Introducción

Este informe ofrece un análisis exhaustivo sobre la situación de las mujeres en Colombia y su impacto en el desarrollo económico del país.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el documento trasciende las celebraciones para abordar las condiciones laborales, la participación en la sociedad y la lucha por la igualdad de género.

Se evidencia que el rezago en el desarrollo productivo de Colombia, caracterizado por la debilidad económica y la inequidad social, afecta de manera desproporcionada a las mujeres. A pesar de los avances, persisten barreras significativas en la participación laboral, la brecha salarial y el acceso limitado a oportunidades de crecimiento. Además, la carga de cuidado no remunerado y la falta de acceso a servicios básicos perpetúan la desigualdad de género y la pobreza femenina.

El informe destaca la relación entre la deuda externa, la política fiscal y la equidad de género. La alta carga de deuda pública y las políticas fiscales regresivas impactan negativamente en las mujeres, limitando su acceso a servicios públicos y recursos económicos. La falta de inversión en sectores clave como la ciencia, la tecnología y la innovación agrava aún más la situación, obstaculizando el desarrollo económico inclusivo y la participación de las mujeres en la fuerza laboral.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el Plan Nacional de Desarrollo presenta desafíos en la implementación de políticas efectivas para la igualdad de género. La falta de recursos, la incoherencia en las políticas públicas y la falta de participación de las mujeres en el diseño y la ejecución de programas limitan el progreso hacia la equidad de género.

El informe concluye resaltando la necesidad de políticas fiscales sensibles al género que aborden las desigualdades estructurales y promuevan la inclusión económica de las mujeres. Se destaca la importancia de invertir en servicios públicos de calidad, fortalecer la protección social y garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo, centrado en las necesidades y derechos de las mujeres, se podrá lograr un desarrollo económico sostenible e inclusivo en Colombia.

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8 de marzo: Más allá de las celebraciones.

El Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, tiene raíces en las manifestaciones de mujeres trabajadoras a principios del siglo XX, que buscaban mejores condiciones laborales y el derecho al voto. Este día conmemora la lucha histórica por los derechos de las mujeres y su participación en la sociedad. Más allá de ser una fecha donde el consumismo se dispara con la compra de flores y serenatas, el 8 de marzo es una oportunidad para reivindicar la lucha de las mujeres y abrir camino en la conquista de derechos y la igualdad de género.

Existe una conexión directa entre las condiciones de las mujeres y los problemas del desarrollo productivo, la generación de recursos, la gestión del gasto público y el pago de la deuda. Sin un aumento en la producción, será imposible satisfacer las necesidades de las mujeres. Un Producto Interno Bruto per cápita apenas superior a los US$6.000 evidencia la debilidad de la economía, la cual determina las carencias en infraestructura y empleo.

Colombia enfrenta un serio rezago en su desarrollo productivo, caracterizado por un declive en la producción agrícola e industrial. Este declive se ve agravado por un sistema político fundamentado en el clientelismo y la corrupción, lo que arroja consecuencias sociales notables en términos de desigualdad, pobreza y discriminación.

Este rezago ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, quienes enfrentan barreras adicionales en el acceso a recursos y oportunidades económicas debido a estructuras sociales y culturales arraigadas. Además, ha contribuido al desmantelamiento o debilitamiento de numerosas instituciones y programas que han tenido un impacto positivo en la mejora de las condiciones sociales, incluyendo aquellas dirigidas específicamente a promover la garantía de los derechos de las mujeres.

A pesar de los avances en las últimas décadas, las mujeres siguen enfrentando desafíos significativos en su participación laboral. Estos desafíos incluyen el acceso limitado a empleos, la sobrecarga de labores de cuidado no remunerado, la persistente brecha salarial y la falta de oportunidades de ascenso. Estas barreras no solo afectan a las mujeres a nivel individual, sino que también tienen un impacto negativo en la economía en su conjunto.

