EL CAFÉ: TRAGO AMARGO

Mar 18, 2013

Amylkar Acosta, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. www.amylkaracosta.net  LA CRISIS CAFETERA El paro de los cafeteros puso en jaque al Gobierno nacional, fueron doce días […]

Amylkar Acosta, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. www.amylkaracosta.net 

LA CRISIS CAFETERA

El paro de los cafeteros puso en jaque al Gobierno nacional, fueron doce días durante los cuales se puso a prueba la capacidad de la Federación de cafeteros y del mismo Gobierno para encauzar sus demandas en procura de apoyo para enfrentar la peor crisis a la que se han visto avocados en décadas. Como nos lo recuerda el ex ministro Carlos Caballero Argáez, “el mundo cafetero de los sesenta años que transcurrieron entre los treinta y los ochenta del siglo pasado desapareció en 1989, cuando concluyó la era de los acuerdos internacionales del café, que se había iniciado en 1941. Esos acuerdos permitieron mantener altos los precios del grano mediante un esquema que establecía un precio de sustentación, retenía café en las épocas de precios bajos y lo soltaba cuando estos se elevaban”[1].

Desde entonces el café y los cafeteros quedaron a merced de un mercado imperfecto y expuesto a las presiones especulativas que le han imprimido una gran volatilidad a sus precios en la lonja internacional. A guisa de ejemplo, en febrero de 2012, por cada saco de café físico que se transó en el mercado se transaron 70 en el mercado de futuros. Así, en febrero de 2012, por cada saco de café físico que se transó en el mercado se transaron 70 en el mercado de futuros. Ah tiempos aquellos, dirán aquellos que siguen creyendo que todo tiempo pasado fue mejor.

Pero llama poderosamente la atención el hecho que, como lo acota un estudio del Banco de la República, “Colombia fue, tal vez, el único país que no logró aprovechar las ventajas y neutralizar las desventajas del rompimiento del Acuerdo mundial del café y el Pacto de cuotas en 1989”[2]. Prueba de ello es que entre 1989 y 2011 mientras Colombia perdió 7 puntos porcentuales de su participación en la producción mundial Brasil en cambio aumentó la suya en 13 puntos porcentuales. Y ello en un mercado en expansión, en un contexto en el que si bien aumentó la producción en ese mismo lapso de 90 millones a 131 millones de sacos, también aumentó en forma directamente proporcional el consumo y la demanda de este bebestible. Cabe preguntarse cuál fue el motivo para que los cafeteros colombianos no corrieran con la misma suerte de sus pares en otras latitudes.

El café llegó a tener tal importancia que al dar cuenta del comportamiento del PIB los reportes del DANE hacían notar la diferencia del crecimiento del mismo con trilla de café o sin trilla de café. Hoy, como lo dice el ex ministro “el café, quiérase o no, es un cultivo más, como las flores o el banano”[3], así de sencillo. Como nos lo recordó el propio Presidente de la República Juan Manuel Santos en su discurso en el acto especial con motivo de los 85 años de existencia de la Federación Nacional de Cafeteros, “hemos pasado de una participación porcentual de nuestro grano en el mercado mundial, de más del 15% en 1980, a apenas el 6.2% el año pasado”[4]. Colombia por muchos años fue prácticamente monoexportador de café, hasta que el renglón petrolero lo desbancó como primer producto de exportación y mayor generador de divisas. Eran los tiempos aquellos en los que los cafeteros a través de la poderosa Federación Nacional de Cafeteros ponían y quitaban presidentes, tenían asiento propio en la Junta Monetaria y a través de esta influían en la fijación de la tasa de cambio.

En las décadas del 60 y 70 las exportaciones de café llegaron a representar hasta el 20% del total, finalizando la década del 70 la caficultura tenía un peso en el PIB agropecuario del 25%. No obstante, ya para el año cafetero 2008/2009 a duras penas representó el 6.8% y en 2011/2012 6.3%, siempre a la baja y hoy en día sólo representan el 5% del total de las exportaciones colombianas.

LA TORMENTA PERFECTA

A partir de la abolición del Pacto cafetero el negocio del café es a otro precio, sobre todo después del desmonte de la banda cambiaria en la administración Pastrana, condición esta impuesta por el FMI e implementada dócilmente por el entonces Ministro de Hacienda y hoy Ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo[5]. Desde entonces la tasa de cambio se ha convertido en el dolor de cabeza para los caficultores, como para los demás productores nacionales que se han visto afectados en los últimos años por la revaluación del peso frente al dólar. La caficultura en particular y la agricultura en general, al igual de la industria manufacturera, se han visto diezmadas por la enfermedad holandesa que ha traído consigo la reprimarización de la economía nacional[6]. La minería y los hidrocarburos han  terminado desplazándolas y arrumándolas. Basta con señalar que la tasa de cambio del peso con respecto al dólar tuvo una apreciación del 24.58% entre el mes de marzo de 2009 y noviembre de 2012. Y la tendencia se mantiene; si bien en los dos primeros meses de este año dicha tasa ganó 2.61%, en el mes de marzo se revirtió dicha tendencia y volvió a la baja. Después que la cotización del dólar superó la barrera psicológica de los $1.800, el día de ayer cerró al $1.707.28, con tendencia a la baja, alejándose de la llamada “tasa Cárdenas”, en alusión al deseo del Ministro de Hacienda, de $1.900.

