Por José Jaime Padilla Olivella | CEDETRABAJO – Valledupar (Cesar)
Se viene gestando una especie de oposición del sector minero en el Departamento del Cesar y el país en contra de la reforma tributaria. Una preocupación generada principalmente porque en dicha reforma que paso su primer asalto en el congreso se plantea que las regalías no se descuenten del impuesto de renta. Medida que expertos consideran antitécnica porque de esta manera pasarían a ser un gasto. Lo que aumentaría el recaudo a cargo de las mineras. Esto sumado a la propuesta de unas sobre tasa del 10% al impuesto de renta parece tener preocupados al sector.
Es indiscutible la importancia que tienen los ingresos provenientes del sector minero energético el cual se cree aportará para el año 2022 la suma de 69 billones de pesos entre impuestos y regalías. Esto gracias a los buenos precios internacionales de productos como oro, carbón y níquel (https://acortar.link/CB5XC5). Eso debe llevar al gobierno a ser muy cuidadoso en el tratamiento tributario del sector. Lo que no significa que dichas empresas en su mayoría multinacionales puedan o deben actuar sin ninguna responsabilidad frente a las necesidades de desarrollo del país.
No es adecuado justificar una medida como la que pretende esta reforma tributaria con el argumento de desincentivar al sector para seguir impulsando la denominada “transición energética” (https://acortar.link/vZ1ZG2). Pero estas multinacionales tampoco deben chantajear con la amenaza de que si les toca tributar más se irían del país como insinúan varias. Mucho menos poner a sus trabajadores a defender sus intereses y usar a la clase política a vociferar sobre el tema sin asumir su responsabilidad ambiental, laboral, económica y tributaria.
El gobierno debe ser sensato en el sentido de plantear una transición energética que sea “justa” y no un salto al vacío que acabe con una de nuestras principales fuentes de ingresos. Así mismo las multinacional y empresas del sector deben entender sus responsabilidades y asumirlas. La transición justa debe escuchar todos los sectores, interpretar adecuadamente nuestra realidad económica, comprender el papel que jugamos como país en la huella de carbono en el mundo donde somos realmente insignificantes frente a las grandes potencias económicas.
Dejar de producir carbón, petróleo o gas en un país como el nuestro seria catastrófico. Porque nuestra economía depende de los ingresos que de esa actividad se derivan. Y si lo que se quiere con la reforma tributaria es incentivar que estas actividades desaparezcan es un craso error. Lo que no puede entenderse como un respaldo para que las mineras hagan lo que quieran y que no asuman las responsabilidades que le corresponden con: el cuidado del medio ambiente, protección de sus trabajadores, compensación a las comunidades y con la tributación justa que debe tener el sector minero.
El Departamento del Cesar no va a ser una parranda sin acordeón en caso de que se vayan las mineras de este territorio como lo insinúa un representante a la cámara (https://acortar.link/tltSil). Porque si eso sucede estaríamos obligados a desarrollar otro sector económico como el agropecuario. Sin embargo, hay que ser consciente que eso no se logra de un día para otro. Una medida tributaria injusta contra las productoras del carbón, petróleo o gas que termine desincentivando a corto plazo esa actividad representaría un duro golpe a los ingresos que perciben el mismo Estado. Esto por cuenta de contribuciones y regalías que se perciben que no son menores. Lo que significaría más hambre y mucha más pobreza para territorios productores de hidrocarburo como Cesar y Guajira.
La solución puede estar en un dialogo franco entre el gobierno y empresa productoras incluidas las multinacionales, en donde “todos pongan” presentando una propuesta justa a las necesidades del desarrollo del país y sus territorios. Sin chantajes ni presiones. Si las empresas mineras tienen grandes utilidades, contaminan el medio ambiente, afectan comunidades, estas acciones deben ser compensadas con una tributación justa. El gobierno debe entender por su parte que si no hay transición productiva dependemos de esos ingresos. Por tal razón es un muy mal mensaje plantear que en Colombia se deben acabar de tajos las actividades de extracción de hidrocarburos, sin tener de donde remplazar esos ingresos.