Más de 18 millones de colombianos se encuentran atrapados en las garras de la pobreza, una realidad que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Según las cifras del DANE para el año 2022, 10,2 millones de mujeres estaban en condiciones de pobreza monetaria, lo que representa un alarmante 55,7% del total de personas en esta situación. Es decir, más de la mitad de las personas que no cuentan con los recursos, bienes y servicios mínimos necesarios para una vida digna son mujeres.

Mujeres frente a la deuda externa: Un enfoque necesario.

El Estado, para financiar sus funciones y proyectos, requiere de recursos económicos. Cuando no cuenta con suficientes ingresos propios, como los provenientes de impuestos, se ve en la necesidad de obtener financiación externa a través del endeudamiento.

Cabe destacar que uno de los tipos de acreedores de Colombia son las organizaciones multilaterales. Estas instituciones están formadas por varios gobiernos, como las grandes instituciones financieras internacionales (IFI), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM). También incluyen organizaciones de desarrollo regional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. Cualquier deuda adquirida con una institución multilateral se considera deuda externa. (Latindadd, 2024)

El presupuesto para el primer año de gobierno (2023) se fijó en $405,6 billones de pesos, lo que representa el 27,7% del PIB. De este presupuesto, $99,3 billones se destinaron a inversión, $308,7 billones de pesos a funcionamiento y $94,5 billones de pesos al servicio de la deuda, sin embargo, el presupuesto de inversión solo se ejecutó parcialmente, lo cual incidió en el mal comportamiento de la economía durante 2023.

Es importante destacar que el 20% del Presupuesto General de la Nación se destina al pago del servicio de la deuda. Esto reduce el espacio fiscal disponible para otras inversiones y programas sociales.

La deuda pública, especialmente la deuda externa, representa una gran problemática para Colombia. No solo implica el pago de altos intereses anuales, sino que también conlleva que la respuesta política inicial sea recortar el gasto social en servicios que el Estado está obligado a garantizar, como salud, educación, cuidado e infraestructura social.

Además, lo poco que se mantiene en funcionamiento suele estar sujeto a las condiciones y «recomendaciones» de los organismos multilaterales en cuanto a la política fiscal, lo que incluye la implementación de políticas de austeridad como las planteadas por el actual gobierno.

La falta de acceso a servicios públicos esenciales como la salud, la educación y el cuidado tiene un impacto directo en las familias colombianas. Esto aumenta las horas de trabajo no remunerado, especialmente para las mujeres, y obliga a los hogares a endeudarse para acceder a servicios privados.

Según un informe de la OCDE, las mujeres colombianas dedican en promedio 22 horas semanales más a tareas no remuneradas que los hombres. Aunque algunas iniciativas proponen redistribuir las responsabilidades de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres, sin la creación de empleo y el fortalecimiento de infraestructuras e instituciones públicas, la carga de las responsabilidades del Estado seguirá recayendo sobre las familias. Esto dificultará la mejora de su situación socioeconómica.

En un reciente informe del Banco Mundial, se encontró que la mayor parte del cuidado que dedican las mujeres está en el cuidado infantil. La falta de institucionalidad, por ejemplo, la inexistente implementación del preescolar en tres grados o el fortalecimiento adecuado del ICBF, hace que las mujeres tengan una sobrecarga de 2,4 horas al día más que los hombres desempeñando estas labores. Esto hace que sea más difícil para las mujeres vincularse al mercado laboral.

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Otra muestra de los recortes indignantes que obstaculizan el progreso del país es la falta de inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Si se desarrollara este sector, se podría potenciar la participación de las mujeres en la innovación y el desarrollo del proyecto de país, lo que evitaría la fuga de cerebros.

Colombia requiere una apuesta firme por la CTI. Sin embargo, el presupuesto asignado a este sector se encuentra en las últimas posiciones de prioridad, El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) tendrá a su disposición menos de 120 millones de dólares anuales en 2024. Esta cifra es apenas la décima parte del presupuesto de una universidad de investigación en países desarrollados, como Estados Unidos, Europa o Asia.

La justicia fiscal para la equidad de la mitad del cielo.