Pero, lo más grave ha sido la confluencia de la revaluación del peso con la caída de los precios  y de la producción. En efecto, después de haber alcanzado unos niveles de precios atractivos y remunerativos en 2011 los cafés suaves colombianos, alcanzando el máximo pico en 34 años entre marzo y mayo de dicho año, el precio record de US $3.29 la libra –rozando los US $3.32, que ha sido el máximo histórico, del 14 de abril de 1977, debido fundamentalmente a un déficit de oferta en el mercado internacional y una súbita baja en los inventarios. El año 2011 cerró a la baja, con un precio de US $2.5 la libra, presionado a la baja en gran medida por la larga y profunda crisis de la Unión Europea, así como también por la lenta recuperación de la economía estadounidense. Ya para  abril de 2012 el café se cotizaba a US $1.75. Y hablando de precios, por fortuna son cada vez más las fincas cafeteras que se han enfocado hacia la producción de cafés especiales, de origen, café orgánico y el denominado café gourmet, que tienen un nicho propio cada vez mayor en los mercados internacionales, cuyos  consumidores están dispuestos a pagar una prima sobre el precio de los mismos.

Entre enero de 2005 y marzo de 2011 los cafeteros pudieron contrarrestar el efecto de la revaluación con el repunte de los precios del grano; pero en los últimos dos años el desplome de los precios en la Bolsa de Nueva York cayó desde los US $2.72 la libra a US $1.46. La cotización del día de ayer fue de un lánguido US $1.38 la libra. En cuanto a la producción ésta ha venido cayendo ostensiblemente; Colombia pasó de producir 17 millones de sacos de café en 1993 a sólo 7.6 millones en 2012, la menor en 30 años, de tal suerte que no pudo aprovechar la coyuntura de altos precios por la caída en la producción. Colombia pasó de ser el segundo productor y exportador de café del mundo después de Brasil (según la Organización Internacional de café, produjo 43.5 millones de sacos en 2011) al cuarto lugar con 7.6 millones de sacos, superada por Vietnam (24.1 millones de sacos) e Indonesia (8.6 millones de sacos), mientras que Perú nos viene pisando los talones.

Y lo que es peor, después de ser exportadores hemos pasado a ser importadores del grano, nuestro producto insignia: según informe del mercado cafetero mundial, del Departamento de Agricultura de EEUU, “Colombia depende de las importaciones de grano de Ecuador y Perú, para abastecer casi el 90% del consumo interno, frente a sólo el 20% antes de la caída de la producción”[7]. Increíble, pero cierto, no sólo hemos perdido participación en el mercado internacional del café sino que hemos venido perdiendo el mercado doméstico. Huelga decir que la contribución cafetera que pagan las importaciones y recauda la Federación de cafeteros no deja de ser un incentivo perverso de las importaciones de café al país. Dicho sea de paso, poco o nada viene haciendo la Federación de cafeteros para ampliar y profundizar el mercado interno, que permanece estancado en un consumo de 1.8 kilos por persona al año – un tercio del consumo en Brasil – y será muy difícil lograrlo mientras se siga abasteciendo con café de pésima calidad, como los que se importan o simplemente reciclando la pasilla para producir café instantáneo. Y mientras tanto seguimos alardeando y chicaneando  inútilmente con el cuento que producimos “café excelso tipo Federación”, el mejor y más sabroso del mundo!

ATRAPADOS SIN SALIDA

Así las cosas, la caída en simultánea del nivel precios y del tamaño de la cosecha, del 40% en ambos casos, aunado al impacto de la revaluación  (menos pesos por dólar) condujo a que los cafeteros produjeran el café a pérdida. Esta situación se tornaba insostenible, dado que al caficultor (96% de ellos pequeños productores) le ha tocado vender la carga de café por debajo de lo que le cuesta producirlo. Ellos, como todos los demás sectores productivos afectados por la revaluación le han pedido en todos los tonos al Gobierno que trate de contener la presión revaluacionista sin encontrar eco. El Presidente de la República por fin se pellizcó al percatarse tardíamente que la revaluación “comienza a golpear el crecimiento del país”[8] y le pidió ayer a los miembros de la Junta directiva del Banco de la República que deberían ser más “creativos”, para no decir agresivos, en sus intervenciones para lograrlo, dada la timidez de las medidas que hasta ahora han tomado y que por ello mismo han resultado inocuas.

Ante el efecto arrasador de la revaluación del peso, primero fueron los textileros, los confeccionistas los que solicitaron y obtuvieron del Gobierno una protección arancelaría. Ahora el turno era para los caficultores, que después de 12 días de paros y protestas obtuvieron de parte del Gobierno unas medidas compensatorias, las cuales les servirán de lenitivos para poder sobreaguar por ahora. Se trata de un subsidio al precio denominado Apoyo al Ingreso de la Caficultura (AIC), mediante el establecimiento de una banda de precios que oscila entre los $600 mil y $480 mil la carga, $145 mil por carga, cuyo costo es de $600 millardos, con cargo al Presupuesto General de la Nación.

