En forma similar al arranque neoliberal de comienzos de los noventas, la administración de Uribe ha comenzado su mandato proponiendo una agresiva reforma laboral. Después de la Ley 50 de 1990, aprobada con el pretexto de acabar el desempleo pero que en realidad lo agudizó, los últimos dos gobiernos han insistido en una nueva reforma que convierta en ley de la República la informalización del trabajo y el deterioro de las condiciones laborales. El empeño de los tecnócratas globalizadores por abaratar el costo de la mano de obra no tiene medida y entre sus sueños más caros está que nuestro país se convierta en un paraíso de la industria de ensamblaje y que los escasos productos básicos que exportamos compitan con la única ventaja de producirlos con una mano de obra sin garantías y con salarios de hambre. El presente artículo analiza el significado de esta flexibilización laboral.