La política fiscal, es esencial para el desarrollo de un país, se compone de dos pilares fundamentales: la política de ingresos y la política de gastos. La primera se ocupa de la recaudación de recursos necesarios para el funcionamiento estatal, mediante diversos mecanismos como impuestos, tasas y contribuciones. Por otro lado, la política de gastos se encarga de administrar y distribuir los recursos públicos a través del presupuesto, reflejando las prioridades gubernamentales en inversión y gasto social.

Es clave hacer énfasis en los impuestos indirectos aquellos que se pagan al consumir bienes o servicios, y ya están incluidos en el precio final. Un ejemplo de este tipo de impuesto es el IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Estos impuestos son regresivos, ya que afectan de manera más significativa a los grupos de menores ingresos. Esto se debe a que se aplican de forma uniforme a todos los consumidores, sin tener en cuenta su capacidad de pago. En otras palabras, las familias pagan por productos básicos como el azúcar, el pan, el café o cualquier otro alimento, el mismo porcentaje de impuesto, independientemente del nivel de ingresos.

En Colombia, la política fiscal de los últimos años ha impactado negativamente a la población, especialmente a las mujeres. Esta situación se relaciona con los desequilibrios macroeconómicos y los desajustes fiscales que enfrenta el país.

Las medidas tomadas para solucionar estos problemas, como el aumento de la carga impositiva a través de impuestos indirectos, el alza de los servicios públicos y la reducción del gasto público mediante la Regla Fiscal, han tenido un efecto regresivo. Es decir, han afectado en mayor medida a los sectores más vulnerables de la población, como las mujeres, que tienen menores ingresos y menos oportunidades de acceso a servicios básicos.

En la reforma tributaria de 2016 se aplicó la tarifa más alta del IVA (19%) a productos de gestión menstrual como toallas higiénicas, tampones y copas menstruales. Esta medida fue considerada sexista por muchos, ya que estos productos son de uso exclusivo de las mujeres.

En respuesta, un grupo de mujeres se organizó y creó la campaña «Menstruación Libre de Impuestos». Gracias a su activismo y a la presión social, la Corte Constitucional de Colombia eliminó el IVA a estos productos en 2018.

La eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual en Colombia en 2018 fue un avance significativo para la igualdad de género. Sin embargo, persiste el desafío de garantizar un acceso asequible a estos productos para todas las mujeres.

En 2023, el DANE reveló que 4.3 millones de mujeres en Colombia (1 de cada 7) reportaron dificultades económicas para adquirir productos de gestión menstrual. Esta cifra evidencia la necesidad de medidas adicionales para asegurar que todas las mujeres tengan la posibilidad de cubrir esta necesidad básica de higiene y salud.

Colombia se enfrenta a una profunda desigualdad en la distribución de los ingresos. El índice de Gini de 0.55 en 2020 indica una alta disparidad, con el 10% más rico concentrando el 35% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre sólo recibe el 1.7%. Esta situación, persistente durante décadas, ha generado una amplia brecha económica, polarización de ingresos y dificultades para combatir la pobreza.

Las causas son complejas e incluyen un mercado laboral informal, concentración de la tierra y la riqueza, acceso desigual a la educación y la salud, y falta de políticas públicas efectivas.

Un nuevo golpe: El alza en la gasolina profundiza la dificultad de acceso a la canasta familiar.

El constante aumento en el precio de la gasolina y el ACPM se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la economía colombiana. Su impacto se extiende por diversos sectores, golpeando directamente el bolsillo de los ciudadanos y la competitividad del país.

Las repercusiones se extienden al sector del transporte de alimentos y otros productos esenciales. El alza en los precios del ACPM, utilizado por la mayoría de los vehículos de carga, se traduce en un aumento en los precios finales de los productos de consumo diario. Esto afecta de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a la alimentación.

Según el DANE 2021. Más de la mitad de los hogares colombianos se ven obligados a vender sus bienes para poder comer, mientras que un cuarto de la población no puede permitirse tres comidas al día, Las mujeres jefas de hogar, especialmente las de los estratos más bajos, son las más afectadas por la pobreza y el alza en la canasta familiar.

