“De todas las formas de desigualdad, la injusticia en salud es la más vergonzosa y la más inhumana porque con frecuencia causa la muerte”. Estas palabras de Martin Luther King pronunciadas en una conferencia de prensa el 25 de marzo de 1966 (ver en este ) tienen plena validez 55 años después respecto al sistema de salud en Colombia.
Los ministros de salud de la Ley 100 presentan una y otra vez como prueba de la bondad del sistema de aseguramiento, el que hoy se ha alcanzado una cobertura aproximadamente del 95% de la población. Sin embargo, estudios de organismos del propio ministerio han encontrado que el sistema no funciona bien. El Observatorio Nacional de Salud (2014) (ver en este ) concluyó que en el período 1998-2011, el 53% de las muertes “correspondieron a causas clasificadas como evitables”. El mismo informe establece que “La muerte evitable se define como aquella muerte que, dado los conocimientos médicos actuales y la tecnología, podría evitarse por el sistema de salud a través de prevención y/o tratamiento”. Han sido infructuosos los intentos por restarle importancia a esta investigación que dejó al descubierto que una de cada dos muertes, de un ser querido, de alguien conocido, o de cualquier colombiano, no ha debido ocurrir todavía porque no fue un desenlace natural o esperado luego de recibir atención oportuna y apropiada, sino causada por fallas del sistema.
Se cuenta con datos alarmantes en muchas áreas que demuestran la injusticia de haber establecido diferencias en los servicios prestados a las personas afiliadas a distintos regímenes de salud. Por ejemplo, al no autorizarse oportunamente los exámenes diagnósticos relevantes, se detecta más tardíamente el cáncer gástrico, y en consecuencia, se mueren en mayor número y fallecen en menor tiempo después del diagnóstico, los pacientes afiliados al régimen subsidiado que los afiliados al contributivo.
Ya es un lugar común admitir que la COVID-19 desnudó las debilidades del sistema de salud. Ciertamente, los 125.000 muertos no hablan bien del control de la pandemia. Pero además, en el último año y medio, se ha retrocedido en indicadores de salud pública que reflejan el desarrollo socioeconómico de un país. Es el caso de la mortalidad materna que en el primer semestre del 2021 aumentó en un 55.8% con respecto al mismo período en el 2020. El abandono de la prevención y la promoción de la salud por no ser un buen negocio para las EPS ha tenido un costo muy alto.
Injusto también sería atribuir esta situación a las clínicas y hospitales ya sean públicos o privados, o responsabilizar a los trabajadores y a los médicos y profesionales. Por el contrario, al igual que los pacientes, estos estamentos indispensables en la prestación de servicios también son víctimas del sistema vigente. La práctica habitual de las EPS de glosar las cuentas, de no pagar a tiempo para luego conciliar las deudas a su favor; el permitir que se contrate al personal a través de negociantes intermediarios; las auditorías, que en lugar de controlar la corrupción rampante, “amordazan” la autonomía médica; el retraso de los salarios por semanas y meses a los trabajadores y a los profesionales (llamados en la terminología oficial: talento humano en salud) son formas de maltrato y abuso del sistema de la Ley 100 contra las IPS y el personal de salud. Se podría decir, en términos de la antropología médica, que el sistema ejerce una violencia estructural sobre las instituciones y trabajadores que le son esenciales.
“No veo alternativa a… elevar la conciencia de la nación” advirtió Martin Luther King en la rueda de prensa citada al comienzo. En Colombia hoy, es urgente elevar la consciencia sobre las injusticias de un sistema de salud que debe reformarse.