Investigación advierte consecuencias de explotar La Colosa, el máximo yacimiento de oro del país.
¿Permitimos o nos oponemos a la minería? A los habitantes de Cajamarca la pregunta se les atraviesa todos los días, los persigue, los atormenta. Se les cruza desde hace más de siete años, cuando sus montañas resultaron el centro de una enorme riqueza; cuando se dijo, algún mes de 2006, que el yacimiento más grande de oro de Colombia estaba en sus tierras. Justo ahí nació La Colosa, ese proyecto de exploración de Anglo Gold Ashanti (AGA), que no parece haber generado más que incertidumbres, enigmas y una infinita polémica. Controversia que hoy toma más fuerza con las advertencias y denuncias que hace un informe elaborado por la ONG inglesa Colombia Solidarity Campaign.
El documento, publicado hace poco más de una semana, lleva por título ‘La Colosa: una muerte anunciada’ y está dedicado a la memoria de Cesar García, el ‘Loco’, ese líder campesino, férreo opositor de la minería, que fue asesinado en un camino de herradura el 2 de noviembre. Las más de cien páginas de la investigación hacen un recuento de una serie de irregularidades que se han presentado en el municipio tolimense durante la fase exploratoria y, además, advierte los riesgos a los que está expuesto si llega a concretar la explotación.
Por ejemplo: que La Colosa, que sería la mina de oro más grande a cielo abierto de Suramérica, demandará más agua y electricidad que todo el departamento; que producirá más de cien millones de toneladas de escombros y que necesitará un dique de colas más alto que la torre Colpatria para almacenar residuos tóxicos. Eso sin contar que la multinacional sudafricana, tercer productor mundial del metal en la actualidad, tiene títulos mineros en zonas de páramos y áreas como la Cuenca de la Quebrada de Chorros Blancos, de donde se provee el acueducto de Cajamarca.
Títulos a los que, en el caso de los páramos, AGA renunció hace un par de años. Así, por lo menos, lo manifiesta Felipe Márquez, representante legal de la compañía. “Hay que aclarar —dice— que desde 2010 nadie puede tener títulos mineros en esos lugares y que, además, un título no es igual a una mina. Yo presenté una carta a la Agencia Nacional de Minería (ANM) diciendo que por favor recorte los títulos en zona de páramo y proceda a registrar la nueva geometría. Eso tarda un tiempo, no es automático. Pero eso es una responsabilidad de la ANM. Ya se renunció a los títulos en esas áreas, pero no todos se han registrado. Hay unos que tardan meses y otros tardan años”. (Vea también las respuestas de Anglo Gold Ashanti a los cuestionamientos del informe).
Para él la gran mayoría de las acusaciones de Colombia Solidarity Campaign “aunque respetables, provienen de fuentes equivocadas y tiene verdades distorsionadas”.
La más clara muestra de su aseveración está en pensar —como lo dice el informe— que el cambio de nombre de la multinacional —que llegó en 1999 como Kedahda y luego, en 2003, pasó a llamarse Anglo Gold Ashanti— fue una forma secreta de operar. “Eso —dice— es algo completamente normal y verlo de otra forma es verlo con mala intención. El nuevo nombre puede surgir de fusiones o de una estrategia de mercadeo”.
Estrategia que puede parecer habitual en estos casos. En Santurbán, por poner un ejemplo, hace un buen tiempo la canadiense GrayStar, al ver que manifestantes se volcaron a proteger su páramo, retiró la solicitud de licencia ambiental y pasó, desde entonces, a llamarse Eco-Oro.
Muy distinto a Márquez piensa Álvaro Pardo, experto en minería y director del portal especializado Colombia Punto Medio. “El documento —afirma Pardo, quien además hace parte del grupo de investigadores que contrató la Contraloría para estudiar el tema minero en el país— es muy próximo a la realidad. Refleja bastante bien el sentir de las comunidades y de algunas autoridades”.
La Colosa, un problema ambiental
Más allá de los cuestionamientos sobre cómo opera la compañía que más títulos mineros tiene en Colombia (404 en una extensión de 763.337 Ha y 625 solicitudes más que representan 865.649 Ha), lo realmente importante de este informe —“resultado de 108 entrevistas, análisis de documentos y que contó con la asesoría del experto internacional en minería Mark Muller”— es el estudio del impacto ambiental de La Colosa y de sus perspectivas de explotación que se traducen en un recurso inferido de 26,85 millones de onzas. El monto, palabras más palabras menos, hace referencia al metal que hay en el yacimiento.
