estuvo al servicio de los paramilitares de la costa. Mientras tanto, el presidente Uribe, comandante de las Fuerzas Armadas, quien ha dirigido personalmente las operaciones militares de la “seguridad democrática” y mirado con lupa la composición de la cúpula militar –modificándola en varias oportunidades– afirma que es el único que no sabía lo que pasaba en su ejército. También se han comenzado a destapar los compromisos de importantes miembros de la clase política de varios departamentos con las acciones de tales bandas y con el narcotráfico, y a medida que se revelan nuevos nombres se comprueba que Uribe no hubiera sido elegido sin los importantes apoyos electorales de todos estos políticos. Varios jefes regionales de sus campañas electorales y funcionarios diplomáticos como el ex embajador en Chile están siendo buscados por la justicia. Resultan incontables los casos de desvío de fondos públicos para engrosar las arcas de los paramilitares y el patrimonio personal de gamonales regionales, quienes así mismo auspiciaron sus acciones corruptas y bárbaras.

Todo lo comentado tiene tal magnitud, tal extensión, tal crueldad y fue denunciado durante tantos años por los afectados y las organizaciones de derechos humanos, que resulta imposible creer que quienes han gobernado al país durante los últimos años hayan desconocido estos acontecimientos, los cuales en su mayor parte eran de dominio público entre los habitantes de las respectivas regiones.

El llamado proceso de paz con los paramilitares apenas está comenzando a destapar lo sucedido, pero no está garantizado que se conozca todo y mucho menos que se consiga una paz efectiva, con justicia y reparación. Evidentemente la reacción gubernamental ante las barbaridades de la guerrilla fue a costa de sacrificar a miles de inocentes, violar los derechos humanos de poblaciones enteras y debilitar aún más al Estado al cual se pretendía defender. Se creó una situación en que para combatir a la guerrilla valía todo. La pobreza y el desplazamiento se generalizaron en el campo y hubo una fuerte concentración de la propiedad de la tierra. Simultáneamente, dineros oscuros se pasearon orondos por el sistema financiero, afectaron la construcción y fueron decisivos en el ingreso de dólares al país, alterando todas las variables macroeconómicas.

Por su parte, el gobierno de Bush se hizo el de la vista gorda con el tema de los paramilitares y los derechos humanos, pues se beneficiaba ampliamente de la política económica de los anteriores gobiernos y especialmente con la de Uribe. Al fin y al cabo, después las carnicerías que ha promovido con la invasión a Irak y Afganistán, no se le puede creer que tuviera alguna clase de escrúpulos.

Este proceso violento ha sido paralelo y complementario a la plena instauración de la política neoliberal. En los mismos años en que se desenfrenaban los paramilitares se vivió el auge de las privatizaciones, el desmonte del apoyo del Estado a la salud y a la educación superior, la desnacionalización de muchas empresas de servicios públicos, la privatización total del sector financiero y en todo ello Uribe Vélez, el vecino de Mancuso en Córdoba, ha tenido un papel protagónico. Al parecer lo que se está queriendo hacer es dar una apariencia de institucionalización en un intento por incorporar estas fuerzas paramilitares, con sus miembros y dineros, a la vida nacional. Esto implica legalizar la posesión de dineros y tierras de las cuales se apoderaron y aceptar tan solo un cierto grado de confesión de sus delitos, pero no tanto como para que se destape la verdadera y total complicidad de muchísimos miembros de la clase dirigente y de los políticos tradicionales con este proyecto. Se trata de salvar el proyecto neoliberal que puede naufragar en medio de la ilegitimidad que rodea a sus gestores. No cabe duda que el ascenso de todos estos sectores al poder del Estado y su control de la política local, han configurado un proyecto político completo en el cual el primer mandatario ha sido la figura central, hasta el punto –y sin estar muy lejos de la verdad– que se habla de un Estado mafioso.

Sin embargo, al examinar los resultados económicos de la gestión de Uribe, si indagamos al servicio de quién y con qué objetivos está gobernando, el asunto se aclara mucho más. La clave la destapó Julio Mario Santodomingo, quien manifestó que el gobierno lo ha hecho muy bien y debe reelegirse para un tercer mandato. Es que los hechos no mienten. Ha habido una masiva transferencia de bienes del Estado al sector privado, un fortalecimiento de las ganancias del sector financiero, fuertes beneficios para los intermediarios –principalmente extranjeros– que se han apoderado o lo están haciendo de las grandes cadenas comerciales, la banca y muchas empresas industriales y –finalmente– la suscripción del TLC con Estados Unidos, el cual garantiza la irreversibilidad de tales políticas y el encadenamiento definitivo del país a la economía gringa. Con semejantes ejecutorias en beneficio de la oligarquía y las multinacionales, y con su talante autoritario y su habilidad clientelista para convertirse en el supremo repartidor de subsidios, auxilios y privilegios, no es previsible que ni los cacaos ni los gringos le quiten su apoyo.

Mientras que Uribe hace toda clase de piruetas para tornar digeribles las monstruosidades de los paras, los cacaos le desean la mejor de las suertes y saben que sólo alguien con la popularidad del Presidente puede hacerlo. Mientras que los capos se encuentran en la mira de la opinión pública nacional e internacional y están ‘medio presos’, los verdaderos usufructuarios de las políticas de Uribe se dedican alegremente a los negocios y los grandes empresarios y las multinacionales están felices con su gestión. Para Estados Unidos la situación es la ideal: tienen a un gobierno dócil, obediente, chantajeable y débil, al cual pueden imponer cualquier cosa. Uribe recibe las presiones e imposiciones como un premio y –en medio de todo– se debilita la capacidad del Estado de promover políticas autónomas, se arrodilla y/o amedrenta a la clase política y las transnacionales se anexan los negocios de los colombianos y se apoderan de los recursos naturales.

Manteniendo la apariencia de un sometimiento de los delincuentes, lo que Uribe busca es hacer lo menos dolorosa la legalización de los bienes de los narcotraficantes y paramilitares, salvar la próxima generación de esta estirpe y tratar de juntarla con la oligarquía tradicional. No sabemos si los hijos de Mancuso se casarán con los de don Julio Mario; realmente hay que dudarlo, pero posiblemente los nietos sí.

Los fuegos artificiales del “proceso de paz” indican que Mancuso tiene por el cuello y chantajeado al establecimiento, pero quienes realmente tienen por el cuello al país son los usufructuarios de las políticas de Uribe, los beneficiarios del modelo económico. La aventura paramilitar quedará como un episodio nefasto en la historia política de Colombia, pero la dominación norteamericana está siendo grabada con letras de fuego y se está sacrificando el patrimonio estatal, la producción agraria e industrial y el bienestar de la población. La lucha por el esclarecimiento de los hechos criminales debe acompañarse de un combate por la soberanía y contra el TLC, las privatizaciones y demás políticas neoliberales.


A partir de la presente edición, Deslinde introduce una nueva sección denominada Artes & Letras. Ella es dirigida por el poeta Santiago Mutis e incluirá diversas manifestaciones de la creación artística –poesía, cuentos, crónicas, artes plásticas, música, etc.–, así como análisis, comentarios y noticias atinentes a esta misma temática. Hemos considerado importante ampliar en nuestra revista el espacio dedicado a la cultura, con el propósito de compartir con el lector el trabajo de aquellos artistas que a través de su quehacer le han apostado a la renovación de las estructuras intelectuales, políticas y sociales, convencidos de que el arte no es un asunto únicamente estético. Esperamos sea de su agrado.

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