De hecho, el 49% de las mujeres jefas de hogar pertenecen a los estratos 1 y 2, lo que significa que viven en condiciones de pobreza. Ser jefa de hogar no implica necesariamente estar vinculada al mercado laboral, lo que limita aún más las posibilidades de salir adelante.

Antes de la pandemia, la economía ya mostraba signos de debilidad. El desempleo venía creciendo, el crecimiento económico era muy lento y en el 2019 ya se observaban resultados bastante negativos. Entre 2015 y 2019, el desempleo femenino creció cerca de 1.9 pp, mientras que para los hombres esta variable fue de 1.5 pp.

Dado que el empleo de las mujeres se concentra en mayor medida en la informalidad (representando el 60% de este sector), este tiende a ser más elástico y volátil. Por esta razón, el desempleo en las mujeres se disparó con el choque de la pandemia.

Las mujeres, al estar sobrerrepresentadas en trabajos inestables, mal remunerados y no cualificados, con una menor protección frente a la seguridad social, suelen ser más impactadas en estos choques económicos. Es por ello que la tasa de desempleo suele tener un mayor impacto en ellas que en los hombres, siendo el comportamiento de los indicadores de empleo mucho más estable para ellos.

Un Plan Nacional de Desarrollo ambicioso con las mujeres ¿se quedará solo en el papel?

En la década de los 90, la política social planteaba cerrar las brechas de desigualdad con programas de empleo, educación, salud y enfoque en la familia, niñez y nutrición. El objetivo era corregir los desequilibrios en la demanda laboral y la regresividad del gasto público. En el siglo XXI, la política social se ha centrado en la focalización de transferencias monetarias y programas de asistencia para llegar a las poblaciones más vulnerables.

El actual Plan Nacional de Desarrollo (PND), bajo el título «El cambio es con las Mujeres», presenta una apuesta ambiciosa por la igualdad de género. Cinco objetivos conforman este apartado, buscando un cambio estructural para las mujeres desde una perspectiva alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con el ODS 5: Igualdad de género.

De acuerdo con los indicadores de primer nivel en el PND y las metas propuestas para el cuatrienio, se percibe que algunos de estos indicadores no serán alcanzados en su totalidad. A pesar de que han transcurrido casi dos años desde la elección del gobierno de Gustavo Petro, no se ha registrado un avance contundente más allá de los escándalos y vaivenes en su gabinete gubernamental.

La línea base, es decir, los puntos de partida, fueron establecidos por el gobierno anterior, que en 2021 se comprometió a asignar COP $5.4 billones para alcanzar las siguientes metas, alineadas con los indicadores de equidad de género: 1. Autonomía económica y acceso a activos; 2. Participación en los escenarios de poder y toma de decisiones; 3. Salud y derechos sexuales y reproductivos; 4. Educación y acceso a nuevas tecnologías; y 5. Mujer libre de violencias.

En el actual plan de gobierno, los objetivos centrales mantienen las mismas categorías que el anterior, con la adición de tres aspectos destacados. Por un lado, se incluye la creación del Sistema Nacional de Cuidado, liderado por el Ministerio de la Igualdad, que inicialmente estaba centrado en las mujeres, pero ahora abarca a más de 17 grupos poblacionales. Y funciona con un paupérrimo presupuesto de 500.000 millones de pesos.

El 80% de la formulación del documento de la política pública del cuidado estará lista próximamente. Sin embargo, será necesario ejercer control político sobre esta propuesta, que podría ser prometedora si se vincula con iniciativas para integrar de manera seria a las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, al mercado laboral, y si se fortalece la institucionalidad mediante inversiones adicionales.

De lo contrario, existe el riesgo de repetir lo sucedido con el sistema distrital de cuidado, que, aunque innovador, necesita ser reformulado para tener un impacto real en las aproximadamente 1.2 millones de mujeres en la ciudad que están involucradas en estas tareas de cuidado. En la administración de Claudia López, solo se registró un impacto en 400.000 mujeres.

