Senadores de la Comisión Quinta y asociaciones de usuarios exigieron al gobierno nacional soluciones contundentes al problema del servicio de energía eléctrica en la Costa Atlántica. La pobreza y un Estado indolente es lo que está matando a los caribes. Entre 2011 y 2013 se han presentado 91 muertes por electrocuciones. El modelo de privatizaciones en los servicios públicos solo ha registrado ganancias para Unión Fenosa.
En debate de control político al Ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta y a la Superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque, los senadores de la Comisión Quinta Daira Galvis y Jorge Enrique Robledo junto con representantes de usuarios y comunidades de la Costa Atlántica, abordaron el drama vivido por los usuarios de las empresas Electricaribe S.A. y Energía Social S.A. exhortando al gobierno nacional para que tome acciones contundentes en el corto y mediano plazo.
El Senador Robledo señaló que la problemática en la Costa Atlántica por el pésimo servicio de energía eléctrica está causando un pleito social de enormes proporciones. Las causas de la indignación son diversas: En la región las tarifas entre 2006 y 2010 subieron 12% por encima de la inflación, se concentra el 92% de la subnormalidad nacional, y las deudas de los ciudadanos son cada vez más cuantiosas, los más pobres deben a Energía Social S.A. más de 183 mil millones de pesos y del resto usuarios de la región adeudan cerca de 1,8 billones a Electricaribe S.A.
La forma como se mide el consumo de energía, es otra inconformidad, desde un contador para decenas de usuarios, estimaciones de los consumos, mediciones centralizadas muy cuestionadas por expertos, hasta la introducción de esquemas prepago para los más pobres. En cuanto a la calidad del servicio, son varias las evidencias: 91 ciudadanos han muerto electrocutados de formas inauditas entre 2011 y 2013, la región presenta el mayor número de cortes masivos y los peores indicadores de calidad del servicio.
Para el Senador del Polo, este modelo de privatizaciones y de libre comercio que se impuso en Colombia con la Ley 142 de 1994 ha permitido que en el servicio de energía eléctrica los privados y multinacionales ganen con el incremento en las tarifas, la poca inversión de infraestructura que después asume el Estado y los subsidios directos a los estratos mas bajos.
La privatización de las electrificadoras de la Costa Atlántica ahora en manos de la multinacional española Unión Fenosa ha aportado en el último año 246 millones de euros de su ingreso a nivel mundial, a expensas del maltrato a trabajadores y usuarios. Prueba de ello es Energía Social S.A., filial de Electricaribe S.A. que atendiendo a los más pobres obtuvo una utilidad neta en el último año de 22 mil millones.
Por último, el congresista reclamó del gobierno atención a los planteamientos de la ciudadanía en la revisión de las cuantiosas deudas, un consumo mínimo vital gratuito, el mejoramiento de la infraestructura y un trato digno a los usuarios. Robledo afirmó que el Polo Democrático es solidario con estos reclamos y respalda las propuestas de los usuarios. Y propuso que el gobierno se comprometa políticamente con un plan de salvamento para la Costa Caribe, con plazos y metas fijas, que apunte a que el servicio de energía eléctrica en esta región se equipare con el del resto del país.
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