No han faltado los críticos de esta subvención a los cafeteros por considerar que esta es una transferencia de ingresos provenientes de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes a un sector “privilegiado” de la economía, pero son los mismos que callan como ostras frente a los efectos de una reforma tributaria como la aprobada a finales del año pasado, que le significó a 500 mil contribuyentes de la clase media, cuyos ingresos se derivan de un sueldo, salario u honorarios, más no de dividendos, el pago de $3.2 billones adicionales a los $2.6 billones que venían pagando, todo para cubrir el hueco fiscal que significó la reducción del impuesto de renta para las empresas del 33% al 25% y el alivio para ellas de la supresión de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y la cotización en salud[9]. En el caso del café y de los cafeteros, esta pela que se da el Gobierno tiene un atenuante y es que por muchos años los caficultores contribuyeron con buena parte de sus ingresos al Fondo Nacional del Café, cuyos recursos siempre estuvieron a disposición del Ministro de Hacienda de turno. De manera que en este caso el Gobierno le está retornando a los caficultores sólo parte de los recursos que enantes había recibido de parte de ellos.

EL PROBLEMA ES ESTRUCTURAL

Pero esta es una medida de emergencia, transitoria, que no toca el problema estructural que tiene que ver con la competitividad. Bien dijo el Nobel de Economía Paul Krugman que en materia de competitividad la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. Y allí es donde viene fallando la caficultura colombiana. En Colombia no sólo no se ha progresado en productividad y competitividad sino que se ha retrocedido en este como en los demás sectores productivos. Es así cómo a pesar de haber aumentado un 4.1% en el área sembrada de café entre 2002 y 2011 la producción, según la FAO, ha disminuido casi el 35% en el mismo lapso, al pasar de 980 kilos  a menos de 633kilos por hectárea de café verde, lo cual significa que ha venido cayendo a una rata del 3.5% anual. Ello contrasta con lo que se ha dado en Brasil aumentó sus rendimientos en más del 12%, pasando de 1.117 kilos a 1.257 kilos por hectárea – en los últimos 30 años amplió su frontera agrícola el 20% y la producción agrícola el 150% -; entre tanto Honduras pasó de producir 845 kilos por hectárea a 1.066, un alza mayor del 26%, un 3.2% anual; Perú y Guatemala también aumentaron su productividad en un 7.3% y 15.4%, respectivamente. Y hay un caso excepcional del cual Colombia tiene mucho para aprender: Vietnam tuvo una elevación de la productividad espectacular, al pasar de producir 1.420 kilos a 2.108 kilos por hectárea, un incremento del 5.8% anual, siempre para el mismo período considerado. Algo tuvieron que hacer ellos mejor que no hizo Colombia, para que su caficultura hubiera llegado a esta situación de postración que amenaza con arruinar a los caficultores. Y no estamos hablando de naderías, estamos hablando de la suerte de más de 500 mil familias que derivan su subsistencia de esta actividad.

SALIDA EN FALSO

Al Gobierno y a la Federación de cafeteros se les salió de las manos la airada protesta de los caficultores, encabezada por el Movimiento de la Dignidad Cafetera. Primero intentaron ignorarlo y subestimarlo, luego quisieron criminalizar la protesta insinuando que detrás de la misma estaba la guerrilla. Luego el Gobierno comete el más craso error al sentarse a “negociar” el paro con la Federación, que no estaba en paro, para terminar negociando, muy a su pesar, con los verdaderos líderes de la protesta, hasta arribar a un acuerdo – después de 30 horas de extenuante pulso entre el Gobierno y los cafeteros, con la mediación del Vicepresidente Angelino Garzón – que le puso punto final a las marchas y bloqueos que tenían virtualmente paralizado al país.  El Ministro del Interior Fernando Carrillo tuvo una salida en falso al declarar al término del paro que de esta manera había fracasado “el intento de una insurrección antisantista”[10].

La gran perdedora en este transe fue la Federación Nacional de Cafeteros, sumida en su peor crisis de legitimidad en sus 86 años, cuya relación con los comités de cafeteros, según sus voceros, se volvió “muy tenue y diluida”[11], su Presidente Luis Genaro Muñoz, que mostraron su inoperancia e ineptitud proverbiales y desde luego el Gobierno, que habrá de pagar el costo político de sus desvaríos y desaciertos. Fue tan torpe el manejo que se le dio a este conflicto por parte del Gobierno, que en lugar de apagar el incendio lo atizaron decretando un alza del combustible en el momento más álgido del mismo precipitando un paro de camioneros, que fue la otra pata que le salió al cojo. Claro, para sofocar las llamas del incendio que ellos mismos propagaron tuvieron que ceder también en este caso y al Ministro de Minas y Energía Federico Rengifo le tocó dar su brazo a torcer echando para atrás el alza de $159 en el precio del ACPM y congelándolo por tres meses. Esta es otra bomba de tiempo que queda allí inactiva por algún tiempo.

En medio del forcejeo con los indignados cafeteros y en momentos que no daba pie con bola, todo patidifuso, se le antojó al Presidente que su anuncio de la convocatoria de una “constituyente” cafetera iba a aplacar los ánimos exaltados. Pero no fue así, sus dirigentes no cayeron en este garlito. La solución del problema estructural pasa por repensar el sector, replantear las políticas públicas que le conciernen y, lo que es más importante, un cambio del fracaso modelo económico prevaleciente que tiene en calzas prietas a la agricultura y la industria y amenaza con desmantelar el aparato productivo nacional, que pasa por su peor momento. Y, desde luego, implica también una reingeniería de la Federación Nacional de Cafeteros, que se quedó anclada en el pasado, atravesada como mula muerta en el camino que hay que explorar para que el café recobre su importancia y se reencause por la senda de su recuperación y consolidación. Al fin y al cabo, como lo señala el sabio Albert Einstein, “locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes”.