Una de las principales advertencias del documento apunta al alto consumo de agua que será, mínimo, de 1.885.125 m3 por mes. Pero, según Márquez de AGA, “el consumo del recurso hídrico en un proyecto minero es muy bajo porque el bien final, en el caso del oro, no tiene contenido de agua. Ésta no desaparece, recircula. El mismo litro se está usando todo el tiempo. Entonces no se puede decir que en sesenta segundos usó sesenta litros de agua. Es decir que en un minuto usted utilizó el mismo litro sesenta veces. Lo que se pierde es lo que se evapora y se compensa con la lluvia o con lo que se toma de otra fuente”.
Tal afirmación, sin embargo, contradice el análisis hecho por los geólogos Mauricio Cabrera y Julio Fierro en el libro ‘Minería en Colombia’, que a principios de 2013 publicó la Contraloría. “Carl Brechtel, director del estudio sobre el proyecto La Colosa —se lee en el tercer capítulo—, afirmó que AGA considera que necesitará aproximadamente 1.0 metro cúbico de agua por segundo para procesar cada tonelada de mineral. Procesar una tonelada de mineral requerirá, entonces, anualmente 31,5 millones de metros cúbicos de agua (…) Y si se recircula el 60% del agua tomada, la huella del agua por gramo de oro sería de 464 litros. La empresa ha argumentado que la huella sería mucho menor, pero no se han remitido los estudios técnicos de soporte”.
Además de las advertencias sobre el tema hídrico otro problema se suma al cúmulo de incertidumbres: una producción de escombros que, de acuerdo a Colombia Solidarity Campaign, será de cien millones de toneladas.
“Esa roca, que nosotros llamamos el estéril —asevera Márquez—, es una piedra que se cambia de sitio sin hacerle ningún tipo de tratamiento. Usted levanta la capa vegetal de una zona, coge la piedra que le sirve y la que no la pone en otro lado. Luego restaura esa zona y vuelve a quedar exactamente igual”.
Pero para Sergio Gaviria, profesor de la Universidad Nacional con doctorado en suelos y geoquímica, el procedimiento no es tan simple ni tan sencillo. “El oro —explica— está en unas rocas que tienen minerales (como la pirita) con sulfuros. Y éstos, al estar expuestos a la atmósfera, se oxidan por el aire o por el agua, donde se genera lo que conocemos como agua ácida de minería”. ¿Las consecuencias? “Una intoxicación en los ecosistemas; si se libera ácido no vuelven a ser productivos”.
Posición que concuerda con lo advierte el libro de la Contraloría: “El drenaje ácido de la mina se da cuando la pirita (que en el caso de La Colosa es del 5%) se descompone por medio de la exposición al oxígeno y agua atmosféricos”.
“Esto, claro, es preocupante”, asegura Renzo Parra, líder de la comunidad e integrante del Comité ambiental de la defensa de la vida del Tolima. “Pero —continúa con voz firme y elocuente— hay un tema que nos causa mucha más inquietud: la posible construcción de un dique de colas que, dicen, va a ser el más grande del mundo”.
El dique es una estructura que se levanta para almacenar lo que queda luego de hacer la extracción de oro. “Y sí, hay un proyecto para construirlo, pero no es para acumular residuos tóxicos, como dice el informe. Es el producto resultante de cualquier proceso minero de este tipo, pero se pone encima de unas geomembranas que evitan el contacto con el suelo”, afirma Márquez.
El problema, para Álvaro Pardo, podría ser mucho más serio. De acuerdo a su explicación, en ese dique es donde se depositan las areniscas luego de ser molidas y mezcladas con mercurio. “El inconveniente es que con el tiempo, como ha pasado en algunos lugares, puede fracturarse y termina contaminando tierras y quebradas. Y el peligro es aún mayor, cuando la zona, cercana al volcán Machín, es una región de alto riesgo sísmico”.
Fue precisamente esa estructura, junto a la supuesta construcción de una planta de procesamiento, lo que hizo que en julio de este año el municipio de Piedras, cercano a Cajamarca, decidiera no permitir el ingreso de la multinacional minera a través de una consulta popular. Consulta histórica que hoy, como cuentan los pobladores, quieren extender a todo el departamento. “En enero se va a organizar un comité promotor para hacer uso de una herramienta constitucional que nos ayude a resolver los conflictos pacíficamente”, dice Renzo Parra.
¿Por qué? ¿Para qué? “Porque hoy la gente, a raíz del caso del ‘Loco’ y de un joven que murió en extrañas circunstancias, está preocupada y tiene miedo. Hay denuncias que aseguran que la fuerza pública hostiga a los habitantes”. Y, por supuesto, porque también quieren evitar que el proyecto La Colosa se expanda por todo el Tolima. Se expanda por, como asegura Gonzalo Reyes, líder de la comunidad “otros seis municipios, a parte de Cajamarca, donde se quiere explorar: Ibagué, Rovira, Coello, Flandes, San Luis y El Espinal”.
SERGIO SILVA NUMA
sersil@eltiempo.com
