Juan Pablo Fernández Marín
Desde que Myles Frechette fuera embajador de Estados Unidos en Colombia, al país se le venía exigiendo eliminar de su legislación petrolera la obligatoriedad para las empresas extranjeras de asociarse con Ecopetrol con miras a adelantar exploración y explotación de crudo y gas. El Decreto Ley 1760 de 2003 retornó al antiguo contrato de concesión, forma jurídica que sirvió de base para la explotación de las Concesiones de Mares y Barco, famosas por expresar el colonialismo en materias petroleras.
Desde el gobierno de César Gaviria, el contrato petrolero ha sido objeto de diversas modificaciones, todas dirigidas a reducir la participación estatal en la renta petrolera. En los nuevos contratos que autorizan la extracción de petróleo o de gas, al Estado le queda de la renta petrolera el 50 por ciento, en el caso más optimista, aun cuando antes llegaba a casi el 90. En el caso del gas, el gobierno decidió extender la asociación con la trasnacional Texas hasta el agotamiento de los pozos de La Guajira, a pesar de que la Nación podría ser su dueño absoluto a partir de 2003. En la distribución minorista del gas, el Estado renunció a participar de un negocio de tan importante trascendencia. Y en los nuevos contratos de suministro de gas domiciliario, se están negociando precios que a las trasnacionales de la cadena gasífera les significan altísimos réditos a costa de altas tarifas para los usuarios.
Con el neoliberalismo, el negocio del gas en Colombia se convirtió en uno de inmensas ganancias para los privados y decayente participación para el Estado y en una fuente de exacción para las clases populares.
Juan Pablo Fernández Marín
En esta ocasión nos acompañará Juan Pablo Fernández, economista, investigador de Cedetrabajo, integrante del comité de redacción de la revista Deslinde y, miembro de la unidad legislativa del senador Jorge Enrique Robledo.
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