En todo caso, frente a este siniestro de la desastrada economía cafetera cabe un juicio de responsabilidad, porque lo acontecido no es producto del azar ni tampoco del destino, sino fruto de una política equivocada. No faltará quien diga que es mejor dejar los Santos quieto, que no se trata de buscar culpables y todo termine como el caso del chasco que nos llevamos con el fallo de la Corte Internacional de la Haya, que después de la algarabía que provocó el Gobierno con el anuncio de la publicación de las actas de la Comisión Asesora de Relaciones internacionales para que se conociera la actuación de cada gobierno en dicho contencioso y la responsabilidad que les cupo, terminaron echándole tierra al asunto, arropándose todos con la misma sábana…y todos tan contentos. Es preciso, entonces, establecer por qué pasó lo que pasó, porque, como afirma el historiador Marc Bloch, “la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado”. Así de claro!

Riohacha, marzo 15 de 2013

www.amylkaracosta.net



[1] El Tiempo. Marzo, 9 de 2013

[2] Banco de la República. Borradores de economía. Carlos Gustavo Cano y otros. El mercado mundial del café y su impacto en Colombia.

[3] Idem

[4] wsp.presidencia.gov.co/prensa/2012/junio, 27 de 2012

[5] Amylkar D. Acosta M. Ajuste fiscal o desajuste estructural. 1999

[6] Amylkar D. Acosta M. La trampa de la reprimarización. Septiembre, 18 de 2011

[7] Portafolio. Cofee: World markets and trade. Marzo, 16 de 2013

[8] Portafolio. Marzo, 14 de 2013

[9] Amylkar D. Acosta M. Campanazo de alerta. Marzo, 1 de 2013

[10] El Tiempo. Marzo, 9 de 2013

[11] El Espectador. Marzo, 7 de 2013

Introducción

La segregación residencial es uno de los rasgos más persistentes en la configuración de las ciudades latinoamericanas. Bogotá se caracteriza por un orden residencial particularmente nítido, donde la localización del lugar de residencia de los hogares está estrechamente asociada a la posición socioeconómica (Alfonso, 2023a).

Tradicionalmente, el análisis de la segregación se ha centrado en indicadores objetivos como la localización de la población, la densidad o la distribución de ingresos. Partiendo de estos análisis que confirman la existencia de este fenómeno en la metrópoli nacional, se busca avanzar en la comprensión de cómo las desigualdades urbanas se traducen en la experiencia cotidiana de los habitantes. La forma en que las personas perciben su entorno ofrece una aproximación directa a cómo la estructura urbana condiciona la vida diaria (Guzman et al., 2025).

El presente documento de trabajo analiza la segregación residencial en Bogotá desde el punto de vista de las percepciones. Después de ofrecer una breve explicación sobre el concepto de segregación residencial y referenciar algunas mediciones existentes para Bogotá. Se examina a nivel de Unidades de Planeación Local (UPL), a partir de la Encuesta Distrital de Percepción (2025), el contexto socioeconómico de Bogotá. Luego se explora la relación entre la estructura de ingresos y la calificación al acceso a salud, educación, oportunidades laborales y espacios culturales. Finalmente se muestra la percepción de dos de sus principales estragos: el hambre y la movilidad. El análisis busca evidenciar que la segregación residencial también configura experiencias urbanas desiguales.

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1.     Segregación Residencial en Bogotá

La segregación residencial se define como un fenómeno socioespacial caracterizado por la distribución desigual de diversos grupos de población en el territorio urbano, manifestada a través de la proximidad física entre viviendas de grupos similares y la homogeneidad social de zonas específicas (J. M. Mayorga, 2019). Este fenómeno ha sido ampliamente abordado en la literatura urbana como un elemento estructurante del espacio de las metrópolis latinoamericanas, que hace referencia a la separación y a la acción de separar (Oberti & Préteceille, 2018).

Una de las primeras definiciones explícitas fue propuesta por White (1983), quien la describió como la “distribución desigual de los grupos sociales en el espacio físico”. Posteriormente, esta aproximación se profundizó al definirla como el “grado en que dos o más grupos viven separados unos de otros en diferentes partes del medio urbano” (Massey & Denton, 1988). Este enfoque fue el primero en ofrecer una metodología de medición de la segregación a partir de dimensiones como la uniformidad, exposición, concentración, centralización y agrupamiento.

Desde una perspectiva latinoamericana, Francisco Sabatini (2006) identifica tres dimensiones: la concentración espacial de los grupos sociales, la homogeneidad social de los vecindarios y el prestigio o desprestigio social de los barrios.

Desde un enfoque estructural, la segregación no se limita a describir un estado de separación, sino que se entiende como el resultado de dinámicas propias del modo de producción dominante. En este sentido, constituye una acción de separar en la que intervienen activamente grupos segregadores y segregados (Abramo, 2011; Alfonso, 2005; Oberti & Préteceille, 2018; Ruiz-Tagle, 2016).

