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Mario Alejandro Valencia, subdirector de Cedetrabajo. Twitter: @mariovalencia01

Bogotá, 20 enero de 2014.

Entre julio y agosto de 2013, miles de pequeños mineros nacionales salieron a las carreteras a expresar su descontento frente a la política minero-energética de Juan Manuel Santos.

A pesar de los costos personales, familiares y económicos que significaron cesar su actividad durante más de un mes, éste fue el único camino que tuvieron para ser escuchados, por un gobierno que prometió defender y trabajar en favor de sus habitantes. Sus reclamos, en un país verdaderamente democrático, habrían sido increíblemente ridículos: buscan que el Estado reconozca el trabajo que han realizado por décadas;quieren este reconocimiento, no para evadir a la autoridad,como sí lo hacen las transnacionales –hoy en el ojo del huracán-, sino todo lo contrario: para pagar impuestos, regalías, acogerse a las normas ambientales del país, cumplir con requisitos técnicos y laborales. La respuesta oficial es más asombrosa: el gobierno no lo quiere.

Tras el acuerdo para levantar el paro, se creó una Mesa de Concertación entre diversas entidades del gobierno involucradas en la problemática: ministerios de minas, ambiente, defensa, trabajo, interior, y Conalminercolen representación de los pequeños mineros. Otras similares se instalaron para Chocó, Cundinamarca y Boyacá. Después de cuatro sesiones de trabajo,  donde los mineros han llevado propuestas serias y viables, el avance es cero, ante la ausencia total de voluntad política gubernamental para resolver un problema que amenaza con ahondarse.

¿Por qué? ¿Qué lleva a un Estado a desconocer a ciudadanos que han realizado una actividad económica como la minería, de manera repetida, como costumbre y tradición de comunidades enteras? ¿Qué lo motiva a estigmatizarlos y a poner trabas para impedir su formalización? “La respuesta es Colombia”, como el eslogan país que busca vender nuestras riquezas en el extranjero, como una tienda en liquidación.

Santos prometió defender la política de Confianza Inversionista y lo cumplió con nota sobresaliente. Lo anterior significó asumir un oneroso compromiso, en términos de titulación minera, con empresas extranjeras que llegaron para quedarse a pesar de sus actuaciones y con otras que hacen fila para ingresar. Como consecuencia, buena parte de las zonas en donde los mineros colombianos trabajanfueron entregadas a las transnacionales.

En lugar de reconocer la equivocación, el Estado profundizó su actuación contra los afectados, hasta el punto de expedir un decreto -el 2235- que legaliza la arbitrariedad y la injusticia, permitiendo la destrucción de maquinaria sin presunción de inocencia y derecho al debido proceso. En el artículo 106 del Plan Nacional de Desarrollo de Santos, también quedó consignada esta infamia.

Para resolver el problema de fondo, durante las negociaciones se ha propuesto eliminar este decreto.Un gobierno democrático no puede actuar contra los criminales que hacen minería o zapatería o panadería, poniéndolos en el mismo costal que a los mineros de tradición que el propio Estado ha impedido formalizarse. Santos tampoco tiene interés en reconocer la piñata de títulos mineros como un obstáculo,cuya solución es respetar la tradicionalidad de los mineros nacionales por encima de la voracidad de las transnacionales. Es evidente que le interesa más el qué dirán los inversionistas, que el bienestar de su pueblo.

Aunque la solución no es fácil, ayudaría mucho tener a un gobierno con voluntad política para alcanzarla. En la actualidad, deliberadamente las negociaciones se paralizan por una aparente desconexión al interior del mismo gobierno, cuando en realidad existe una unidad de criterio para que la gran minería transnacional sí avance y con ella la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales.

Lo cierto es que mientras Santos sea presidente, los mineros nacionales estarán condenados, como el mito de Sísifo, a subir por una montaña -una y otra vez- una pesada piedra sobre sus cabezas, solo para ver cómo el gobierno la rueda nuevamente cuesta abajo, impidiendo que Colombia por fin tenga una política minero-energética que beneficie el interés general del país. De los verdaderos demócratas depende cambiar esta situación en las próximas elecciones.