En julio de 1998 vino a Colombia una misión «rutinaria» del FMI y se entrevistó con el ministro saliente Urdinola y el entrante Juan Camilo Restrepo, quien señaló que el país necesitaba un ajuste severo pero no de choque porque este implicaría múltiples sacrificios sociales, tales como congelar salarios, eliminar subsidios a los servicios públicos, elevar las tasas de interés y podar la burocracia. Los funcionarios del Fondo manifestaron sus preocupaciones, señalando que era necesario adoptar un conjunto de políticas que incluían: bajar la inflación en lo posible a un dígito; disminuir el déficit fiscal máximo al 5% del PIB, imponiéndose para este propósito eliminar los regímenes especiales de Ecopetrol, las Fuerzas Militares y los maestros; revisar las transferencias, otorgándole más responsabilidades a los departamentos y municipios; reajustar lo mínimo posible los salarios públicos. Y en el campo tributario el FMI exigía: eliminar exenciones, generalizar el IVA, ampliar la base tributaria y reducir la evasión, vigilar el sistema financiero, monitorear todos los indicadores para actuar a tiempo, eliminar subsidios en los servicios públicos, seguir con las privatizaciones y fortalecer la descentralización. Estas recomendaciones «rutinarias» despertaron, a comienzos del gobierno, una polémica sobre la naturaleza y causas del déficit fiscal, el cual se encontraba en el centro de las preocupaciones del FMI. Los críticos de la política gubernamental afirmaron que la corrección de déficit era un asunto complejo, pues sus causas estaban en la misma apertura económica iniciada a comienzos de la década. De hecho, la dificultad de reemplazar los ingresos provenientes de aranceles por los provenientes del IVA, la parálisis de la actividad productiva, los elevados intereses de la deuda pública y las transferencias territoriales establecidas constitucionalmente eran –todos– factores integrales del déficit, sobre los cuales el gobierno no podría tener mayor discrecionalidad, a menos que se apartara del esquema de la apertura económica. A pesar de que desde mediados de 1998, si no antes, estaba totalmente explícita la dirección en que el FMI quería enrutar la economía colombiana, el 20 de diciembre de 1999 el gobierno firmó un acuerdo con esa entidad, el cual se convirtió en condición para que la banca internacional multilateral y privada preste dineros a Colombia En este sentido, el acuerdo lo que hace es forzar el endeudamiento y dar mayores garantías a la inversión extranjera, pero también condiciona gravemente el conjunto del presupuesto nacional. Este artículo, que forma parte de la segunda edición corregida del libro «Lo que oculta la privatización», próximo a salir al mercado, analiza el lesivo acuerdo con el FMI, dentro del marco de la política neoliberal del actual gobierno.´
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