En las metrópolis latinoamericanas, la segregación residencial opera como la principal variable de ajuste espacial del mercado de vivienda (Osorio, 2024). En este proceso interviene la renta de monopolio de segregación, entendido como el sobrecosto o “impuesto privado” que pagan las clases altas para garantizar la exclusividad y excluir a otros grupos sociales de sus vecindarios (Jaramillo, 2009).

Hombre pobre sentado frente a la Catedral Primada de Colombia

En Bogotá, este fenómeno presenta una configuración particularmente nítida en comparación con otras ciudades de la región, caracterizándose por la claridad de su orden residencial segregado (Alfonso, 2023a). Uno de sus rasgos más evidentes es la dualidad norte-sur: las clases altas se concentran en el norte y nororiente, en sectores como El Refugio, Chicó Lago, Santa Bárbara y Country Club, mientras que las clases populares se ubican principalmente en el sur y suroccidente, en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. La clase media, por su parte, se localiza predominantemente en un eje hacia el occidente y centro-occidente de la ciudad, en zonas como Teusaquillo y Galerías (Ibid).

Este patrón no es aleatorio, sino que responde a una segmentación del mercado de vivienda, el cual se encuentra dividido en 12 segmentos que van desde la vivienda informal hasta desarrollos de alta gama para las élites. Los productores inmobiliarios utilizan esta estructura para orientar sus decisiones de localización, reforzando así la segregación existente (Alfonso, 2023b).

Las desigualdades también se evidencian en los diferenciales de densidad urbana. Mientras vecindarios de altos ingresos como Chicó Lago presentan densidades inferiores a las recomendadas (0,7 veces), sectores populares como Diana Turbay alcanzan niveles críticos, llegando a 7,8 veces lo óptimo (Alfonso, 2023a).

En términos de medición, diversas metodologías han permitido cuantificar la magnitud de este fenómeno en la ciudad. Entre las principales se encuentran:

Índices de segregación por clases sociales (ISP, ISM, ISA): Propuestos por Alfonso (2023a), estos indicadores capturan el confinamiento de las clases sociales a nivel de UPZ a partir de variables como la posición ocupacional y el nivel educativo.

  • Clase popular (ISP): presenta un rango de 6,7 puntos, con La Flora como la zona más segregada (6,8) y Los Cedros como la menos segregada (0,1).
  • Clase media (ISM): registra un rango de 12,0 puntos, alcanzando su valor máximo en Parque Simón Bolívar – CAN y La Esmeralda (12,2).
  • Clase alta (ISA): muestra un rango de 5,5 puntos, siendo Ciudad Salitre Occidental el vecindario más exclusivo (5,5).

Índice de interacción o exposición: Mayorga et al (2020) estiman que la probabilidad de interacción entre clases es extremadamente baja. Un individuo de clase alta tiene una probabilidad de 0,004 de interactuar con uno de clase baja, mientras que en sentido inverso esta probabilidad es de 0,042.

Índice de disimilitud (Duncan): Duarte Mayorga et al (2013) calcularon un valor de 0,55 para Bogotá, indicando un alto nivel de segregación.

Densidad poblacional crítica: Sectores populares como Diana Turbay (7,8 veces), Patio Bonito (5 veces) y Bosa Occidental (47.643 hab/km²) concentran una sobreocupación severa, mientras zonas de altos ingresos como Chicó Lago (0,7) y Country Club (1,1) mantienen baja densidad, evidenciando que el 77,8% de las UPZ residenciales superan el umbral óptimo y consolidan un patrón de hacinamiento estructural en las clases populares (Alfonso, 2023a).

Estas configuraciones espaciales tienen efectos sociales profundos. La segregación genera “estragos” en las condiciones de vida de la población, tales como el hambre, el hacinamiento, la precariedad en la movilidad cotidiana y el empobrecimiento patrimonial de los hogares populares (Alfonso, 2023a; Alfonso & Osorio, 2025; J. Mayorga et al., 2017; J. M. Mayorga & Ortiz, 2020; Osorio, 2024).

Viviendas coloridas en ladera popular de Bogotá

2.     Metodología

Este documento se basa en el análisis de la Encuesta Distrital de Percepción (EDP) 2025, la cual cuenta con un diseño muestral amplio que permite realizar inferencias sobre las condiciones y percepciones de los hogares en Bogotá. Si bien en este ejercicio no se desarrollan estimaciones inferenciales, la representatividad de la encuesta permite identificar patrones territoriales robustos en la distribución de condiciones materiales y percepciones a nivel de UPL.

El análisis se estructura en tres momentos. En primer lugar, se presenta un contexto socioeconómico general de la ciudad a partir de la distribución de ingresos, la pobreza subjetiva y el estrato como proxy del acceso a servicios públicos a nivel de UPL. Este paso permite establecer la base material sobre la cual se configuran las desigualdades urbanas.

En segundo lugar, se examina la relación entre el nivel de ingresos y el acceso a servicios urbanos. Específicamente, se analiza cómo varía el acceso a salud, educación, oferta cultural y oportunidades de empleo en función del porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV. El objetivo es identificar si existen patrones territoriales consistentes con el orden residencial segregado de la ciudad.