Preocupa observar que, hasta el momento en este gobierno, la coherencia en la garantía de los derechos en salud plena para las mujeres y una vida libre de violencias contra ellas se ve cuestionada por la falta de actualización de la política de derechos sexuales y reproductivos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Aunque en este plan se propone la formulación e implementación de una política de derechos sexuales con un enfoque intersectorial e integral, aún no se han realizado las acciones necesarias para llevarla a cabo y no se ha establecido una fecha concreta para su pronta implementación.

Ante el aumento de feminicidios: ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Igualdad?

Por otro lado, este año ha comenzado con un aumento alarmante de la violencia en los dos primeros meses de 2024. Más de 20 mujeres han sido víctimas de feminicidio, dos de ellas menores de edad según Medicina Legal. Sin embargo, las medidas adoptadas por el Ministerio de la Igualdad han sido prácticamente nulas. Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Ministerio de Igualdad y Equidad informar sobre las acciones emprendidas para garantizar los derechos de las niñas y mujeres a una vida libre de violencias y prevenir el riesgo de feminicidio. Este compromiso requiere acciones inmediatas frente al preocupante aumento de la violencia contra la mujer en el país al inicio de este año.

Sin embargo, para el año fiscal 2024, el Ministerio de la Igualdad cuenta con un presupuesto de $1.3 billones, de los cuales se ha ejecutado un total de $937 millones hasta el 29 de enero, lo que equivale al 0.07% del total presupuestado. A esta altura del año, se esperaría que se hubieran ejecutado alrededor de $108 mil millones. Sin embargo, de este 0.07% no se ha invertido nada en prevención, educación ni en políticas concretas para garantizar los derechos de las mujeres. Por el contrario, se destinó una considerable suma de $231 millones mensuales para el mantenimiento de sus instalaciones. 

Enfoques para una política fiscal sensible al género

Finalmente, la experiencia acumulada de los gobiernos anteriores sugiere que lo primordial no es consolidar políticas públicas que se ajusten a los planes y recomendaciones de los organismos multilaterales.

Este punto queda evidenciado en el último eje del Plan Nacional de Desarrollo (PND): «Hacia una política exterior feminista con liderazgo del país en temas de género y transversalización del enfoque de género en la política bilateral y multilateral». Sin embargo, la participación de las mujeres en el diseño de políticas públicas con enfoque de género sigue siendo limitada, lo que resulta en una falta de articulación entre la sociedad civil y los tomadores de decisiones. Como resultado, es poco probable que los planes, programas y proyectos implementados en el futuro sean lo suficientemente adecuados para abordar la problemática

La existencia de un sistema económico sostenible es un pilar fundamental para la implementación de una política fiscal sensible al género. Si la presión fiscal es baja, la dependencia de la renta petrolera es alta y el porcentaje de deuda es elevado, el gasto público será insuficiente para proveer el bienestar necesario a la sociedad. En este contexto, las mujeres, que ya se encuentran en una situación de desventaja económica, se verán aún más afectadas.

Un sistema tributario regresivo que solo protege al percentil más rico de la población también es un obstáculo para la reducción de la desigualdad de género. Este tipo de sistema, en el que las personas con menores ingresos pagan una mayor proporción de sus impuestos, afecta de manera desproporcionada a las mujeres, que suelen tener menores ingresos que los hombres.

La política fiscal es un poderoso instrumento de política económica que puede influir significativamente en la ampliación o reducción de las brechas de desigualdad social. Es esencial comprender que las políticas fiscales pueden tener un impacto directo en la vida de las mujeres, especialmente cuando se trata de su acceso a diversos espacios y oportunidades. Por ejemplo, medidas como la provisión de servicios públicos de calidad, como guarderías y centros de cuidado infantil, pueden facilitar que las mujeres participen plenamente en la fuerza laboral y en otros ámbitos de la sociedad.

Cite este informe así:

Centro de Estudios del Trabajo – Cedetrabajo; Rojas Montenegro, H. (2024). Equidad de género y desarrollo económico: El papel clave de las mujeres trabajadoras desde la perspectiva del 8 de marzo.