Desarrollo rural sin tierra y desarrollo rural sin territorio son los dos pilares que configuran la política agraria del país en el actual Gobierno y en algunos otros que le precedieron.

De esta manera explicó el profesor William Chavarro –de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia–, parte de lo que sucede en Colombia con respecto al “Territorio, la territorialidad y los megaproyectos rurales”, tema central de la séptima sesión de la Cátedra Manuel Ancízar, llevada a cabo el pasado sábado 26 de abril.

“Cuando se hacen converger estos dos aspectos como una tenaza, se puede descifrar la política de especialización y de competitividad dirigida por el Gobierno nacional”, afirmó el docente.

Durante su intervención, Chavarro dijo que es importante entender la perspectiva territorial para comprender que la producción campesina no tiene un lugar en el marco del desarrollo en su concepto más convencional.

En ese sentido, aseguró: “Debemos saber cuál es el lugar de los campesinos en el modelo de desarrollo en el que está embarcado el país y una gran parte de las naciones a nivel mundial”, subrayó.

Menos tierra

Un ejemplo que clarifica esta situación se encuentra en la cantidad de tierra destinada a la producción agrícola. En 1985 se dedicaban cinco millones de hectáreas a esta actividad; seis años después, con la puesta en marcha de la conocida “apertura económica”, se dedicaban cuatro millones de hectáreas; y hoy, 23 años después, apenas tres millones.

La presentación de este docente es el resultado de un estudio adelantado desde el Laboratorio de Economía, Espacio y Poder, una iniciativa interfacultades de la Universidad Nacional.

Tras dos años de trabajo de investigación, una de las conclusiones principales es que la idea convencional de desarrollo ha logrado alinear a las economías de los diferentes países con todo y sus particularidades.

En el caso colombiano, uno de los aspectos detectados por el grupo es que los niveles de bienestar, ingreso monetario y estabilidad laboral, entre otros, no se cumplen en el país. Sin embargo, a nivel macro las cifras parecieran mostrar que sí existe un desarrollo como espera que suceda según la experiencia internacional.

“Se trata de una paradoja trágica, pues las gráficas macro muestran una cosa y en la realidad sucede otra totalmente diferente”, dice Chavarro.

Modelo de desarrollo

Por su parte, según Milton Pérez –uno de los investigadores vinculados al Laboratorio–, para comprender esta situación es importante conocer los discursos provenientes desde los organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) o el Banco Mundial, con relación al modelo de desarrollo vigente.

“A esto le hemos llamado ‘dispositivo programático de intervención’, que no es más que la observación de cómo la descarga teórica se va materializando en las instituciones internacionales desde el poder”, comenta Pérez.

Para entender el debate sobre lo rural, aseguran Chavarro y Pérez,  es necesario tener en cuenta tres referentes: la teoría económica, la institucionalidad del poder nacional (Dirección Nacional de Planeación, por ejemplo) e internacional (Banco Mundial, entre otros), y mirar la construcción del territorio y de lo rural desde las comunidades locales.

Megaproyectos rurales

De otro lado, Tatiana Roa –de la organización ambientalista Censat Agua Viva y otra de las invitadas a la Cátedra Manuel Ancízar–, centró su intervención en analizar cómo el modelo minero-energético y, en general, el modelo extractivista ha venido provocando un proceso agresivo del reordenamiento del territorio en el que gran parte de los suelos campesinos están copados por procesos de minería, petróleo, agroindustria, hidroeléctrica y los conflictos que emergen a medida que el modelo avanza.

Con respecto a los megaproyectos rurales, entre los que se encuentran los cultivos de palma, caña de azúcar, cereales o plantaciones forestales, Roa señaló que estos también afectan a la territorialidad del país.

Por ejemplo, en Puerto Gaitán (Meta) se combinan proyectos petroleros con agroindustriales, promovidos por la misma empresa (Pacific Rubiales). Como este, hay varios modelos en el Cauca y el Valle de Cauca; en la parte alta se produce salvajina para contener las aguas, desecar ciénagas y ampliar la frontera del cultivo de caña en esta región del país.

“Lo sucedido en Paz de Ariporo (Casanare) nos demuestra cómo el agua comienza a ser una disputa muy fuerte entre la agroindustria, los procesos campesinos y la industria petrolera. Esto refleja graves impactos en regiones como los Llanos Orientales. Por ejemplo, el año pasado, solo en Casanare, se presentaron más de 400 conflictos relacionados con el tema petrolero”, afirmó.

De acuerdo con esta lideresa, luego de tres años de industria petrolera no hay respuestas a la promesa fallida de desarrollo y progreso. Por el contrario, esta ha ido dejando a su paso una estela de miseria y pobreza en la población.