Finalmente, el análisis se enfoca en la dimensión subjetiva de la segregación, explorando la satisfacción de los hogares a partir de dos de sus principales “estragos”: el hambre y la movilidad cotidiana. Estos elementos permiten aproximarse a cómo las desigualdades estructurales se traducen en experiencias concretas de privación y limitación de oportunidades en la vida diaria.

Edificios residenciales de ladrillo en barrio de altos ingresos

3.     Condiciones socioeconómicas en Bogotá

En el caso de Bogotá, y posiblemente en otras ciudades latinoamericanas con altos niveles de segregación, la desigualdad urbana no solo estructura el territorio, sino también la forma en que este es percibido y experimentado. Las personas no nombran directamente la segregación, pero sí la viven y la interpretan mediante atributos como la seguridad, la belleza, la comodidad o la funcionalidad de los entornos que habitan. Cuando se analizan de forma sistemática las percepciones sobre el entorno construido, emerge con claridad que estas están profundamente determinadas por la estructura socioeconómica de la ciudad (Guzman et al., 2025).

En la Figura 1 se observa la distribución de los ingresos en Bogotá, evidenciando una estructura marcadamente concentrada en los tramos bajos y medios. El PIB per cápita de la ciudad se sitúa en aproximadamente USD 15.000 (DANE, 2024), cifra significativamente inferior a la de otras metrópolis del mundo como Nueva York (USD 110.000), Berlín (USD 70.000) y Beijing (USD 33.000), lo que da cuenta de una brecha sustantiva en términos de capacidad económica.

Figura 1
Gráfico de distribución de ingresos por UPL en Bogotá

No sé observa ninguna UPL en la que no se registren hogares con ingresos inferiores a un salario mínimo. En términos de distribución, el 16% de los hogares reporta ingresos por debajo de un salario mínimo, el 55,7% se ubica entre 1 y 2 salarios mínimos, el 19,7% entre 2 y 4 salarios mínimos, y apenas el 8,7% supera los 4 salarios mínimos. Esta estructura se expresa espacialmente en la concentración de los hogares de menores ingresos en las UPL Lucero, Usme–Entrenubes, Arborizadora, Tibabuyes y Centro Histórico, mientras que los hogares de mayores ingresos se localizan principalmente en Niza, Salitre, Chapinero y Usaquén.

Figura 2
Gráfico de pobreza subjetiva por UPL en Bogotá

La Figura 2 muestra la distribución de la pobreza subjetiva en Bogotá, evidenciando que el 16% de los hogares se autoidentifica como pobre. Este indicador permite captar dimensiones no monetarias del bienestar y percepciones asociadas a las condiciones de vida. A nivel territorial, la mayor concentración de hogares que se consideran pobres se ubica en las UPL de Lucero, Arborizadora, Torca, Usme–Entrenubes y Rafael Uribe.

Figura 3
Gráfico de estratos socioeconómicos por UPL en Bogotá

La Figura 3 presenta la distribución de los estratos socioeconómicos según la clasificación de los servicios públicos. Si bien este indicador tiene limitaciones como proxy del estatus socioeconómico, llama la atención que en el 16% de las UPL se registran hogares que reportan no tener acceso a servicios públicos, particularmente en Lucero, Centro Histórico, Bosa, Tibabuyes y Niza.

4.     Desigualdad en la percepción del acceso a servicios urbanos según nivel de ingresos

Una vez establecida la estructura socioeconómica de la ciudad, se procede a analizar cómo esta se traduce en el acceso percibido a los servicios urbanos. En este sentido, se examina la relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y los niveles de acceso reportados, con el fin de identificar patrones territoriales consistentes con el orden residencial segregado de Bogotá.

Figura 4
El gráfico compara estratos por UPL y permite observar concentración de estratos bajos en el sur y suroccidente.

En la Figura 4 se observa que a medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV en cada UPL, el puntaje promedio de acceso a servicios de salud disminuye de forma sostenida, evidenciando una relación clara entre condiciones económicas y capacidad efectiva de acceso. Este comportamiento se organiza espacialmente en un patrón de segregación territorial marcado, donde las zonas se agrupan de manera consistente según su nivel socioeconómico.

Se identifican territorios con alta satisfacción en el acceso a salud tales como Usaquén, Salitre y Niza, que corresponden a áreas de mayores ingresos; un grupo intermedio conformado por Engativá, Kennedy y Fontibón; y, finalmente, UPL con rezagos significativos como Bosa, Lucero, Arborizadora y Patio Bonito.

Figura 5
Gráfico relaciona ingresos bajos y oportunidades laborales por UPL

A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso a oportunidades laborales disminuye de forma sostenida, evidenciando una relación negativa entre condiciones económicas y acceso percibido al empleo (Figura 5).

El patrón territorial muestra extremos bien definidos. En las UPL con menor proporción de hogares de bajos ingresos (entre 20% y 30%), como Niza, Salitre y Usaquén, se registran los puntajes más altos de acceso, cercanos a 3,2–3,3. En contraste, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables (más del 80%), como Lucero, Arborizadora y Usme–Entrenubes, los puntajes descienden a rangos entre 2,75 y 2,9.

En particular, Lucero, Usme–Entrenubes y Arborizadora se ubican en el extremo más bajo del indicador, coincidiendo con los mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica.

