En aproximadamente 200 años, desde cuando Heinrich Merck inició la producción industrial de quinina y morfina, las compañías farmacéuticas se convirtieron en enormes corporaciones multinacionales y en avezados jugadores en la economía global. Las 10 mayores farmacéuticas del mundo en el año 2020 sumaron ingresos por más de 359 mil millones de dólares. A su poder económico le suman un enorme poder político. En los Estados Unidos, por ejemplo, las farmacéuticas participaron y definieron el rumbo de la reforma de la salud de Obama y más recientemente, aunque contribuyeron a las finanzas de todos los candidatos demócratas a la presidencia, lanzaron una campaña contra la decisión de Biden de apoyar la propuesta de India y Suráfrica en la Organización Mundial del Comercio de no aplicar las normas de propiedad intelectual para las vacunas Covid-19 que les garantizan el monopolio de su producción y les permiten fijar y negociar precios exorbitantes.
Previamente a la pandemia, la mediana del precio para todo tipo de vacunas no COVID pagado por los países en desarrollo era, según la Organización Mundial de la Salud de US$ 0.80. La emergencia de la COVID-19 creó el mercado siempre soñado por los productores y comercializadores de vacunas y potenció la vocación de las grandes farmacéuticas por los precios de monopolio y por las altas tasas de ganancia para sus accionistas y el pago a sus directivos (Albert Bourla, CEO de Pfizer recibió de su compañía, pagos por 21 millones de dólares en 2020). La industria no ha revelado estos datos, pero según reporta OXFAM, de acuerdo con análisis computacionales realizados por ingenieros del Imperial College, el costo de producción de la vacuna de Pfizer sería de US$1.18 y el de Moderna de US$ 2.85.
En este contexto, ¿cómo explicar que el gobierno de Duque compró las dos dosis de Pfizer a US$ 24, mientras que la Unión Europea las pagó a US$ 18.6? La respuesta requiere entender cuáles han sido las dos posturas asumidas por los gobiernos de la ley 100 frente a los absurdos sobreprecios de los medicamentos que imponen las multinacionales, a saber: 1) la desregulación y total libertad de precios que reinó durante las primeras dos décadas del sistema de salud establecido en 1993, que condujo a que Colombia pagara los precios de medicamentos más altos en América Latina. 2) Las medidas de control de precios, implementadas principalmente por el Ministro de Salud Alejandro Gaviria y que a la postre, según varios estudios, incluso uno de su autoría (), no solucionaron el problema de fondo: el de los gastos en salud y la sostenibilidad financiera del sistema, toda vez que aunque hubo un ahorro para la nación en algunos grupos de medicamentos, los gastos totales no se redujeron, entre otras razones, porque se compraron mayores cantidades. Las multinacionales una vez más alcanzaron sus metas manteniéndose fieles a la sencilla formula Ingresos = Precio x Cantidad. En 2018, Colombia importaba aproximadamente el 50% de los medicamentos para cubrir sus necesidades y ocupaba el cuarto lugar como nicho de mercado de Big Pharma en Latinoamérica.