Presentación
Son muchos los retos que tienen las mipymes para mejorar su competitividad. En particular en este estudio se analizará uno de los aspectos, el sistema impositivo y de manera específica el impuesto a la renta. El Consejo Privado de Competitividad afirma que contar con un sistema tributario equitativo, progresivo y eficiente, además de ser un mandato constitucional, es requisito para avanzar en un ambiente que propicie mayor competitividad, al generar estabilidad en las finanzas públicas e incentivar el desarrollo productivo del país.
ACOPI desde hace varios años ha enfatizado en la necesidad de contar con políticas públicas que incluyan medidas diferenciales y simplificación normativa como un mecanismo que considere las diferencias de desarrollo, y por tanto la capacidad de aportar a la economía local y nacional de las empresas. Siendo las mipymes el 99% del tejido empresarial se hace necesario que las políticas de desarrollo productivo y reglamentaciones sectoriales cuenten con este enfoque.
Hace algunos años un exministro de Hacienda afirmó que la tributación empresarial debía ser revisada porque “hay muy pocos que pagan mucho y eso tiene que ver con la tarifa del impuesto de renta: el 80% del recaudo lo paga el 1% de las empresas, es decir, cerca de 3.000 sociedades”, y en efecto es una situación de análisis las diferencias que existen en los ingresos, utilidades y por tanto las tarifas que se pagan en los diferentes segmentos empresariales.
Se estableció en este estudio que el índice de GINI medido por utilidad empresarial fue para 2022 del 0,95, que significa que somos un país altamente desigual a nivel empresarial, incluso mayor que en personas naturales. De las empresas declarantes de renta, que suman un tercio del total que cuentan con registro mercantil, tan sólo el 0,1% de estas empresas concentran el 56% de las utilidades fiscales de toda la malla empresarial.
Al analizar esta radiografía fue claro para el gremio que representa a las mipymes y promueve el desarrollo de la producción nacional, que se debía incluir progresividad en el impuesto a la renta en el país, a través de tarifas diferenciales que permitan, según el tamaño de cada empresa, contar con una tarifa diferencial en el principal impuesto empresarial del país.
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También fue objeto de estudio, y elemento fundamental para entender la relevancia de la propuesta del gremio, las diferencias entre la tarifa nominal y la tarifa efectiva que pagan las empresas. Mientras que una empresa grande en Colombia cuenta con una estructura que le permite realizar una planeación tributaria que se ajuste a sus necesidades, una pequeña o mediana empresa no puede hacerlo y paga una tarifa efectiva muy superior, lo cual lejos de contribuir a su crecimiento, disminuye su competitividad en el mercado.
Sumado al sistema tributario, hay otros elementos que han creado restricciones para las pymes colombianas, que se han agrupado en el llamado alto costo país. Significa que producir en Colombia resulta muy costoso, en parte, allí reside la razón por la que, por ejemplo, la General Motors toma la decisión de no continuar con la planta instalada en Colombia. Cuando se suman los costos logísticos, las altas tarifas de energía, las tasas de interés que han encarecido en costo del dinero y reducido la inversión, la implementación a ultranza de políticas de libre comercio que debilitan el sector productivo, entre otros asuntos que resultan en una desmejora del ambiente para hacer negocios en Colombia.
Revertir esta tendencia es una tarea principal del país, que se traduce en dos cosas. La primera, avanzar hacia un capitalismo con desarrollo de economía empresarial fuerte, que permita, la segunda, generar más y más riqueza.