Figura 6
La relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y el acceso a educación muestra un patrón negativo (Figura 6), aunque menos pronunciado que en salud y empleo. A medida que aumenta la proporción de hogares de bajos ingresos, el puntaje de acceso a educación tiende a disminuir, evidenciando una brecha territorial persistente. El comportamiento espacial mantiene la lógica del orden residencial segregado. En las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, se observan puntajes más altos de acceso, mientras que, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables, como Lucero, Arborizadora y Tibabuyes, se registran los niveles más bajos del indicador. No obstante, a diferencia de otros servicios, el acceso a educación presenta mayor dispersión entre territorios de ingreso medio, lo que sugiere una oferta más extendida o menos segmentada. El acceso a la oferta cultural y recreativa presenta una de las relaciones más marcadas con el nivel de ingresos (Figura 7). A medida que aumenta la proporción de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso disminuye de forma clara y sostenida, evidenciando una fuerte asociación entre condiciones económicas y disponibilidad de este tipo de servicios. A diferencia de otros ámbitos, este indicador muestra una de las mayores brechas territoriales, con una diferencia cercana a un punto entre los valores más altos y más bajos (aproximadamente entre 2,7 y 3,7). Este rango evidencia una segmentación más profunda en el acceso a bienes culturales y recreativos, que no solo depende de la oferta urbana, sino también de la localización y las condiciones socioeconómicas de los hogares. El patrón territorial refuerza la lógica del orden residencial segregado. Las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, concentran los puntajes más altos, mientras que territorios con alta vulnerabilidad, como Arborizadora, Bosa y otras zonas del sur y suroccidente, presentan los niveles más bajos de acceso.

La relación entre el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y el acceso a educación muestra un patrón negativo (Figura 6), aunque menos pronunciado que en salud y empleo. A medida que aumenta la proporción de hogares de bajos ingresos, el puntaje de acceso a educación tiende a disminuir, evidenciando una brecha territorial persistente.

El comportamiento espacial mantiene la lógica del orden residencial segregado. En las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, se observan puntajes más altos de acceso, mientras que, en territorios con alta concentración de hogares vulnerables, como Lucero, Arborizadora y Tibabuyes, se registran los niveles más bajos del indicador.

No obstante, a diferencia de otros servicios, el acceso a educación presenta mayor dispersión entre territorios de ingreso medio, lo que sugiere una oferta más extendida o menos segmentada.

El acceso a la oferta cultural y recreativa presenta una de las relaciones más marcadas con el nivel de ingresos (Figura 7). A medida que aumenta la proporción de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, el puntaje de acceso disminuye de forma clara y sostenida, evidenciando una fuerte asociación entre condiciones económicas y disponibilidad de este tipo de servicios.

A diferencia de otros ámbitos, este indicador muestra una de las mayores brechas territoriales, con una diferencia cercana a un punto entre los valores más altos y más bajos (aproximadamente entre 2,7 y 3,7). Este rango evidencia una segmentación más profunda en el acceso a bienes culturales y recreativos, que no solo depende de la oferta urbana, sino también de la localización y las condiciones socioeconómicas de los hogares.

El patrón territorial refuerza la lógica del orden residencial segregado. Las UPL de mayores ingresos, como Niza, Salitre y Chapinero, concentran los puntajes más altos, mientras que territorios con alta vulnerabilidad, como Arborizadora, Bosa y otras zonas del sur y suroccidente, presentan los niveles más bajos de acceso.

Figura 7
Gráfico relaciona ingresos bajos y acceso cultural por UPL

Los resultados muestran que a medida que aumentan los hogares con ingresoso menores a los 2 SMMLV, empeora el puntaje otorgado a el acceso a servicios urbanos. Salud, empleo, educación y oferta cultural no se distribuyen de forma homogénea, sino que siguen la misma lógica espacial del orden residencial de la ciudad. Aunque la intensidad varía, es más fuerte en empleo y cultura, y más moderada en educación, la tendencia es consistente en todos los casos. Esto sugiere que la segregación no solo define dónde vive la gente, sino también qué tan satisfecha se siente con la accesibilidad.

5.     Percepción de dos estragos de la segregación residencial en Bogotá

Las percepciones sobre el entorno urbano constituyen una dimensión central para comprender la habitabilidad de las ciudades. Más allá de los indicadores tradicionales, la forma en que las personas valoran su experiencia en la ciudad refleja condiciones materiales concretas. En este sentido, el análisis de percepciones ofrece una vía para entender cómo las desigualdades urbanas se experimentan en la vida cotidiana.

En contextos de alta segregación, como el de Bogotá, estas percepciones no se distribuyen de manera aleatoria, sino que están fuertemente condicionadas por la estructura socioeconómica del territorio. La evidencia muestra que la calidad percibida del entorno urbano presenta una marcada heterogeneidad espacial, con mejores valoraciones concentradas en zonas de mayores ingresos y peores condiciones en áreas periféricas y vulnerables (Guzman et al., 2025). En este marco, se analiza la percepción de dos de los principales estragos de la segregación residencial: el hambre y la movilidad cotidiana.

5.1. Hambre

En Bogotá, uno de cada diez hogares reporta que, por falta de dinero, en la semana previa al levantamiento de la encuesta algunos (moderada) o todos (severa) sus miembros no pudieron consumir las tres comidas diarias (Figura 8). La distribución espacial del hambre muestra un patrón claro. La inseguridad alimentaria se concentra en el sur y suroccidente de la ciudad, configurando una gradiente territorial consistente con el orden residencial segregado

Figura 8
Gráfico relaciona ingresos bajos y acceso a salud por UPL

No existe ninguna UPL donde el indicador sea cero. Incluso en zonas de altos ingresos como Teusaquillo, Usaquén o Niza se registran casos de hambre, aunque en niveles bajos. Esto indica que la ciudad no se divide entre territorios con y sin hambre, sino entre distintos niveles de incidencia: zonas de baja afectación, zonas intermedias y territorios en situación crítica.

En los casos más extremos, como Lucero, Arborizadora y Torca, cerca de uno de cada cuatro hogares enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria. En particular, en Lucero se observa una condición especialmente grave: uno de cada diez hogares reporta que ningún miembro pudo consumir las tres comidas diarias durante la semana anterior por falta de recursos.

Figura 9
Gráfico relaciona ingresos bajos y seguridad alimentaria por UPL

La Figura 9 muestra que la percepción de seguridad alimentaria presenta una relación negativa clara con el nivel de ingresos. A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV, disminuye de forma sostenida la percepción de seguridad alimentaria, evidenciando un gradiente socioeconómico consistente con el orden residencial segregado.

El patrón espacial muestra una concentración definida en la cola inferior del indicador. UPL como Lucero, Arborizadora, San Cristóbal y Usme–Entrenubes registran los niveles más bajos de percepción de seguridad alimentaria, coincidiendo con territorios de alta vulnerabilidad socioeconómica. En conjunto, estos resultados refuerzan que la inseguridad alimentaria no se distribuye de manera aleatoria, sino que sigue la estructura de desigualdad urbana

5.2. Movilidad

Como se observa en la Figura 10, en 23 de las 30 UPL urbanas, el transporte público es el principal medio de desplazamiento para más del 50% de los hogares, lo que refleja una alta dependencia de este modo en amplias zonas de la ciudad, particularmente en territorios de ingresos bajos y medios bajos. En contraste, en UPL de mayores ingresos como Niza y Usaquén, el uso del transporte privado (autos y motos) supera al del transporte público

Figura 10
Gráfico de medio principal de transporte por UPL en Bogotá

La relación entre el nivel de ingresos y el uso del transporte público muestra un patrón inverso al observado en el transporte privado (Figura 11). A medida que aumenta el porcentaje de hogares con ingresos menores a 2 SMMLV, se incrementa de forma sostenida la proporción de personas que dependen del transporte público como principal medio de desplazamiento.

Figura 11
Gráfico relaciona ingresos bajos y uso de transporte público

La relación entre el uso del transporte público y la satisfacción con el mismo evidencia un patrón inverso (Figura 12). A medida que aumenta la proporción de personas que utilizan transporte público como medio principal, la satisfacción tiende a disminuir de forma sostenida. Este resultado sugiere que los territorios con mayor dependencia de este modo enfrentan condiciones más precarias en la experiencia de movilidad.

Figura 12
Gráfico relaciona transporte público y satisfacción por UPL

Las UPL con mayor uso de transporte público tales como Lucero, Arborizadora, San Cristóbal y Usme–Entrenubes se ubican en los niveles más bajos de satisfacción, mientras que aquellas donde su uso es menor presentan valoraciones más altas. Para estimar la tendencia se excluyeron del cálculo las UPL donde el uso de transporte privado (autos y motos) supera al del transporte público, dado que estas presentan una lógica de movilidad distinta que podría distorsionar la relación observada.

En conjunto, los resultados muestran que la dependencia del transporte público en Bogotá está asociada a menores niveles de satisfacción, consolidando una brecha territorial en la experiencia de movilidad que padecen principalmente los hogares de menores ingresos.

Reflexiones finales

  1. La segregación no solo se mide, se percibe. Los datos muestran una relación clara entre ingreso y acceso a salud, empleo, educación y cultura. Pero lo más importante es que esa desigualdad también se refleja en cómo los hogares perciben sus oportunidades. En las zonas más vulnerables no solo hay peores condiciones objetivas, también hay una percepción más limitada de acceso.
  2. La segregación es material, pero también es una experiencia subjetiva cotidiana. La experiencia urbana está determinada por el lugar donde se vive. El porcentaje de hogares con ingresos bajos se asocia de forma consistente con peores percepciones en múltiples dimensiones de accesibilidad. Esto implica que la ciudad no ofrece una experiencia homogénea.
  3. El hambre no está focalizada, está extendida en toda la ciudad. Un hallazgo es que no existe una sola UPL sin presencia de hogares que pasan hambre. No es un problema de bolsillos aislados, sino ante un fenómeno distribuido en toda la ciudad. La diferencia entre territorios no es la existencia o no de hambre, sino su intensidad. La inseguridad alimentaria es una condición estructural, no excepcional.
  4. La movilidad evidencia una desigualdad en la experiencia de la ciudad. Los datos muestran un patrón claro: a mayor uso de transporte público, menor satisfacción con el transporte. Y ese mayor uso se concentra en las zonas con más hogares de bajos ingresos.  Esto implica que quienes más dependen del sistema son quienes tienen una peor experiencia.
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